¿Cómo afecta el encarcelamiento de Ábalos a la mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso?
El exministro de Transportes puede mantener el acta, pero quedará suspendido como diputado, sin sueldo ni derecho a voto
MadridYa hace más de un año y medio que José Luis Ábalos no forma parte del PSOE e dio el salto al grupo mixto como independiente. Sin embargo, todo ese tiempo el exministro de Transportes ha sido un voto que Pedro Sánchez ha tenido garantizado en el Congreso –cuando asistía a los plenos, que no ha sido siempre–, a diferencia del de otros aliados de la mayoría de la investidura. Con la entrada en prisión de Ábalos, la precariedad parlamentaria del presidente del gobierno español, que este jueves ha sufrido un nuevo estremecimiento con el descarrilamiento de los objetivos de déficit y deuda, se acentúa aún un poco más. Pese a estar encarcelado, el ex ministro de Transportes podrá mantener el acta de diputado. Ahora bien, quedará suspendido como parlamentario. Es lo que prevé el Congreso, que según fuentes parlamentarias ya se ha puesto en contacto con el Supremo para que le "certifique la decisión" a fin de "iniciar el trámite para el acuerdo de Mesa de suspensión según el artículo 21.2 del reglamento". Con este movimiento la cámara baja da un paso sin precedentes: es la primera vez que un diputado en activo es enviado a prisión.
Dicho artículo contempla la suspensión "cuando, concedida por la cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se encontraran en situación de prisión preventiva y mientras dure". En el caso de Ábalos, el procesamiento no es todavía firme porque hay un recurso pendiente, pero las mismas fuentes argumentan que se le puede aplicar igualmente porque se trata de un procedimiento abreviado. ¿Qué implica la suspensión? El gobierno de Sánchez pierde un voto, puesto que Ábalos mantendrá la condición de diputado aunque no podrá votar. Con su ausencia, la abstención de Junts hará naufragar las votaciones que hasta ahora se salvaban (como ocurrió con la prórroga de las nucleares) por un único sí de diferencia. Con la suspensión, Ábalos tampoco podrá cobrar su sueldo de parlamentario. Esta situación durará el tiempo que permanezca en prisión preventiva. Si el Tribunal Supremo revisara la medida cautelar y volviera a dejarlo en libertad, Ábalos volvería a recuperar el sueldo y el voto. Sin embargo, mientras tanto, no podrá participar de las votaciones –tampoco telemáticamente, y no podrá delegar el voto–, presentar iniciativas ni percibir la nómina de diputado.
Si renunciara al escaño una vez el Supremo lo ha enviado a prisión, ese escaño volvería a manos del PSOE. La siguiente persona en la lista del 23-J por Valencia tomaría su puesto, lo que implicaría que los socialistas volverían a tener 121 diputados en su grupo parlamentario. Fuentes de la cúpula del PSOE afirman que no le han pedido al exministro que deje el acta si va a prisión y aseguran que nadie del partido se ha puesto en contacto con ella. "Él es el responsable de su acta, es suya", sostienen. El PSOE se desmarca de Ábalos y defiende que actuó con contundencia desde el primer momento –le abrió un expediente de expulsión nada más salir a la luz el presunto caso de corrupción de contratos de mascarillas–. Las mismas fuentes explican que en caso de que decidiera por sí solo dejar el acta podría hacerlo de forma telemática desde la cárcel.
La rebaja de la mayoría absoluta
Otra pregunta que se abre es qué ocurre con la mayoría absoluta en el Congreso. La mesa tiene sobre la mesa la decisión de mantenerla tal y como está, en 176 diputados –la mitad más uno de los 350 diputados–, o bien rebajarla contando que sean 349 diputados (sin Ábalos) para situarla en 175. Esto podría facilitar la situación de Sánchez en nada votaciones que sólo requieren mayoría simple. Fuentes de la presidencia del Congreso afirman que se mantendrá tal y como está y que ni siquiera se pedirá un informe a los letrados para valorarlo. Cuando la cámara baja estaba presidida por Meritxell Batet y se planteó el mismo dilema con los líderes independentistas –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez fueron elegidos en el 2019 mientras estaban en prisión preventiva–, la mesa dejó la mayoría en 350 y rechazó rebajarla.