La amnistía se convierte en la nueva arma arrojadiza entre el independentismo
De los actos unitarios se ha pasado a la discrepancia que aún bloquea la ley
BarcelonaDespués del octubre del 2017, con el encarcelamiento de los líderes independentistas, el clamor por la libertad de los presos políticos era indiscutiblemente unitario entre el movimiento independentista. Un grito que, con el paso de los meses, fue mutando para aterrizar la proclama. Fue cuando las causas judiciales fueron multiplicándose, especialmente tras las protestas postsentencia, cuando el independentismo empezó a reclamar una amnistía. Un consenso que en ese momento la mayoría de actores veían improbable que el PSOE aceptara. Ahora es justamente cuando los socialistas se han avenido a aprobar una ley que debe suponer el olvido judicial del Proceso, cuando han aflorado las discrepancias dentro del independentismo. Hasta el punto de que hoy la ley sigue bloqueada y no hay certeza de que Junts la acabe aprobando.
Ahora, ERC reprocha a Junts que esté dispuesta a dejar "empantanadas" a decenas de personas, en palabras de la portavoz Raquel Sans, para intentar incluir un pequeño núcleo del entorno de Carles Puigdemont. Juntos se vuelve criticando que los republicanos se avengan a votar una ley que, a su juicio, no blinda al conjunto del movimiento soberanista.
Había sido una constante años atrás ver a las dos formaciones, junto a la CUP y en algunas ocasiones también a los comunes, participar en actos unitarios en favor de la amnistía, muchos de ellos convocados por Òmnium Cultural. La última vez fue no hace mucho, en noviembre del año pasado, pocos días después de que la ley empezara a tramitarse en el Congreso. El contexto en ese momento ya era muy distinto al de hace unos años. Las negociaciones por la ley de amnistía habían dividido a Junts y ERC, que habían abierto conversaciones por separado y en paralelo con el PSOE. El objetivo seguía siendo común, pero la estrategia unitaria había vuelto a hacer aguas.
La bifurcación de caminos comenzó cuando tuvo que negociarse la composición de la mesa. Juntos puso la directa y fuentes de la formación consideran que el resultado fue "positivo". Sin embargo, admiten que todavía hay cuestiones que no han visto culminadas como el tema del catalán en Europa. Los junteros reprochan a ERC que durante cinco años de negociación, no pusieran sobre la mesa la amnistía como condición para negociar con el PSOE. Los republicanos, en cambio, se defienden recordando que presentaron una proposición de ley en el Congreso –junto al resto de partidos independentistas, la plataforma Amnistía y Libertad y Ómnium– que la mesa inadmitió. Añaden, además, que hace cinco años el "panorama era más complicado" porque el PSOE podía mirar al otro lado, donde tenía Ciutadans, y Junts no se había sumado a la vía negociadora. "Estábamos solo defendiendo la amnistía", apuntan fuentes de la formación.
No ha habido ninguna mesa de negociación a tres –Juntos, ERC y PSOE– y sólo al término de la negociación para la investidura, según varias fuentes consultadas, hubo llamadas a tres bandas. La norma ha vuelto ahora a la comisión de Justicia tras el no de Junts. Los republicanos le reprocharon al partido de Carles Puigdemont que alargue la aprobación de la ley porque la ley es lo suficientemente "robusta" y la prueba, recuerdan, es que la votaron EH Bildu, el BNG y también el PNV. En cambio, los junteros creen que si se puede blindar aún más, debe probarse. De hecho, cargan contra la idea de indultar a las personas que queden fuera de la ley de amnistía que han verbalizado a varios dirigentes de ERC. Los indultos fueron otra decisión llena de reproches por ambos lados.
La CUP y las entidades soberanistas
Fuera estrictamente de las negociaciones de la ley, el consenso en torno a la amnistía tampoco es unitario. La CUP la defiende, pero insiste en que es necesario vincularla al derecho a la autodeterminación. Los cuparías aseguran que se reunieron con ERC y Junts para dar su visión de la ley, ya que el partido quedó fuera del Congreso y, de facto, excluido de las negociaciones. También las entidades soberanistas, Òmnium y la ANC. La entidad cultural, sin embargo, asegura que tiene "contacto permanente" con los partidos, a los que les ha pedido que "nadie puede quedar fuera" y también que se garantice su "aplicabilidad". La Asamblea, en cambio, mantiene su posición contraria a la ley si no va condicionada a que el gobierno español acepte también la autodeterminación. Consideran que si no, se caerá en la "trampa de blanquear al Estado" y que las causas que existen en los tribunales internacionales como el TEDH corren al riesgo de "acabar decayendo".
La CUP lamenta que en la negociación con el Estado haya habido "movimientos partidistas" y recuerda que han trasladado los "agujeros" que han considerado Junts y ERC, especialmente en relación a las "acusaciones de terrorismo", pero también con "el poco detalle con el que se trataban los casos de personas anónimas". Fuentes de la formación, además, subrayan que impulsaron el acuerdo por el Observatorio de Aplicación de la Ley en el Parlament para "verificar" que la ley se aplicara correctamente. En lo que coinciden la mayoría de los actores independentistas es que la justicia intentará torpedear la aplicación de la ley.
