El gobierno español rechaza una comisión de investigación sobre el Catalangate

Madrid"Una comisión de investigación no tiene ningún sentido". Con estas palabras ha despachado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la petición de los partidos independentistas catalanes pero también de sus socios de Unidas Podemos para que el espionaje del Catalangate se aborde en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es el argumento del PSOE? Pues que los participantes en esta comisión de investigación no estarían obligados a declarar amparándose en la ley de secretos oficiales. En cambio, en la comisión de secretos oficiales sí que se puede facilitar información reservada a los grupos. El problema es que esta comisión no es pública y los diputados que participan tienen que mantener la confidencialidad, por lo tanto, la ciudadanía no tendría acceso a ningún tipo de información sobre el caso. Y esto es justamente lo que quieren evitar los grupos que reclaman una investigación.

Este mediodía han hecho una comparecencia conjunta en el en el Congreso Unidas Podemos, ERC, Junts, PDECat, Bildu, Más País, Compromís y BNG para reclamar precisamente una comisión de investigación con luces y taquígrafos. "Pedimos al conjunto de grupos parlamentarios del Congreso, y especialmente al grupo socialista, que permitan la creación de una comisión de investigación que avance en el esclarecimiento de este caso de forma transparente". Estos grupos también reclaman una investigación interna del Congreso y recuerdan que el CNI depende del ministerio de Defensa, cuya titular es Margarita Robles. Respecto a si en una comisión de investigación se pueden revelar secretos hay precedentes que demuestran que sí que se puede, siempre que lo autorice el gobierno. Así pasó por ejemplo en la comisión de investigación sobre los atentados del 11-M, donde se desclasificaron documentos del ministerio del Interior. Aun así, en aquella ocasión el ministro de Defensa, José Bono, también se negó a hacer públicos los informes del CNI.

Bolaños ha insistido después del consejo de ministros que ahora lo importante es "esclarecer los hechos" para demostrar que los servicios secretos han actuado siempre al amparo de la ley. El ministro ha defendido la tarea del CNI y ha asegurado que la misma directora del centro, Paz Esteban, será la encargada de informar a los grupos sobre el "control interno" que están haciendo los servicios secretos sobre el asunto en el marco de la comisión de secretos oficiales. "El gobierno tiene la conciencia muy tranquila", ha insistido el ministro.

Batet maniobra

Siguiendo, pues, la estrategia del PSOE, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto a la mesa y a la junta de portavoces rebajar la mayoría para constituir la comisión de secretos. Es decir, que los miembros puedan ser elegidos por mayoría absoluta y no por tres quintas partes como requería el reglamento de la cámara hasta ahora. El órgano lleva tres años parado por el veto de las formaciones de la derecha a que tengan una silla los grupos independentistas y, a raíz del Catalangate, la comisión ha vuelto a estar bajo el foco. Según han confirmado varias fuentes al ARA, la resolución propuesta por Batet se votará este martes por la tarde en otra reunión de la mesa y también la junta de portavoces, donde no tendría que tener problemas para salir adelante, a pesar de que el PP se opondrá. Con este cambio, ERC y EH Bildu evitarían el veto de los grupos de la derecha y podrían sentarse en la comisión.

Fuentes de la presidencia de la cámara explican que Batet ha impulsado este cambio para ajustarse a la actual normativa, que establece que todos los grupos parlamentarios representados en la cámara tienen que tener un representante. Ante el veto de la derecha, el cambio de mayorías se había convertido en la única opción, añaden las mismas fuentes. La misma Meritxell Batet ha justificado el cambio de mayorías para poner fin a una "anomalia democrática: el hecho de que la comisión no se haya reunido desde el inicio de la legislatura. "El Parlamento está para controlar al gobierno", ha sentenciado. En este sentido, ha explicado que el cambio pasa por "conciliar" la exigencia de que sea el pleno quien escoja a los diputados por una "mayoría cualificada" con el hecho de que cada grupo "tenga un diputado" en la comisión.

 ¿Cuándo se podría constituir esta comisión? Una vez quede validada la resolución por la mesa y la junta de portavoces, los miembros que formarán parte de este órgano tienen que ser escogidos y votados por el pleno. En este sentido, las mismas fuentes apuntan que esta semana se podría convocar un pleno extraordinario para incorporar este punto al orden del día y reactivar una comisión que es a puerta cerrada y cuyos miembros no pueden revelar de qué se habla. La normativa también establece que es en esta comisión que se ha de realizar el control parlamentario de la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sin embargo, el PP censura que un partido como Bildu "solicite información clasificada" e "interrogue al CNI". "Parece que el gobierno tiene un problema si sus socios no forman parte," ha reprochado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

El independentismo, sin embargo, no cree que las explicaciones que se puedan dar en esta comisión sean suficientes. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha referido a la experiencia del diputado Joan Tardà, que pone en entredicho que se pueda aclarar el Catalangate en esta comisión por el tipo de información que se da. Rufián, de hecho, ha dado 48 horas al gobierno español para que asuma responsabilidades. "No pedimos una comisión de secretos, sino una comisión de investigación, con luces y taquígrafos", ha añadido la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que también ha insistido en "depurar responsabilidades". En la misma línea se ha pronunciado la diputada de la CUP Mireia Vehí: "¿Dónde está el gobierno? ¿Por qué no explica nada?", ha preguntado. Precisamente, este martes la mesa también ha validado la comisión de investigación que habían pedido los grupos independentistas y también Unidas Podemos, así como la comparecencia del presidente español, Pedro Sánchez, a pesar de que los dos puntos todavía tienen que pasar el filtro de la junta de portavoces.

Todo ello pasa a 48 horas de que se vote en el Congreso la convalidación del decreto sobre medidas contra los efectos de la guerra que, entre otras cosas, rebaja el precio de la gasolina y de los alquileres. ERC no ha querido adelantar cuál será el sentido de su voto.