La asesora que dijo que la consejera Vergés pedía detener la vacunación de la policía ahora la defiende en el juicio

BarcelonaNueva tanda de testigos en el juicio por supuestamente "discriminar" a los policías nacionales y guardias civiles con las vacunas contra la covid. Después de que los mandos de los dos cuerpos exculparan a los procesados, entre los que se encuentran los exconsejeros Josep Maria Argimon y Alba Vergés, este lunes ha sido el turno de explicarse de otros exdirectivos de Salud. Entre ellos, la asesora de Vergés que envió un mensaje clave en la instrucción de la causa, en el que decía: "Otra vez, la consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Deberíamos pararlo".

Al contrario de la interpretación incriminatoria que se había hecho del mensaje, Judit Viñals ha explicado al tribunal que en aquel mensaje se refería a dejar de vacunar a los agentes que tuvieran menos de 60 años. En aquel momento la vacuna AstraZeneca se estaba priorizando para las personas de entre 60 y 65 años, fueran o no trabajadores esenciales, porque eran la franja de edad con más muertes e ingresos hospitalarios por covid. Por eso, según ha explicado la asesora, Vergés consideraba que vacunar antes a los agentes más jóvenes iría en contra de las personas mayores y también de los otros colectivos de trabajadores esenciales, a quienes solo se estaba vacunando si tenían entre 60 y 65 años.

Viñals ha dicho que Vergés en ningún momento le dio órdenes de no vacunar a los efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil, ni de relegarlos o de poner excusas para no hacerlo. También ha dicho que nunca justificó las decisiones con motivos que no fueran sanitarios o aplicar las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud.

También ha apoyado la decisión de priorizar vacunar a las personas mayores la exsecretaria de Salud Pública Carmen Cabezas, que estuvo investigada al principio de la instrucción, pero finalmente quedó fuera. "Lo que siempre se dijo es que se priorizaba la vacunación 60-65 años, también de los colectivos esenciales", ha aclarado. Cabezas fue quien recibió los mensajes que han sido parte de la causa, y ha dicho que son "whatsapps expresados rápidamente". Ha asegurado que Vergés le ordenó "continuar con los criterios de edad y continuar con los grupos esenciales". Ella, en cambio, era partidaria de vacunar a todos los agentes con quienes ya se ha hecho el trabajo de encontrarles día y hora y convocarles: "Más que por razones de salud pública, porque en cuanto a mortalidad era más relevante vacunar a los mayores de 60, era sobre todo por operativa. También lo dije por cierta desigualdad con otras comunidades autónomas".

"Problemas de organización"

Varios testigos han explicado, de hecho, que la logística fue un poco más complicada porque los agentes querían vacunarse en las comisarías y no en los centros sanitarios. También tuvieron que pedir varias veces el censo de agentes para poder convocarlos. La entonces delegada del gobierno español en Cataluña, Teresa Cunillera, ha explicado que la delegación no tenía acceso a estos datos, y por eso los debían dar directamente los cuerpos policiales a Salud. Cunillera también ha dicho que el ritmo de vacunación era lento "por problemas de organización".

El testimonio de Cabezas también ha servido para descargar a Argimon, aclarando que desde Salud Pública ninguno de los dos podía ordenar continuar vacunando agentes. También la exdirectiva del área profesional del CatSalut Sara Manjón ha dicho que ni ella, ni Argimon ni Adrià Comella –que dirigía el CatSalut y también está acusado– decidían sobre el proceso de vacunación. También están acusados el exsecretario general de Salud Marc Ramentol y el exdirector de servicios de Salud Xavier Rodríguez Guasch, en su caso solo señalado por los sindicatos policiales de la acusación popular porque la Fiscalía pidió absolverle. Para el resto, la fiscal pide 12 años de inhabilitación por prevaricación. Los sindicatos querían que el caso se juzgara como un delito contra los derechos de los trabajadores, que podía comportar penas de prisión, pero el tribunal lo descartó.