Aragonés se enfrenta al abismo de quedarse sin presupuestos

El Gobierno mantiene abiertas las conversaciones con los comunes, que le reclaman una rectificación sobre el Hard Rock

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Presidente generalidad Pere Aragones y Jessica Albiach

BarcelonaDebemos remontarnos a junio de 2016 para encontrar el único precedente de unos presupuestos que se hayan detenido en el primer trámite en el Parlament, el debate a la totalidad. En ese momento, el presidente de la Generalitat era Carles Puigdemont, y la CUP tumbó los presupuestos porque puso como condición para su en las cuentas celebrar un referendo. El exjefe del ejecutivo catalán se comprometió tres meses después y los presupuestos vieron la luz con el apoyo de los anticapitalistas a principios del 2017. Ocho años después, es el presidente Pere Aragonès quien se encuentra sin tener garantizadas las cuentas a un par de días del pleno de totalidad en el Parlament. Sin embargo, el escollo esta vez no es ningún referéndum, sino el Hard Rock: los comunes se niegan a retirar la enmienda a la totalidad si el Gobierno no frena el macrocasino. A estas alturas, las conversaciones continúan, pero, si todo ello no llega a buen puerto, será la primera vez que Aragonès se queda sin presupuestos –podría terminar la legislatura con las cuentas prorrogadas o intentar presentar unas nuevas–, lo que acentuaría las críticas de gobierno débil y que haría que la oposición mojara pan, en año preelectoral.

Ahora bien, ¿lo tiene todo perdido el Gobierno? De entrada, el ejecutivo confía todavía en encontrar a un desquiciador in extremis que haga cambiar de postura al grupo que lidera Jéssica Albiach en el Parlament. Los comunes presentaron su enmienda a la totalidad a las cuentas el pasado martes y, por ahora, no han hecho ningún gesto para retirarla, porque aseguran que el Gobierno no se mueve respecto al Hard Rock, la línea roja que han puesto por dar su en las cuentas. Este domingo, Albiach, en un acto del partido, ha avisado a Aragonés de que tiene "tres días" para rectificar.

Los comunes reunidos este domingo en un acto político con Ada Colau y Jéssica Albiach.

El ejecutivo catalán sigue esgrimiendo que no puede detener el macroproyecto porque se arriesga a tener que pagar indemnizaciones, pero, además, si lo hace el PSC salta de la ecuación. Lo decía el propio Aragonès en la sesión de control de la semana pasada: "Vale, venga, fuera el Hard Rock, tendremos 41 diputados. Me están pidiendo algo que, si lo acepto, comportará que un grupo [el PSC] se retire y perderemos los presupuestos". Este domingo, en una entrevista en El País, el presidente ha aseverado que si la oposición rechaza las cuentas será un "acto de irresponsabilidad".

La semana pasada, fuentes gubernamentales verbalizaban por primera vez el riesgo real de que las cuentas puedan descarrilar por el bloqueo en las negociaciones con los comunes. Las reuniones han continuado en los últimos días, pero las posiciones siguen estando donde estaban. ¿Cómo resolver el callejón sin salida? El Govern está explorando dar salida a algunas de las peticiones de los comunes en el ámbito de la educación, relacionadas con medidas como la universalización de los comedores escolares, entre otras cuestiones, para acercar posiciones.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante una sesión de control en el Parlament de Catalunya.

¿Tumbar los presupuestos del Estado?

Si eso no es suficiente, porque los comunes mantienen la línea roja de detener el macrocasino en el Camp de Tarragona, Esquerra ya ha amenazado con que sus siete votos en el Congreso de los Diputados no están garantizados para aprobar los presupuestos estatales. De hecho, la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, planteó abiertamente la semana pasada la posibilidad de llamar a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, para que incida en la posición de los comunes y advertirle de que los republicanos son claves también en Madrid para aprobar las cuentas. Lo confirman desde el Palau de la Generalitat, desde donde ERC avisa de que hará valer sus siete votos en el Estado, aunque remarca que en estos momentos el gobierno español todavía no ha presentado sus cuentas. Sin embargo, con la amnistía encarrilada se hace difícil ver que el independentismo pueda tumbar los presupuestos estatales, aunque tanto Junts como Esquerra a priori no garantizan sus votos al gobierno de Pedro Sánchez.

Sea como fuere, de momento el Gobierno ha empezado a presionar a los comunes por tierra, mar y aire para que cambien de posición. Aparte de amenazar con tumbar las cuentas en el Estado, el ejecutivo también ha dado publicidad a que ha intentado reactivar la negociación con Junts, pese a tener pocas esperanzas de que prospere. En este caso, el arrecife es la fiscalidad y, especialmente, el reclamo de los junteros de eliminar el impuesto de sucesiones. Una petición a la que el Gobierno se niega en redondo. De hecho, el partido que preside Albert Batet en el Parlament ha presentado también una enmienda a la totalidad a la ley de acompañamiento de los presupuestos, la norma que contiene toda la propuesta de fiscalidad del Govern.

La variable de Barcelona

Con la vía de Junts sin buenas perspectivas de fructificar, el ejecutivo quiere explorar el camino de los comunes. ¿Sería un deslumbrante que Barcelona en Comú entrara en el gobierno municipal de Barcelona? Ambas bandas niegan que se haya puesto esta cuestión sobre la mesa, pero este domingo la exalcaldesa Ada Colau, junto a Albiach, le ha pedido al alcalde socialista, Jaume Collboni, que negocia la entrada de Esquerra en el consistorio, que clarifique si también quiere gobernar con ellos.

Para ERC, sin embargo, la carpeta de Barcelona vendría más tarde: la única posibilidad que preveían a los republicanos de vincularlo pasaba porque, antes de la posible entrada en el gobierno municipal barcelonés, el PSC –con quien sí tienen un acuerdo– y los comunes les aprobaran los presupuestos de la Generalitat.

Si las cuentas acaban cayendo, ¿llevaría esto el presidente a pulsar el botón rojo de un adelanto electoral? En el Palau de la Generalitat no se plantean este escenario. El Govern saca pecho de sus 33 diputados de 135, con los que remarcan que han sacado adelante los últimos dos presupuestos y han desbloqueado cuestiones como la renovación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) o, también, el Síndic de Greuges. Las próximas horas serán claves para el futuro de los últimos presupuestos de la legislatura y para ver sus repercusiones.

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