La Audiencia impone el juicio a Mónica Oltra en contra del criterio del juez instructor

ValenciaLa Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto su criterio al del juez instructor -que reclamaba archivar la causa- y ha ordenado abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por Luis Eduardo Ramírez, exmarido de la dirigente de Compromís, que fue condenado por estos hechos.

La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles de una conducta" valorada "razonablemente" por ellas como delictiva, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que todavía no ha facilitado la resolución a las partes, incluida la propia Oltra.

Contra el criterio del juez instructor

Los magistrados Pedro Castellano, Macarena Amparo Mira Picó e Isabel Sifres han estimado los recursos de la acusación particular, que ejerce la víctima, María Teresa Tanco, mediante el abogado de extrema derecha y expresidente de España 2000 José Luis Roberto, y las dos acusaciones populares, representadas a través de Vox y la asociación Gobierna-Te que dirige la agitadora ultra Cristina Seguí. El tribunal discrepa del criterio del ministerio fiscal y del juez instructor Vicente Ríos que ha archivado en dos ocasiones la causa y que considera que durante la investigación no se acreditó, "ni siquiera en el ámbito de los indicios", que Oltra, ni ningún cargo directivo de la conselleria, diera ninguna orden "dirigida a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor". Según Ríos, la instrucción tampoco permitió demostrar que la exvicepresidenta tuviera conocimiento de los hechos hasta el 4 de agosto de 2017, cuando llegó una notificación judicial a su domicilio. También asumió que no fue la dirigente de Compromís quien ordenó abrir la investigación de la conselleria sobre el caso una vez el caso ya estaba judicializado y que este procedimiento no pretendía desacreditar a la víctima ni ocultar los hechos ocurridos entre diciembre de 2016 y febrero de 2017.

Desde Compromís siempre han atribuido la actuación de la Audiencia Provincial al sesgo conservador de la sección cuarta que preside el magistrado Pedro Castellano. En concreto, han señalado que esta acumula diversas resoluciones favorables al Partido Popular como el archivo del presunto financiación ilegal del grupo municipal que encabezaba Rita Barberá en Valencia y de la causa contra el expresidente Francisco Camps por presuntas irregularidades en la organización de la visita del papa Benedicto XVI en 2006. La misma sala también absolvió a los 18 acusados de pertenecer al grupo neonazi Frente Antisistema (FAS) en el año 2005 en la conocida como operación Panzer.

"Guerra sucia"

La instrucción obligó a Oltra a apartarse de la primera línea política. Lo hizo el 21 de junio de 2022, cinco días después de ser imputada, cuando dimitió como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig. Durante la conferencia de prensa en la que anunció la decisión, la dirigente de Compromís defendió que con su imputación se trasladaba el mensaje de que "a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan en favor de los poderosos se le cargarán con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras". "Ganan los malos", resumió.

"El rastro del dinero"

Oltra siempre ha afirmado que la causa responde a una operación orquestada por grandes empresarios y la derecha política. En concreto, ha citado a la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, al expresidente valenciano Francisco Camps y a Alberto de Rosa, entonces director de Ribera Salud -empresa concesionaria de varios hospitales-, que el ejecutivo progresista del PSPV, Compromís y Unides Podem recuperó para la gestión pública. Según Oltra, todo nace del malestar del empresario después de que el Consell le redujera la posibilidad de "hacer negocio con la salud". "En toda caza política hay que seguir el rastro del dinero", afirmó durante un debate en las Corts Valencianes.