50 de los 74 amnistiados por el 1-O son policías

BarcelonaEste jueves hará un mes que el Boletín Oficial del Estado publicó la aprobación de la ley de amnistía. Desde entonces, se han beneficiado 74 personas, 46 de las cuales son policías nacionales y cuatro mossos d'esquadra, según recoge el ACN. Más allá de los agentes policiales, se ha amnistiado el exconseller de Interior Miquel Buch y el mozo que contrató como asesor mientras hacía de escolta de Carles Puigdemont en el exilio, y otros veinte amnistiados son manifestantes investigados o condenados por altercados en Barcelona.

La gran mayoría de las personas a las que ya se les ha aplicado el olvido penal han sido amnistiadas en los tribunales de Barcelona, ​​mientras que en Girona sólo se ha amnistiado dos personas —la exalcaldesa de Figueres Marta Felip y uno secretario municipal de Hostalric— y los tribunales de Lleida y Tarragona no han amnistiado todavía a nadie. Sin embargo, la mayoría de casos abiertos contra los líderes del Proceso se dirimen a los altos tribunales de Madrid y, aunque han amnistiado algunos delitos, muchos procesados ​​mantienen todavía alguna causa o parte de alguna pendiente de amnistía (es el caso, por ejemplo, de la malversación a los miembros del gobierno del 1-O).

Seis de los manifestantes amnistiados habían participado en los altercados de enero del 2018 ante el Parlament durante la investidura fallida de Carles Puigdemont, y otros siete por las movilizaciones posteriores a la sentencia del Supremo sobre el 1-O, los 3 de Granollers por disturbios en la capital del Vallès Oriental, y un investigado por tenencia de explosivos durante el consejo de ministros en Barcelona en diciembre del 2021.

En un mes la norma debería haberse aplicado a todos los afectados porque la ley prevé que en un plazo máximo de dos meses se hayan extinguido las causas a los beneficiarios de la amnistía. No será así en algunos casos porque algunos tribunales presentarán cuestiones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) o cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo que se aplazará la aplicación. Buena parte de las principales causas pendientes todavía están en manos de los altos tribunales de Madrid: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. Pese a que el Supremo se pronunció, por ejemplo, sobre los líderes del 1-O, sólo los amnistió parcialmente y planteó al TC si debe aplicar el olvido penal al delito de malversación.

La pancarta de Torra y el 9-N

Este mismo miércoles el TSJC ha decidido no aplicar la amnistía al expresidente Quim Torra, condenado por desobediencia en el caso de las pancartas en apoyo a los presos políticos en el Palau de la Generalitat, y plantea a las partes presentar una cuestión prejudicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La sala presidida por Jesús María Barrientos plantea también presentar un recurso de inconstitucionalidad en los casos que afectan al exconcejal de la CUP en Lleida Pau Juvillà y al exconseller de Exteriores Bernat Solé. En los tres, el magistrado argumenta que, aunque encajan en el marco de aplicación de la amnistía, tiene dudas de su constitucionalidad y puede vulnerar los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley. Torra fue condenado a año y medio de inhabilitación y ya ha cumplido condena, al igual que Juvillà, condenado a medio año, y Solé, a un año.

A quien tampoco ha aplicado el olvido penal Barrientos es al expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, condenados por la organización de la consulta del 9-N. El tribunal considera que no hay "antecedentes penales pendientes de cancelación" porque ya han cumplido la pena de inhabilitación, es decir, como cuando se aprobó la ley de amnistía llevaba ya entre dos y tres años Mas , Ortega y Rigau, tal y como establece el Código Penal, ya no tienen antecedentes penales. Los tres altos cargos habían sido condenados a inhabilitación.

Baile de cifras

Durante este mes, los diferentes tribunales se han ido pronunciando sobre las causas relacionadas con el Proceso y que deberían ser objeto de aplicación de la ley, pero la cifra de amnistiados es todavía corta, teniendo en cuenta que la Fiscalía cifró en 486 los potenciales beneficiarios de la norma, de 82 procedimientos judiciales distintos. Más lejos aún quedan los 1.616 beneficiarios, que es el cálculo que había presentado Òmnium Cultural.