Borràs defiende blindar las licencias por edad ya concedidas

BarcelonaEn marzo los letrados del Parlament hicieron un informe que avalaba el regreso de los funcionarios que estaban cobrando sin trabajar. Es decir, daban luz verde a revocar las licencias por edad con carácter retroactivo, tanto las 21 que estaban vigentes como las 12 que la secretaria general, Esther Andreu, autorizó durante el 2021 pero no se estaban pagando cuando el ARA informó del caso. Ahora bien, esto no es lo que está pasando: no hay acuerdo político para hacer que los funcionarios regresen a su puesto de trabajo y se están empezando a pagar parte de las doce licencias que hasta ahora estaban paradas. Según ha podido saber el ARA, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, defiende que las licencias ya autorizadas no se pueden tocar porque, a pesar de que el informe de los letrados no lo diga, son “derechos automáticos” y “consolidados”.

Así queda reflejado en el acta de la mesa del 22 de marzo, a la cual ha tenido acceso este diario. Borràs afirma que el “proceso de eliminación de las licencias por edad” era parte de su voluntad cuando llegó al cargo, pero “sin ruido ni para dentro ni para fuera”: hizo una primera reforma, acordada por unanimidad en la mesa, que mantenía las licencias pero las reducía de cinco a tres años cobrando sin trabajar. Ahora bien, relata: “La aparición de un artículo periodístico que ofrecía informaciones sesgadas sobre las licencias por edad [en alusión al artículo del ARA que destapó que el Parlament se gastaba, según datos de la propia cámara, 1,7 millones de euros anuales en pagar las licencias] comportó un sentimiento de alarma social que desencadenó en la toma de acciones drásticas por parte de la mesa para acabar con lo que se consideraba un escándalo social”. Una eliminación de las licencias por edad que defiende que se tiene que aplicar de cara a “futuro” y no tiene que afectar de forma retroactiva a los trabajadores que la pidieron cuando estaba vigente.

Su argumento es que podría provocar demandas contra el Parlament, a pesar del aval de los servicios jurídicos: “Es un derecho consolidado y automático plenamente vigente y legal en el momento en que los trabajadores accedieron a él”. Y la secretaria segunda de la mesa, Aurora Madaula (JxCat) añade: “No es justo establecer un régimen retroactivo respecto a los que están disfrutando de la licencia”. Por su parte, la vicepresidenta, Alba Vergés (ERC), pide tiempo para negociar con los trabajadores porque modificar las licencias “afecta directamente a la vida de las personas”. El posicionamiento es diferente en el caso del PSC y la CUP, que apuestan por revocarlas. La vicepresidenta segunda, Assumpta Escarp (PSC), afirma: “Las licencias autorizadas cuyos efectos estaban diferidos son revocables y no se deberían conceder”. En cuanto a las ya vigentes (21), apuesta por un régimen de compensaciones en función de cada caso. El secretario tercero de la mesa, Carles Riera (CUP), se posiciona a favor de revocar todas las licencias, pero después de una “negociación colectiva” con los trabajadores.

Activación de nuevas licencias

Pero no solo la mayoría de la mesa está apostando por mantener las licencias por edad ya concedidas, sino que en los últimos meses se están activando nuevas que hasta ahora no estaban operativas. Según varias fuentes, desde que se amplió el plazo dos meses para llegar a un acuerdo con los trabajadores –primero era el 1 de abril y ahora el 17 de junio– ha habido funcionarios que tenían autorizada la licencia (pero no ejecutada) y que ya no han vuelto más a su puesto de trabajo. Es decir, han empezado a disfrutar ahora de este régimen especial que les permitirá está hasta cinco años cobrando sin trabajar. Un hecho avalado por todos los grupos políticos. Después de que el ARA destapara las prejubilaciones de oro en el Parlament, la mesa decidió suprimir este régimen y fijó un plazo hasta el 1 de abril de este año para decidir qué hacía, por un lado, con las personas que cobraban sin trabajar (21 funcionarios con un coste en salarios de 1,7 millones de euros al año), y por la otra, con los 12 funcionarios que la pidieron en 2021 con efectos diferidos a este año.

Ahora bien, cuando llegó la hora de acordar un régimen definitivo para estos casos, la mesa decidió darse más tiempo para llegar a un acuerdo con el consejo de personal –el equivalente en el Parlament a un comité de empresa– y decidió resituar el plazo al 17 de junio. Para hacerlo, se tuvo que volver a modificar el reglamento de personal del Parlament (ERGI) primero en la mesa ampliada –donde están representados todos los grupos– y después en la comisión de Asuntos Institucionales. Pero no solo se amplió el plazo para negociar, sino que se hizo un cambio legal de mucho más calado, con efectos directos para la administración y su presupuesto. En la mesa se aprobó establecer un “régimen definitivo” antes del 17 de junio, con negociación colectiva previa, para aquellos que tienen autorizada la licencia por edad antes de su supresión, y se añadía: “Los funcionarios que tienen una licencia autorizada y han de empezar a disfrutarla antes de que se acabe el plazo, tienen que continuar prestando servicios efectivos al Parlament hasta que no se apruebe el régimen definitivo”. Por lo tanto, se entendía que ningún funcionario más, hasta el 17 de junio, podía irse de la cámara y seguir cobrando con la licencia. Pero, paradójicamente, este último fragmento despareció del texto que acabaron aprobando todos los partidos en la comisión de Asuntos Institucionales con consecuencias inmediatas: los funcionarios a quienes se les activaba la licencia por edad entre abril y junio la han empezado a coger. Una de ellas, al menos, cercana a Esther Andreu.

Petición del consejo de personal

Según fuentes parlamentarias, la modificación de última hora se introdujo a petición del consejo de personal, como signo de buena voluntad por parte de los partidos para empezar la negociación sobre el régimen definitivo. Se aceptó “sin perjuicio que posteriormente puedan ser revocadas o modificadas”. Ahora bien, lo cierto es que hasta ahora los partidos han tenido al alcance poner fin a este régimen especial y no lo han hecho. Es más: los encargados de personal en la mesa han delegado la negociación a la secretaria general –que según varias fuentes antes de llegar al cargo pidió la licencia y no se le dio– y a la jefa de recursos humanos para que lleguen a un acuerdo con el resto de funcionarios. Mientras tanto, habrá trabajadores que seguirán dejando sus puestos con licencia por edad.