JxCat reclama a ERC que rompa con el PSOE si no hay una comisión de investigación sobre el Catalangate

BarcelonaLas medidas anunciadas por parte del gobierno español ayer domingo después de la reunión con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, no son suficientes para Junts per Catalunya. El secretario general del partido, Jordi Sànchez, ha negado que la comisión de secretos oficiales –pendiente de constituirse desde hace tres años– sea el lugar idóneo para abordar el caso del Catalangate y también que el CNI, que se apunta como presunto responsable, tenga que ser quien lleve a cabo un "control interno" como quiere el PSOE sobre el espionaje. Junts ha reclamado este lunes "luces y taquígrafos": una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y también dimisiones de los responsables que se determinen. Dos condiciones que, para Jordi Sànchez, el PSOE tiene que cumplir si quiere recuperar la interlocución habitual con la Generalitat. En este sentido ha instado a Esquerra, su socio en el Govern, a redoblar la presión retirándole el apoyo parlamentario hasta que no mueva ficha. ERC, por su parte, ha asegurado que el PSOE ya no puede contar con sus votos en el Congreso y no ha garantizado su apoyo al decreto que se votará el jueves sobre las medidas para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania.

"Hasta que la mayoría socialista y de Unidas Podemos no asuma estas propuestas desde el independentismo no se puede dar ningún apoyo a este gobierno. No estamos ante un discusión política menor, estamos ante el escándalo de espionaje más grave en las democracias europeas", ha declarado el secretario general de Junts, que ha censurado también el "silencio" de Pedro Sánchez y la Fiscalía General del Estado una semana después de que haya estallado el caso. "Estamos ante un delito y una situación indiscutible de abuso del estado de derecho", ha declarado, "ninguna ley ni ninguna validación de decreto ley puede ser llevada a cabo de manera efectiva por parte de los independentistas en el Congreso", ha añadido, admitiendo que esto puede comportar "costes", también para Junts, pero que es el momento de "plantarse".

Jordi Sànchez también cree que se tiene que "plantar" la Generalitat en la interlocución con el gobierno español. Así, ha defendido una "ruptura" de las relaciones políticas, limitando la relación a escala técnica y administrativa. De este modo, ha dicho que sus consellers no participarán en reuniones bilaterales con ministras ni tampoco en organismos multilaterales. Sí que puede haber, sin embargo, coincidencia con ministros españoles en los actos, puesto que no quieren dejar vacía la silla de la Generalitat: Sànchez lo ha ejemplificado en el reconocimiento que se ha de hacer esta semana a la película de Alcarràs, donde probablemente habrá representantes de ambos ejecutivos.

El decreto: primera medida de presión

Lo primero que tendrán que decidir los independentistas y, en particular Esquerra, es si apoya al gobierno español este jueves a la hora de convalidar el decreto ley sobre las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, donde están medidas como la rebaja del precio de la gasolina. Los republicanos hoy por hoy no garantizan su apoyo y sopesan votar en contra. "Sí, es una posibilidad", ha dicho este lunes la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta. Eso sí, la decisión todavía no está tomada. "De aquí al jueves pueden pasar muchísimas cosas".

En cuanto a la comisión de investigación, fuentes del partido consultadas por el ARA aseguran que si el PSOE lo aceptara sería conveniente porque "todo suma", pero que ahora mismo no sería de las cuestiones "más relevantes". "Para saber si se mueven de verdad hace falta más", concluyen las mismas fuentes, y esto pasa ahora por que haya dimisiones "cuanto antes posible", ha avisado Vilalta. No se conformarán con una cabeza de turco, pero evitan poner nombres sobre quién tendría que dimitir. Por ejemplo, si tendría que ser Margarita Robles, ministra de Defensa y de quien depende el CNI. Vilalta ha recordado, sin embargo, que el caso de las escuchas del CESID de los años noventa sí que supuso dimisiones políticas, en aquel caso del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.

ERC considera que en este conflicto tiene cartas buenas o, como mínimo, mejores que en otras ocasiones. Un ejemplo es el impacto que ha tenido el caso a nivel internacional, con reacciones de la Comisión Europea y editoriales como ls del Washington Post. Por lo tanto, la estrategia pasa por considerar que las explicaciones que ha dado hasta ahora el gobierno español –también el ministro Bolaños este domingo– son "vagas, insuficientes, exiguas y contradictorias" y que hace falta mucho más. "No fue bien", resumen fuentes republicanas sobre el encuentro Vilagrà-Bolaños, puesto que consideran que el ministro tendría que haber ofrecido más concreciones sobre cómo se investigarán los hechos.

Lo que por ahora quieren evitar los republicanos es polemizar con Junts, puesto que consideran que el frente en el que tienen que luchar es el que tienen abierto con el PSOE. Sobre el partido de Carles Puigdemont, Vilalta se ha limitado a confiar que habrá "coordinación y unidad" a la hora de actuar desde el movimiento independentista. 

Los pactos locales con el PSC, al margen

Junts apuesta por romper las relaciones con el PSOE. Ahora bien, ¿y con el PSC? A pesar de que ayer el Consell por la República –que también preside Carles Puigdemont– apostó para romper también relaciones con los socialistas a escala local, Jordi Sànchez ha pedido poner el foco en el apoyo parlamentario al gobierno español y en las relaciones políticas Estado-Generalitat. Así, ha considerado que el pacto con el PSC que JxCat mantiene en la Diputación de Barcelona –así como alianzas con los socialistas a escala local– tienen que quedar al margen, de momento, de las consecuencias del Catalangate. "Quien quiera hacer creer que el problema del Catalangate tiene una dimensión de pacto local se equivoca", ha dicho, añadiendo que mezclar esta cuestión es "banalizar" el espionaje. A su parecer, si ha de haber cualquier cambio en la política municipal de Junts, en relación con el PSC, se tiene que debatir en el congreso que la formación hará en el mes de junio, a pesar de que la semana pasada el diputado Jaume Alonso Cuevillas y el eurodiputado Toni Comín pidieron de forma explícita romper el pacto de la Diputación.