El calvario judicial de Mónica Oltra

ValenciaPese a que hace tiempo que dejó la primera línea política, el calvario de Mónica Oltra sigue. Todo está listo para la celebración del juicio oral –aún sin fecha– contra la exvicepresidenta del gobierno valenciano y otras catorce personas, la mayoría ex altos cargos de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Se les acusa de encubrir los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat Valenciana y cometidos por Luis Eduardo Ramírez, el exmarido de la dirigente de Compromís.

Pero, ¿cuándo empezó la causa que obligó a dimitir a quién fue la principal piedra en el zapato de la derecha valenciana? La investigación el origen en el 2016, cuando Ramírez era educador de un centro concertado de acogida y abusó de una menor. Tras un primer juicio, en 2019 fue condenado. Sin embargo, el proceso quedó anulado porque el tribunal no tuvo en consideración dos informes que ponían en duda la credibilidad del testigo de la víctima. En marzo de 2021 el juicio se repitió y se fijó una pena de cinco años de cárcel para el agresor. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (TSJPV) confirmó la sentencia, que después ratificó al Tribunal Supremo.

La condena de Ramírez no supuso el fin de la causa, ya que la asociación Gobiérnate, que lidera la periodista ultraderechista y exdirigente de Vox Cristina Seguí, la aprovechó para querellarse contra Oltra y contra la actuación de su departamento. Aunque en un primer momento el magistrado desestimó el escrito, finalmente la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia –a instancias de la defensa de la menor, ejercida por el abogado José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000– ordenó su reapertura para investigar la supuesta omisión del deber de custodia y protección por parte de la conselleria la elaboración del informe interno que desacreditaba la versión de la víctima.

El gran terremoto político se registró el 16 de junio del 2022, cuando el TSJPV acordó la imputación de Oltra. La política valenciana sólo pudo aguantar seis días la presión de los medios de comunicación, de su partido y de los socios en la Generalitat –especialmente del PSPV– y dimitió. Luego vino la su declaración el 19 de septiembre y la alegría, cuando el 3 de abril del pasado año el juez Vicente Ríos archivó la investigación –era la segunda vez que lo hacía– al considerar que no se había acreditado, "ni siquiera en el ámbito de los indicios", que la política valenciana ni cargo directivo alguno de la conselleria diera ninguna orden "dirigida a ocultar" los abusos de Ramírez "ni a desacreditar a la menor". El cubo de agua fría final llegó el pasado junio cuando, de nuevo, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ordenó reabrir el caso. La decisión ya no tenía vuelta atrás y abocaba a la celebración del juicio oral, como se ha confirmado esta semana.

Vox, España 2000 y Cristina Seguí

Más allá de los momentos clave, conviene también fijarse en los protagonistas de la causa. Entre sus promotores se encuentra Vox, que ejerce la acusación popular junto con la asociación Gobiérnate, de Cristina Seguí, y el abogado ultra José Luis Roberto. Por lo que respecta al ámbito judicial, encontramos a los magistrados Pedro Castellano, Macarena Amparo Mira Picó e Isabel Sifres, que conforman la ya famosa sala cuarta. Un tribunal al que reprochan que acumula resoluciones favorables al Partido Popular, comoel archivo de la presunta financiación ilegal del grupo municipalque encabezaba Rita Barberá y de la causa contra el expresidente Francisco Campspor la organización de la visita del papa Benedicto XVI en Valencia. La misma sala tambiénabsolvió a los dieciocho acusadosde pertenecer al grupo neonazi Frente Antisistema en 2005 en la conocida como operación Panzer. Por el contrario, va condenar al también expresidente valenciano Eduardo Zaplana a diez años y medio de cárcel por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de la Generalidad.