El Supremo cita al jefe de gabinete de Ayuso ya ocho periodistas en el caso contra el fiscal general

BarcelonaNovedades en la causa contra el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha acordado este martes, a propuesta del propio fiscal general y la fiscal provincial de Madrid –también investigada en el mismo caso–, citar a declarar al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), el día 8 de enero y ocho periodistas de distintos medios un día después. solicitó al magistrado instructor la testifical del jefe de gabinete de Ayuso frente a los "indicios" que accedió "a una parte del contenido de los correos" que González Amador cruzó con la Fiscalía y que fue el primero en filtrarlo. "Fiscal general: si me citas, iráspa'lante!", pió en su día MAR. En su auto, el juez también pide, a petición de los investigados, la copia de la noticia publicada sobre el tema en La Sexta y en El Mundo el día 13 de marzo por la noche.

En paralelo, el juez constata que su petición de conservar las imágenes del día que la Guardia Civil cacheó a la Fiscalía ha sido inviable porque no hay ninguna cámara en la sala de la que se requerían las grabaciones. Todo ello, después de que la acusación denunciara que García Ortiz había estado en esta sala hablando con su número dos y manipulando un teléfono durante el registro. El magistrado, eso sí, citó a declarar como testigo al fiscal Salvador Viada, que habría presenciado los hechos.

Los movimientos en la causa que ha acabado con la dimisión del líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, engordan el alcance de uno de los casos judiciales que asedian a la Moncloa y por los que el PP se ha volcado en las acusaciones de corrupción contra el gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE, por el contrario, denuncia una operación política y judicial para derribar al ejecutivo, de la que formarían parte el caso del correo de la pareja de Ayuso, el caso Ábalos, el de Begoña Gómez, esposa del presidente español, o el de su hermano, David Sánchez.

El abogado del hermano de Sánchez: "Es un proceso inquisitorial"

El abogado de este último denunció precisamente este martes un "interés político" detrás de su imputación. En declaraciones a Catalunya Ràdio ha negado irregularidades en la contratación de su cliente en la Diputación de Badajoz y ha denunciado una "causa general contra un ciudadano que ha intentado en todo momento cumplir sus obligaciones funcionariales". "Es un proceso absolutamente inquisitorial; le están mirando hasta el último céntimo y aspecto de su vida", ha dicho.

A pesar de no utilizar el término lawfare, como tampoco lo hace explícitamente el PSOE, el letrado sí ha hablado de una "investigación prospectiva" fomentada por "grupos que tienen un interés político", en referencia a organizaciones ultras como Manos Limpias, Hazte Oír y Abogados Cristianos, todas ellas detrás de las denuncias contra David Sánchez. En este sentido, Cortés criticó "la ligereza y la falta de rigor" con la que se han aceptado estas denuncias: "En España es posible abrir un procedimiento con recortes de prensa y una captura de pantalla del Portal de Transparencia", lamentó .

La jueza ha citado a declarar al hermano de Pedro Sánchez el pasado 9 de enero tras conocer un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a que existen indicios de delitos contra la administración pública –prevaricación y tráfico de influencias– en su nombramiento como coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. La jueza también le investiga por un presunto delito contra la hacienda pública –malversación– y busca indicios de un "supuesto incremento patrimonial injustificado".

Cortés, sin embargo, ha remarcado que ni la Agencia Tributaria ni la UCO señalan ninguna "irregularidad" patrimonial o tributaria en sus informes, y ha vuelto a insistir en que el nombramiento de David Sánchez, músico de profesión, en el su cargo en la Diputación fue totalmente legal. Explicó que su cliente "vio una plaza compatible con su perfil profesional", se presentó y la ganó por "méritos", sin que después hubiera ninguna "reclamación". Con todo, ha dicho que confía en que tras la declaración se le retiren todas las acusaciones.