El TSJ valenciano imputa a Mónica Oltra y la acusa de encubrir los abusos de su exmarido

ValenciaEl Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (TSJPV) ha anunciado la imputación de la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del gobierno valenciano, Mónica Oltra, en el caso que investiga si el departamento que dirige la líder de Compromís dificultó la aclaración del abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido. Según la sala civil y penal, hay "una serie de indicios plurales que en conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y varios funcionarios a su cargo con la finalidad o bien de proteger a su pareja en aquel momento […] o bien de proteger la carrera política de la aforada”. 

El TSJPV considera que la también vicepresidenta del Consell podría ser culpable de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos por la investigación “parajudicial” que, en palabras del instructor del caso, el magistrado Vicente Ríos, llevó a cabo la Generalitat y por la cual ya había imputados trece altos cargos de la consejería y trabajadores del centro donde residía la menor. Los tres jueces que han firmado la resolución este jueves, Pilar de la Oliva, Vicente Torres y Antonio Ferrer, han coincidido con Ríos que en el departamento "no existió ninguna voluntad real de aclarar los hechos, sino más bien de ocultarlos con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a aclararlos".

Desde la consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas han rechazado siempre estas acusaciones y han defendido que no se abrió una investigación para cuestionar la credibilidad de la menor –como concluyó el informe de Ríos–, sino para averiguar qué había fallado y por qué hasta entonces nadie se había creído a la niña. La conclusión del informe fue que el testigo de la menor no era creíble. También han reiterado que se trata de un procedimiento que se aplica en todos los casos de abusos sexuales en niños y niñas tutelados por la Generalitat. Sí que han admitido, por el contrario, que tendrían que haber avisado automáticamente a la Fiscalía y han atribuido este error a un protocolo heredado de la etapa de gobierno del Partido Popular que ya se ha enmendado.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano supone que la sala asume la causa en su integridad al considerar que existe entre los trece imputados “una conexidad inescindible”. En consecuencia, el instructor del caso dejará de ser Vicente Ríos y pasará a serlo Antonio Ferrer por la consideración de aforada de la vicepresidenta, que además de miembro del Consell también es diputada de las Corts Valencianes. A pesar de que la fecha podría variar, la previsión es que Oltra declare ante el juez el 6 de julio.

Apoyo de Compromís y prudencia de Puig

A la espera de que Mónica Oltra se pronuncie, lo más probable es que la dirigente de Compromís no dimita, tal como ha avanzado en reiteradas ocasiones, la última de las cuales el viernes, cuando, al ser preguntada sobre si una posible imputación podría ser una línea roja que la obligue a dejar el ejecutivo, aseguró que no necesariamente: "La línea roja es la verdad y la realidad, y es verdad que ninguna de estas personas hemos hecho nada ilícito ni deshonesto", afirmó.

Para mantenerse en el cargo, la vicepresidenta cuenta con el apoyo de la coportavoz de Compromís Àgueda Micó, que al conocer la noticia, ha reafirmado el "soporte incondicional" de la coalición al trabajo hecho por Oltra y ha asegurado que no cambiarán sus políticas por "una querella interpuesta por la extrema derecha". Más prudente se ha mostrado el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, que se ha limitado a manifestar que "respeta la justicia y sus procedimientos".

Origen del caso

La investigación tiene el origen en 2016, cuando Luis Eduardo Ramírez, entonces marido de Oltra, era educador de un centro público de acogida y abusó de una menor. Después de un primer juicio con condena en 2019, que fue anulado porque el tribunal no tuvo en consideración dos informes que ponían en entredicho la credibilidad del testimonio de la víctima, en marzo del 2021 se repitió el proceso, con un pronunciamiento del tribunal muy similar al primero, y se fijó para el agresor una pena de cinco años de prisión. La sentencia, que fue confirmada íntegramente por el TSJPV en septiembre del 2021, a pesar de que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, consideró probado que la chica, nacida en 2002, sufrió abusos.

La causa contra la consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas se inició cuando la asociación Gobierna-te, de la periodista ultraderechista y exdirigente de Vox Cristina Seguí, se querelló contra Oltra, y ahora ejerce en el caso la acusación popular. A pesar de que en un primer momento la querella fue desestimada por el juez, finalmente la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia –a instancia de la defensa de la menor, ejercida por el abogado José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000– ordenó la reapertura para investigar la supuesta omisión por parte de la consejería del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración del informe interno –que desacreditaba la versión de la víctima– sobre los hechos.

Siempre que le han preguntado si tenía noticia de la investigación que llevó a cabo su consejería antes de que la justicia fuera conocedora de los hechos, la líder de Compromís ha asegurado que se enteró del caso por su condición de exmujer del condenado y no por su cargo, cuando la avisaron por teléfono de que había llegado una citación judicial para su exmarido en el domicilio familiar el 4 de agosto del 2017, es decir, seis meses después de los hechos y cuando el centro de menores había cerrado la investigación interna.

Víctima de "una cacería política"

Para Oltra, su situación judicial responde a una "cacera política". Así lo defendió el pasado mes de abril ante las Corts Valencianes cuando mostró una fotografía del 22 de septiembre del 2021 en la que se veía conversando en la estación de Atocha de Madrid al expresidente valenciano Francisco Camps, la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, y Alberto de Rosa, director ejecutivo de Ribera Salud –empresa concesionaria de varios hospitales durante los años de gobierno del PP, ahora recuperados para la gestión pública por el actual Consell-.

Según la dirigente de Compromís, la causa que hace peligrar su futuro político responde a una operación orquestada por Seguí, de Rosa y Camps que nace de la animadversión política que le profesa la exjefa del Consell y el malestar del empresario después de que el actual gobierno valenciano ya no le permita "hacer negocio con la salud". “En toda cacería política hay que seguir el rastro del dinero", concluyó la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas.