Política 04/05/2021

La Audiencia abre pieza separada en la ejecución del caso Palau para decir si el PDECat y JxCat son sucesores de CDC

Da un plazo de quince días a las formaciones para que hagan alegaciones

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Josep Antoni Duran, entonces líder  de Unión, y el expresidente Artur Mas, que estaba al frente de Convergència, durante una reunión de la ejecutiva de CiU junto al expresidente Jordi Pujol
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La Audiencia de Barcelona ha abierto pieza separada en la ejecución del caso Palau para determinar si el PDECat y Junts per Catalunya son sucesores de Convergència en cuanto a las responsabilidades que se derivan de la sentencia. CDC fue condenada por financiación irregular y a pagar un decomiso de 6,6 millones de euros. El Palau de la Música, como principal receptor de la multa, pidió que si Convergència no puede pagar sean el PDECat y Junts quienes asuman los costes.

La sala ha estimado estudiar esta petición y y da un plazo de quince días a las formaciones políticas para que hagan sus alegaciones. Tanto el Partit Demòcrata como Junts han negado que se les pueda atribuir esta responsabilidad civil, de forma que defenderán esta posición ahora en los tribunales.

La decisión de la Audiencia de Barcelona es una novedad, puesto que en julio de 2020 rechazó decidir sobre esta cuestión a petición de la Fiscalía –solo había pedido la sucesión en el caso del PDECat– porque consideraba que no estaba claro todavía el número de activos y pasivos que tenía Convergència. ¿Por qué cree, en cambio, que ahora ha llegado el momento?

La sala lo argumenta con tres circunstancias. Primero, se ha constatado que los bienes embargados para pagar el decomiso –decisión tomada durante la instrucción– suman una cantidad de 3,2 millones de euros, mucho menos de los seis millones necesarios para hacer frente a la responsabilidad civil. "La subasta de los bienes inmuebles embargados en ningún caso cubriría la cantidad objeto de condena", expresa la Audiencia de Barcelona. Segundo, considera que a estas alturas ya no aflorarán más bienes de Convergència, puesto que presentó un concurso de acreedores y ya se han contabilizado todos sus activos y pasivos –tiene un patrimonio de 8,5 millones de euros frente a 11,9 millones de deuda.

Tercero, hay un pulso pendiente en el Tribunal Supremo que puede hacer que la Audiencia Provincial no pueda contar ni con los bienes embargados para hacer frente al decomiso. La jueza mercantil, que pilota el concurso de acreedores, pidió que se desembarguen todas las sedes para poder contar con ellas para hacer frente al pasivo pendiente. La ley concursal marca una prelación en la orden de pago de la deuda, y hacer frente a la condena del Palau se sitúa como un pasivo secundario por detrás de la deuda hipotecaria de los bancos, indemnizaciones a extrabajadores o pagos pendientes con la Seguridad Social. La Audiencia de Barcelona se opone a esta medida del juzgado mercantil, pero si el Supremo diera la razón a la juez del concurso Convergència todavía contaría con menos dinero para hacer frente al decomiso.

Por estos tres motivos, la Audiencia de Barcelona considera que es hora de abrir una pieza separada para decidir esta cuestión. Considera que el Palau de la Música no ha aportado "suficientes documentos" para determinar si el PDECat y Junts son sucesoras de Convergència y por eso les da la posibilidad de hacer alegaciones.

Los argumentos del Palau

El Palau de la Música hace unas semanas presentó un escrito en el que decía que es "incuestionable que los bienes embargados son insuficientes para cumplir el decomiso acordado por sala" y que ya no aparecerán nuevos bienes activos de Convergència. El partido extinto fundado por Jordi Pujol está en concurso de acreedores y hoy por hoy los bienes embargados no son suficientes para cubrir la multa de los seis millones de euros. Según el abogado del caso Palau, si la Audiencia Provincial no actúa ahora hay una "evidente disminución de las posibilidades de estar en condiciones de decomisar la cantidad completa derivada del delito de tráfico de influencias".

Ante esto, el Palau considera que tienen que pagar sus "continuadores" y cree que lo son tanto el partido que pilota David Bonvehí como también la nueva formación de Carles Puigdemont.

En el caso de Junts –se trata de una novedad porque hasta ahora solo se atribuía la sucesión al PDECat–, se coge al hecho de que fue uno de los nombres que se propusieron en el marco del congreso de refundación de Convergència en 2016 junto con el Partit Demòcrata y el Partit Nacional Català; que fue utilizada como marca de la coalición electoral formada por CDC y PDECat en las elecciones del Parlament de Catalunya del año 2017; que personas del PDECat registraron JxCat como partido político en 2018 –en disputa en los tribunales entre Puigdemont y la dirección de David Bonvehí–, y que los tres partidos se presentaron en coalición a las elecciones españolas y europeas del 2019. "Estos extremos evidencian la identidad total y absoluta (funcional, económica y política) de JxCat por parte de CDC y el PDECat", resumía el escrito de Palau.

En cuanto al Partit Demòcrata, sitúa los mismos argumentos que ya usó el juez de la Audiencia Nacional José de Mata para imputar a la formación como sucesora de CDC en el caso 3%. Afirma que el PDECat mantiene una "identidad sustancial" con los órganos de dirección de Convergència; hay una asunción de los compromisos que tenía CDC por parte del Partit Demòcrata, y la ubicación de sedes o la titularidad de las líneas telefónicas, así como de las redes sociales. También subraya que buena parte de las sedes de Convergència están ocupadas ahora por la formación que preside David Bonvehí. "Estas circunstancias ponen en evidencia la sucesión entre CDC y el PDECat", afirmaba el escrito de defensa de Palau.

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