La Audiencia Nacional imputa a Zapatero como "líder" de una trama de tráfico de influencias

MadridHabía una "trama organizada de ejercicio il·lícito de influencias" y una "estructura estable y jerarquizada" que estaba "liderada" por José Luis Rodríguez Zapatero con la finalidad de obtener "beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros". Él "habría puesto" sus "contactos personales" y su "capacidad de acceso" a altos cargos de la administración al servicio de terceros interesados en "obtener decisiones favorables". Después de meses de investigación, así ha concluido un juez de la Audiencia Nacional, que ha imputado al expresidente español por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico d’influencias y falsedad documental y lo ha citado el próximo martes 2 de junio en el marco del caso Plus Ultra. Será la primera vez que un expresidente del gobierno español debe declarar como investigado en una causa penal sobre corrupción. Lo que hay bajo la lupa son posibles cobros de comisiones il·legales a cambio del rescate de 53 millones de euros que el gobierno español dio a la aerolínea en marzo del 2021 y supuestas maniobras para blanquear dinero procedente de Venezuela. José Luis Calama también ha ordenado registros en la oficina del expresidente y en tres empresas, entre las cuales hay What The Fav, la compañía de marketing de las hijas de Zapatero.

Hasta ahora esta causa estaba bajo secreto de sumario, ya que el juez consideró que era lo más conveniente teniendo en cuenta la "gravedad de los hechos" y el objetivo de "evitar incidencias" que pudieran afectar al objeto de la investigación. Así se desprende de la interlocutoria que ha dictado este martes para levantar precisamente este secreto, a la que ha tenido acceso el ARA, donde también cita los delitos que está investigando: se trata de una causa por presunta apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

¿Cuándo comenzó la investigación?

La investigación nació a raíz de una denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales y que apuntaba a una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España. El punto de partida sería que Plus Ultra habría hecho un "uso indebido" del rescate para devolver préstamos que había recibido de empresas de una supuesta trama delictiva. Los fondos ilícitos que habrían sido blanqueados –para enmascarar su origen– tendrían un doble origen: actos de malversación de funcionarios venezolanos –relacionados con un programa de distribución de alimentos básicos– y ventas de oro del Banco de Venezuela.

¿Qué defendió Zapatero en el Senado?

Hace dos meses y medio, José Luis Rodríguez Zapatero compareció en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo para dar explicaciones por este caso. Y negó tener ninguna relación: "Nadie me pidió nada, no hice nada, ni me interesé por el rescate", dijo. Eso sí, reconoció que recibía dinero de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez de la cual él es consultor y que está en el epicentro de la investigación judicial. Relató que fue su amigo quien propuso ficharlo y admitió que cobra 70.000 euros brutos de media al año como autónomo. "Es un precio de mercado que, lógicamente, tiene en cuenta la trayectoria, la personalidad y la capacidad del consultor", defendió.

La investigación continúa abierta y se centra en determinar si los fondos del rescate podrían haber sido desviados o utilizados para fines ilícitos. Paralelamente, la Fiscalía —bajo la dirección del fiscal de sala Alejandro Luzón— analiza desde 2024 el destino del dinero del rescate a raíz de peticiones de información procedentes de Suiza y Francia por posibles indicios de blanqueo de dinero. En el marco del mismo caso, se habrían registrado también la sede de Plus Ultra y detenido a varios directivos de la compañía, así como a otras personas vinculadas al entorno empresarial investigado. De hecho, la causa saltó a primera línea mediática en diciembre de 2025. Se produjeron una serie de detenciones por presunta corrupción que afectaban al entorno del gobierno español. En concreto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo al empresario relacionado con la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo de la compañía, Roberto Roselli. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por Efe en aquel momento, la actuación se enmarcaba en una investigación por presunto blanqueo de capitales dirigida por el juzgado de instrucción 15 de Madrid.

En todo caso, unos meses más tarde, el juez de instrucción decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional a raíz de la tipología de delitos que estaban surgiendo en el marco de la investigación. Una vez analizados los documentos y los dispositivos obtenidos del registro, según fuentes conocedoras, apareció la línea de investigación sobre Zapatero.

Julio Martínez es un empresario de Alicante amigo personal de Zapatero (el mismo expresidente lo reconoció en la comparecencia que hizo en el Senado) y propietario de la consultora Análisis Relevante. Una empresa para la que el exdirigente del PSOE ha trabajado como asesor. Martínez está en el punto de mira de la justicia porque cobraba a diversas empresas españolas por hacer de intermediario con Venezuela, entre ellas Plus Ultra. Los investigadores sospechan que hubo presiones al gobierno español para que rescatara la compañía en 2021, en plena pandemia, por valor de 53 millones de euros. Aun así, desde la Moncloa siempre han negado cualquier irregularidad y Zapatero ha rechazado también que participara.

Las reacciones políticas

La oposición al gobierno español no ha esperado nada en reaccionar. Según fuentes populares, después de los casos que salpican al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el caso de Zapatero es una prueba más de la "corrupción" del PSOE. "Zapatero es la musa del sanchismo y esta musa está imputada en la Audiencia Nacional", han asegurado, para después añadir: "El principio que vincula a los dos últimos presidentes de España del PSOE es la corrupción". A su parecer, sin tener en cuenta la presunción de inocencia, "el honor de ser presidente del gobierno es incompatible con la indecencia de tener el rango de conseguidor".

A su vez, el PSOE defiende la presunción de inocencia del expresidente español. Fuentes del partido expresan "tranquilidad" y "respeto a la justicia". En este sentido, han recordado que durante las dos legislaturas que fue presidente se produjeron avances "pioneros" en materia de derechos e igualdad: "La derecha y la ultraderecha nunca han perdonado los avances de su mandato". Más allá ha ido la secretaria de organización, Rebeca Torró, y la portavoz Montse Mínguez. "Es el que pueda hacer que haga a la máxima expresión", ha dicho Torró, en alusión a lo que dijo José María Aznar para luchar contra el gobierno español, mientras que Mínguez ha sentenciado en X: "No pararán".