Aragonès responde a la CUP que el Govern tiene las manos atadas para evitar los desahucios

Barcelona"¿Dará cumplimiento al acuerdo de mínimos con la CUP?", le ha preguntado el diputado Xavier Pellicer al president de la Generalitat durante la sesión de control de este miércoles en el Parlament. Los cuperos critican que, a su juicio, la Generalitat no esté respetando el documento firmado para garantizar la investidura de Pere Aragonès ni en cuanto a evitar los desahucios de familias vulnerables ni tampoco en cuanto a retirar las acusaciones a manifestantes independentistas. De momento los cuperos reclaman que se cumplan estos puntos, a pesar de que no explican si el incumplimiento tendrá consecuencias parlamentarias. Aragonès les ha respondido que, en cuanto a los desahucios, el ejecutivo necesita "muchas más herramientas para intervenir desde el principio" y esto es lo que busca precisamente el protocolo aprobado por la Generalitat. El problema, según él, es que no está en las manos del Govern que esto salga adelante, sino en las de los jueces: "Toca trabajar la propuesta de protocolo, y la pelota está en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya".

En el acuerdo firmado entre ERC y la CUP destacaba la no intervención de las unidades antidisturbios "en desahucios de familias o personas vulnerables" y el despliegue de "las herramientas para suspender los desahucios hasta que no se garantice el derecho a la vivienda a través del parque público".

En cuanto a la retirada de las acusaciones, el diputado de la CUP le ha recordado que dentro de unas semanas se juzgará a siete personas que se manifestaron el 30 de enero de 2018 para reclamar la investidura de Carles Puigdemont. La Generalitat pide dos años de prisión para ellos. "No comentaré casos concretos. En todos se trabaja para garantizar la proporcionalidad", ha señalado el president, que ha remarcado que el objetivo del Govern es hacer compatible "el derecho a la libre manifestación y también evidentemente la integridad física de los agentes y otros funcionarios que hacen el trabajo". En el caso de estas siete personas, los servicios jurídicos de la Generalitat piden concretamente 15 meses de prisión por desórdenes públicos y 9 por atentado a la autoridad. La Fiscalía, por su parte, pide cuatro años de prisión para los manifestantes.

La CUP sigue siendo el socio preferente de ERC y JxCat para aprobar los presupuestos que, según ha explicado Aragonès, se presentarán en la cámara a principios de noviembre. Pero ante el descontento de los anticapitalistas –evidente de manera pública desde hace semanas–, la conselleria de Economía podría tener que buscar a otros socios. Los comuns, por ejemplo, que han destacado la importancia para Catalunya de aprobar los presupuestos generales del Estado (Aragonès les ha pedido "garantías" de que se cumplirá la inversión presupuestada). Y los socialistas: el jefe de la oposición, Salvador Illa, se ha vuelto a ofrecer como socio alternativo. "Estoy dispuesto a conversar para que Catalunya tenga unos presupuestos en tiempo y forma", ha afirmado, insistiendo en la oferta del PSC para negociar las cuentas.

El arma arrojadiza de la mesa de diálogo

Con Junts no parece que tengan que tener problemas para acordar las cuentas catalanas –y más considerando que no se prevé una subida de impuestos–, pero sí para negociar las del Estado. A pesar de que tanto ERC como Junts se han mostrado dispuestos a negociar con el gobierno español, los puntos de partida son bastante diferentes, teniendo en cuenta que los republicanos han sido hasta ahora socios estables de la Moncloa. "Insistimos en la necesidad de negociar con toda la fuerza", ha reivindicado este miércoles el presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet. Y toda la fuerza para él quiere decir hacerlo conjuntamente. Incluso ha puesto cinco puntos, cogiendo el guante de la "concreción" que Aragonès le pedía ahora hace dos semanas: el mantenimiento por parte del Estado de los fondos extraordinarios covid; la cogestión de los fondos europeos; las garantías de cumplimiento de las inversiones; la defensa del catalán en el sector del audiovisual, y el traspaso de Cercanías.

"Las propuestas las podemos compartir", ha respondido Aragonès sin comprometerse a hacerlo de manera conjunta y mostrándose convencido de que todos los diputados de las dos formaciones las reclamarán durante el trámite parlamentario. Fuentes de Junts lamentaban al final de la sesión que el president "no tenga la voluntad" de coordinarse con ellos en el Congreso.

De hecho, ha pasado de puntillas sobre la negociación de las cuentas en Madrid y ha redirigido el tema hacia la mesa de diálogo para avanzar en la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado. Y es aquí donde ha vuelto a tender la mano a Junts para que se sume a la negociación "de gobierno a gobierno" y haga los cambios necesarios en la delegación que planteaban para la mesa de diálogo. "Solo se tiene que levantar el veto a personas que han estado en la prisión por el 1-O y para defender los derechos de la ciudadanía de Catalunya", le ha respondido Batet.

Sesión de control

El Govern, con el president Pere Aragonès al frente, ha pasado cuentas con el Parlament a lo largo del día. Durante la sesión de control a los consellers, el debate se ha centrado en las últimas decisiones del ejecutivo: desde el fin de las restricciones hasta la gestión de Cercanías. De hecho, en la primera pregunta del pleno los comuns han emplazado al Govern a explicar el plan de desescalada en las escuelas después de que la Generalitat eliminara la semana pasada la mayoría de restricciones de aforo y movimiento por la pandemia. A pesar de que depende de Salud, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha garantizado que "el primer día" que los alumnos se puedan quitar la mascarilla eliminarán esta restricción.

Sin salir del departamento de Educación, otra decisión reciente del ejecutivo ha enfrentado a la diputada popular Eva Parera, el parlamentario de Vox Joan Garriga y el conseller Cambray. Después de que el Govern aseverara que no renovará el concierto en las escuelas que segregan por sexo, Parera ha acusado al ejecutivo de "discriminar" centros y alumnos. Cambray ha respondido a las críticas reafirmándose en el hecho de que "no dará un euro público" a las escuelas segregadas y que esto no representa eliminar la libertad de elección. Joan Garriga todavía ha ido más allá de Parera y ha asegurado que llevarán esta decisión a los tribunales. "Que ustedes hablen de libertad es surrealista", ha contestado Cambray.

Por otro lado, una de las decisiones más trascendentes que tomó el martes el ejecutivo fue apartar a Renfe y asumir la gestión de Cercanías en Lleida desde el departamento liderado por el vicepresidente, Jordi Puigneró. Este miércoles Puigneró ha defendido asumir el "reto de gestionar Cercanías en Catalunya" ante la "poca voluntad" del Estado. "el objetivo es mejorar este servicio", ha concluido Puigneró.