Aragonès pide la dimisión de Robles

BarcelonaSi algo ha marcado este miércoles la sesión de control parlamentario, tanto en Barcelona como en Madrid, ha sido el espionaje al independentismo. El Catalangate ha monopolizado la discusión en la cámara catalana, donde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acabado reclamando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que "asuma responsabilidades" después de justificar la operación de espionaje a una sesentena de independentistas en la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. "Las declaraciones la incapacitan políticamente para seguir en el cargo. Ha dicho que por el hecho de ser independentistas hay vía libre para que nos espíen. La ministra tendría que asumir responsabilidades", ha sentenciado en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de Esquerra, tildando de "insultante" y de "extremadamente grave" el posicionamiento de la ministra.

Después de que el presidente español, Pedro Sánchez, también haya cerrado filas con el ministerio de Defensa y no haya ofrecido nuevos gestos respeto las medidas que ya anunció La Moncloa el domingo –"control interno" en el CNI y la constitución de la comisión de secretos oficiales– el presidente de la Generalitat ha insistido que las explicaciones son "insuficientes" y que hace falta "transparencia" para aclarar los hechos. En este sentido, se ha reafirmado que ahora no hay las condiciones para que "avance" la negociación con el gobierno del Estado, dando por aparcada la mesa de diálogo, a pesar de que en realidad ya hace meses que no se reúne.

De este modo, Aragonès ha respondido a la presión de sus socios, que cierran filas con la denuncia contra el espionaje pero piden a Esquerra que vaya un paso más allá retirando el apoyo parlamentario al PSOE en Madrid. "Contundencia y unidad", ha reclamado el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, que ha pedido de nuevo que el Catalangate tenga "consecuencias" para la "gobernabilidad" del Estado y que se congelen relaciones con la Moncloa hasta que no haya una comisión de investigación en la cámara española –un extremo que el gobierno español ya ha rechazado–.

Más dura todavía ha sido la CUP, que le ha pedido a Aragonès que pase de las declaraciones a los hechos. "Se nos mean encima y nos dicen que llueve", ha sentenciado la diputada Eulàlia Reguant. "Necesitamos concreción", ha añadido, recordando al president que la mesa de negociación ya hace tiempo que está parada: "No son ustedes los que congelan la mesa de diálogo". Para los cupaires, se tiene que acabar la "política de concertación" con el Estado que consideran que todavía mantiene el Govern a pesar del caso del espionaje.

En cambio, el líder de la oposición y jefe de filas del PSC, Salvador Illa, ha presionado a Aragonès en sentido contrario: "No mezcle las cosas". Después de remarcar que está en contra de cualquier actividad "ilegal" y que quiere que se aclaren los hechos, ha instado al presidente a apoyar a la convalidación del decreto del gobierno español que se tiene que debatir mañana jueves en el Congreso sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania. "Hemos de evitar caer en la política obstruccionista y de bloqueo", ha dicho Illa, "me cuesta creer que piense que yo o algún miembro del gobierno de España hemos tenido algo que ver con el espionaje político", ha acabado.

"¿Somos suficientemente buenos como para votar a favor de las iniciativas del gobierno español y lo bastante malos como para ser espiados?", le ha espetado Aragonès, a pesar de que no ha aclarado cuál será el sentido del voto de los republicanos a la cámara española. Para Aragonès, el PSC tendría que apoyar al Govern a la hora de denunciar el espionaje. "Que se espíe es un problema también para Catalunya. Si usted dice que como ministro no sabía nada [Illa estaba en el gobierno español cuando se utilizó Pegasus], ya tarda en haber dimisiones", ha sentenciado el jefe del ejecutivo catalán.

Acciones en los tribunales

Al inicio del pleno la cámara catalana también ha acordado presentar una denuncia en los juzgados contra el espionaje al independentismo con una amplia mayoría y con el objetivo de aclarar los hechos y que se asuman responsabilidades. La propuesta ha contado con los votos de Esquerra, Juntos, la CUP, los comuns y también el PSC, que han dejado sola a la triple derecha votando en contra. Con todo, los socialistas han hecho equilibrios: han apoyado esta denuncia –que no está dirigida contra nadie en concreto–, pero se han desmarcado de la declaración institucional de condena el espionaje que ha hecho la junta de portavoces.

El diputado socialista Ferran Pedret ha intervenido para dejar claro que su grupo está en contra de utilizar el programa Pegasus sin amparo judicial y que, por lo tanto, se tiene que investigar por parte de los juzgados si esto ha pasado. "Estamos a favor que se aclaren los hechos y de que se asuman responsabilidades. Somos contrarios a la intervención de comunicaciones que no cuenten con la supervisión judicial", ha dicho, haciendo una crítica al espionaje y a la vez cerrando filas con el gobierno español: "Contribuiremos a desbloquear la comisión de asuntos secretos del Congreso, que es donde hay que ofrecer explicaciones".

El independentismo, en cambio, ha vuelto a exigir "luces y taquígrafos" –la comisión de materias secretas no es pública– y que se abra una comisión de investigación en la cámara española. El resto de grupos han lanzado críticas graves, sobre todo por parte de Ciutadans, que no solo se ha mostrado contrario a presentar una denuncia en los juzgados sino que ha vuelto a justificar el espionaje al independentismo: "Si ustedes han roto el consenso institucional, lo mínimo que puede hacer el CNI es intervenir en el asunto". Un discurso similar al que ha hecho también este miércoles pero desde el Congreso de los Diputados la ministra de Defensa, Margarita Robles. Por su parte, Vox ha avalado el Catalangate y ha subido la apuesta: acabar directamente con los partidos independentistas: "Al independentismo no se lo combate con el espionaje sino sacándolo de las instituciones e ilegalizándolo". El PP, a su vez, ha apuntado contra el PSC: "Han escondido a todo España deliberadamente que sus propios socios de gobierno [en referencia al gobierno español] seguían en actividades que exigían investigarse bajo amparo judicial". Y se ha preguntado: "¿Cómo es posible que pretendan meterlos en la comisión de secretos oficiales?".

Expulsión de un diputado de Ciutadans

La sesión ya había empezado con polémica. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha leído una declaración de la junta de portavoces denunciando el espionaje "ilegal" al independentismo que fue avalada el martes por parte de ERC, Junts, los comuns y la CUP. Ciutadans ha acusado a la presidenta de la cámara de falta de "imparcialidad" y la discusión ha ido subiendo de tono: el diputado Matías Alonso se ha puesto de pie levantando la voz sin tener la palabra y Borràs lo ha expulsado después de varios llamamientos al orden.