Ley de amnistía

Alay, amnistiado de la causa de Nueva Caledonia

El Tribunal de Cuentas eleva una cuestión prejudicial en el TJUE y congela la aplicación de la amnistía argumentando que daría lugar a la "impunidad"

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El abogado Gonzalo Boye junto al jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay.

BarcelonaLa mano derecha del expresidente Carles Puigdemont y jefe de su Oficina, Josep Lluís Alay, ha sido amnistiado este lunes de una de las causas que tiene pendientes: la de Nueva Caledonia. Lo ha hecho público el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado en el que explica que la Audiencia de Barcelona ha decidido cerrar las actuaciones contra él y extinguir también su responsabilidad civil.

La Fiscalía le acusaba de prevaricación y malversación por haber ido de observador en representación de Puigdemont en el referéndum de Nueva Caledonia del año 2021 y pedía por él tres años de cárcel y diecisiete de inhabilitación. De hecho, ya había fecha para el juicio, que debía celebrarse el 26 de septiembre, pero en un auto de seis páginas, la Audiencia de Barcelona argumenta que la causa de Alay encaja en los hechos que la ley recoge como a amnistiables.

¿Cómo lo argumenta? "Los hechos pendientes de enjuiciamiento eran haber realizado, siendo responsable de la Oficina del expresidente Carles Puigdemont, un viaje a Nueva Caledonia como observador del referéndum de autodeterminación. En las fechas señaladas, el acusado apoyaba al 'expresidente en las funciones que le encargara [...]. Estos actos estaban vinculados directa o indirectamente con el Proceso o con sus líderes", dice el escrito, y por tanto, sigue, esta causa encaja en el apartado de la ley de amnistía que obliga a extinguir la responsabilidad penal de quienes prestaron "asistencia, colaboración, asesoramiento y representación" de los líderes del Proceso.

La Audiencia de Barcelona justifica así que amnistie el delito de malversación -que el Tribunal Supremo ha excluido de la amnistía en el caso del 1-O-. Los tres magistrados sostienen que este tipo penal también está incorporado a la norma "siempre y cuando ese delito vaya dirigido únicamente a financiar, sufragar o facilitar la realización" de las conductas relacionadas con el Proceso y sus líderes y que no haya ido destinado al beneficio "patrimonial". "Otra interpretación dejaría sin contenido la ley de amnistía en los casos de malversación" cuando no existe una "exclusión" general de este delito, dice la Audiencia.

Aunque Alay queda ahora amnistiado de esta causa, todavía tiene otra pendiente: es uno de los imputados en la nueva trama rusa del caso Volhov, que también implica a Puigdemont, el exresponsable de internacional de CDC Víctor Terradellas, así como amigos personales del expresidente como el periodista Carles Porta o el empresario Miquel Casals. Hay que ver, pues, lo que hace el juez Joaquín Aguirre en este caso para que quede libre de las imputaciones relacionadas con el Proceso.

Por otra parte, Alay no es el único amnistiado este lunes por la Audiencia de Barcelona. Según publica Europa Press, también dejó sin efecto las acusaciones contra dos exconcejales del PSC de Pineda por haber coaccionado al director de un hotel para que echara a los policías nacionales que se alojaban en la localidad para impedir el 1-O.

El Tribunal de Cuentas también mueve ficha

Si bien en Catalunya la amnistía va teniendo sus efectos, no es así en las causas que se instruyen en Madrid y afectan a la cúpula del Proceso. El Tribunal de Cuentas ha decidido este lunes elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque duda de que la ley de amnistía sea compatible con el derecho europeo, al considerar que la causa del 1-O y los gastos relacionados con la actividad exterior para promover la secesión afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea. De esta forma, se congela el procedimiento y el Tribunal de Cuentas no decidirá sobre si concede o no la amnistía por la responsabilidad contable del Proceso hasta que no responda Luxemburgo.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, la consejera del Tribunal de Cuentas encargada del procedimiento expone que es "muy difícil conciliar" la ley de amnistía con la "prevención de la impunidad del fraude y la corrupción" que persigue el derecho de la Unión Europea. Con este argumento, justifica no amnistiar a los líderes del Proceso, entre ellos Puigdemont, al considerar que si lo hiciera daría lugar a la "impunidad".

El Tribunal de Cuentas es la primera instancia que, de forma efectiva, decide preguntar a la Unión Europea sobre la ley de amnistía. Lo hace después de que la semana pasada el Tribunal Supremo también elevara por primera vez la pregunta sobre la norma al Tribunal Constitucional, ya que duda de su encaje en la Carta Magna. Sin embargo, probablemente el del Tribunal de Cuentas no será el único procedimiento que acabará en el TJUE, ya que la Audiencia Nacional ya ha anunciado su intención de hacerlo en la causa de terrorismo que afecta a los CDR. En cualquier caso, la Audiencia Nacional ha decidido que, mientras no contesta Luxemburgo, retirará las medidas cautelares que afectaban a los encausados: levanta la prohibición de salir del estado español y la obligación de ir periódicamente a firmar en los juzgados. El Tribunal de Cuentas, en cambio, mantiene las fianzas millonarias, a las que los líderes del Proceso hicieron frente a través de un aval del Instituto Catalán de Finanzas para evitar el embargo de su patrimonio. "Creo que reiremos un rato", ha reaccionado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en las redes sociales.

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