Acorralar a Guardiola: el primer paso de la estrategia de Vox para conseguir el efecto Meloni
La formación de extrema derecha pretende dejar claras sus políticas en áreas como la inmigración, la agricultura y los medios públicos
BarcelonaVox tiene un plan a corto, medio y largo plazo para situar a Santiago Abascal en la Moncloa. Y la primera piedra de esa estrategia se está poniendo estos días en las negociaciones con el PP para los gobiernos de Extremadura y Aragón, que se encadenarán con los comicios en Castilla y León y Andalucía. Siempre con la vista puesta en las generales del 2027. Según ha podido saber el ARA, el plan de la extrema derecha pivota sobre una exigencia inicial: entrar en el gobierno de Extremadura. La excusa es que no se fían de la presidenta, María Guardiola, pero la realidad va más allá; Vox pretende acorralar a la líder extremeña mientras da más facilidades a otros varones populares, por ejemplo a Jorge Azcón en Aragón.
Con Azcón hay "sintonía" y Vox no pondrá como "condición" ocupar consejerías dentro de su ejecutivo. El objetivo es que el escenario de acuerdo en esta comunidad autónoma sirva para exponer a Guardiola, ya sea debiendo aceptar ser una presidenta bajo vigilancia o forzándola a una repetición electoral que confían en que sería su tumba política. En Vox han detectado nerviosismo en el PP y pretenden explotarlo. "Ahora, en Génova tienen mucha prisa por cerrar los acuerdos, sobre todo en Extremadura, y nos dicen que sí a todo. Pero nosotros les hemos dicho que no se trata de eso y que tenemos nuestros tempos", afirman fuentes de la dirección. En el partido de Abascal temen que Feijóo paralice las negociaciones en Aragón hasta que se logre el pacto en Extremadura, en un intento de cortocircuitar el plan de Vox, pero afirman que, si lo hace, ellos romperán la pelea, ya que consideran que tienen la sartén por el mango y que pueden imponer el calendario.
Vox también confía en sumar pronto las negociaciones con el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, que fue el primero en llegar a un acuerdo de gobierno con ellos en el 2022, pese a su talante centrista; en este caso no creen que haya dificultades después de las elecciones del 15 de marzo. También esperan abordar un pacto con el andaluz Juanma Moreno Bonilla –que es del sector más moderado y reacio a Vox–, tras las elecciones de junio, en las que, según las encuestas internas de la extrema derecha, el PP podría perder la mayoría absoluta. En paralelo, evidencian que con el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, la relación "va muy bien y hay confianza" en el pacto externo, que se inició con el acuerdo de investidura tras el rotura de 2024.
Feijóo se mueve
Ante la directriz de la dirección estatal del PP de ir al trabajo y la exigencia de "discreción" y "menos ruido" a la suya propia baronesa extremeña, que quedó desautorizada, Alberto Núñez Feijóo se mueve para evitar una repetición electoral en Extremadura que pueda debilitar aún más al PP. Su prisa contrasta con la calma de Vox: mientras el dirigente gallego pretende transmitir una supuesta solidez de los gobiernos de coalición con la extrema derecha, tal y como ha verbalizado en varias entrevistas –como una reciente en El Mundo–, a la vez teme que las conversaciones se alargaran demasiado.
Si no se llega a un acuerdo satisfactorio y hay repetición electoral, no es nada descartable que el PP sufra más desgaste en beneficio de Vox. Y es aquí donde ganaría bastante la idea de cambiar la candidata popular, un escenario que la derecha radical no descarta. De hecho, los vaivenes discursivos de Guardiola de los últimos tiempos han hecho crecer aún más la desconfianza. Guardiola, antes de pactar con Vox en el 2023, dijo que no podía dejar entrar en el gobierno "a quienes niegan la violencia machista", "tiran en la papelera la bandera LGTBI" y "deshumanizan a los inmigrantes"; también dijo "machista" en Abascal a finales del pasado año, mientras que esta semana ha defendido "el feminismo de Vox".
"Cambios reales"
Vox quiere aprovechar las diferencias dentro del PP y, al mismo tiempo, cultiva el efecto Giorgia Meloni para que su crecimiento acumulado le catapulte al liderazgo del flanco diestro a medio plazo. Los acuerdos por los gobiernos autonómicos –sólo exigirán entrar en función de la confianza que les genere el PP local–, deben servir para "visibilizar" que su "influencia" provoca "cambios reales y tangibles". "La gente debe ver que gracias a Vox pasan cosas. Y eso también podemos conseguirlo desde fuera", afirman.
Según fuentes consultadas por este diario, en Aragón el pacto con el PP puede ser rápido, acordando algunos cargos en instituciones, que, sin formar parte del gobierno, les permitan patrimonializar políticas en cuestiones de fomento de la industria o en la gestión del agua, además de la televisión autonómica –además de un programa de políticas en vivienda y agricultura–. En televisión quieren evidenciar el modelo que Vox tiene sobre los medios públicos, con "recortes" de personal e inciso ideológico, actuando con la vena ultraliberal que "anticipa" lo que quieren hacer en Radiotelevisión Española -los dirigentes de extrema derecha Manuel Mariscal y José María Figaredo han pedido entrar "con lanzaflamas".
Forzar la máquina y el consulado
En políticas, Vox quiere explorar áreas como la gestión y la limpieza del caudal de los ríos "para evidenciar que se pueden hacer diferentes las cosas" y situar a Extremadura y las demás regiones como antesala del plan hidrológico nacional que defiende la formación. En Aragón podría haber algún choque al respecto por la posición del PP contra el trasvase del Ebro. Pero donde ponen más el énfasis es en la inmigración; se aferran al artículo 35.2 de la ley de extranjería, que dice que "las comunidades autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención y la integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia". En el País Valencià ya se está trabajando esta vía para gestionar el regreso de menores.
En cuanto a la inmigración, también quieren introducir la "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda protegida oa las ayudas sociales, que se suman a las medidas contra el pacto verde y las "imposiciones" ecologistas. Así, pretenden "forzar la máquina" en todas las regiones para favorecer el choque con el gobierno español –que podría impugnar las medidas– y para evidenciar que los límites que ponen algunos dirigentes del PP pueden superarse: "Todo lo que decía Guardiola que no se podía hacer, se puede hacer". Si los populares quieren contar con ellos, ya saben que quedan excluidas de los pactos todas las políticas feministas y que tendrán que derogarse las leyes trans.