Judicialización
Política 14/07/2022

Borràs, en la lista de represaliados de Òmnium solo por el Catalangate

La entidad contabiliza más de 4.200 personas perseguidas por defender el derecho a la autodeterminación

3 min
Xavier Antich esta tarde a La Modelo

BarcelonaLaura Borràs se sentaba este jueves en primera fila en el acto de Òmnium Cultural en el patio de la Modelo de Barcelona, donde se ha ampliado la lista hasta las más de 4.200 personas represaliadas "por defender el derecho a la autodeterminación", más de 1.000 víctimas más respecto al anterior recuento. En esta actualización del "mapa de la represión", elaborada en colaboración con varias organizaciones antirrepresivas, jurídicas y de defensa de los derechos fundamentales, se ha incluido a la presidenta del Parlamento. Pero el motivo no es el caso de presunto fraccionamiento de contratos por el cual la Fiscalía le reclama seis años de prisión –y que ella atribuye a una persecución política–, sino su condición de víctima del escándalo por el espionaje con Pegasus a una sexagésima de independentistas, según confirman desde la organización.

Ante el ruido alrededor de la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), pues, Òmnium ha optado por hacer equilibrios. Por un lado, la entidad no cuenta el caso de la ILC como represión del Estado por el Procés, puesto que no lo ha incluido en la lista, pero Borràs aparece por el Catalangate. Esta decisión, en todo caso, contrasta con las declaraciones que el presidente de la entidad, Xavier Antich, hizo en marzo asegurando que la dirigente de Junts "es una víctima más de los millares que hay en esta operación de estado contra el independentismo, que tiene una magnitud y un alcance enormes". Antich, de hecho, señaló una "motivación política" en la causa contra la líder de Junts.

Sea como fuere, y más allá del caso de Borràs, que ha tensado el independentismo por el debate sobre su eventual suspensión como diputada, Òmnium ha hecho hincapié en el incremento de la represión. A pesar de los indultos concedidos a los presos políticos y el diálogo con el Estado–la Generalitat y el gobierno español pactaron precisamente la semana pasada el "fin de la judicialización "–, los casos de personas perseguidas judicialmente dentro del movimiento independentista no paran y ahora, según la entidad, ya son más de 4.200. Antich ha insistido en la necesidad de "visibilizarlos". De aquí el "mapa de la represión" que ha presentado la entidad, una web en la que especifica la naturaleza de los diferentes casos. "El poder judicial solo es la punta de lanza de la represión", ha recalcado el presidente de Òmnium. "Es un objetivo debilitar los poderes del Estado convirtiendo la represión en un altavoz de denuncia internacional".

Entre otros, la entidad cuenta 1.639 personas que han sufrido violencia policial o agresiones por su ideología independentista (1066 el 1-O, 555 en movilizaciones –70 de las cuales periodistas y fotoperiodistas – y 18 agresiones por parte de grupos de extrema derecha). También 1.432 investigados en procedimientos penales (223 por la organización del 1-O, 1.065 en causas relacionadas con manifestaciones y protestas, y 15 investigados por la acción exterior de la Generalitat, entre otros) y 1.200 personas afectadas por procedimientos administrativos y contables, además de las 65 víctimas del Catalangate, donde se incluye a Borràs.

"Tienes miedo porque te van citando a declarar", narraba esta tarde Marta Garsaball, actual directora de servicios del departamento de Cultura de la Generalitat y miembro de la junta de Òmnium. Está investigada en el juzgado 13 por la organización y celebración del referéndum del 1-O, pero durante un tiempo, dice, no se lo acababa de creer: "Te niegas a creer que estés metida en una historia que te puede llevar a 14 años de prisión". La jurista recuerda, además, la incertidumbre que acompaña su caso: "Tu abogado te dice que en circunstancias normales esto no sería un delito... Por lo tanto, ¿yo qué sé?" A su lado, Òscar Campos, represaliado por las movilizaciones en Girona durante el primer aniversario del 1-O, ha reivindicado que la lucha popular ha "desenmascarado" el papel "antidemocrático y liberticida del Estado". Mientras que Jou Carmelo, implicado en varios procesos, ha lamentado que "cada vez es más difícil ayudar" a los represaliados porque cada vez son más.

Antich ha recordado que ya hay "más de 500" procedimientos de los que se contabilizan que "han sido archivados". Una muestra, a su entender, de la voluntad del chilling effect detrás de esta judicialización: "Quédate en casa, también lo dice el abogado". En este sentido, ha celebrado, entre otros, la absolución este jueves por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona de Gina, la militante de la CUP y de Endavant a quien la Fiscalía pedía 8 años de expulsión del Estado –no tiene la nacionalidad– por haber movido supuestamente dos contenedores para hacer barricadas en las protestas postsentencia del juicio del Procés. "Cuando la vulneración de derechos se convierte en norma, el Estado se convierte en un estado de excepción", ha dicho Antich: "Hay que organizarse para aprovechar la lucha antirrepresiva estratégicamente con el objetivo final de ejercer el derecho a la autodeterminación". 

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