Canarias denunciará al Estado por la llegada de migrantes: “El gobierno español nos ha dejado solos”

BarcelonaLa polémica en torno a la política migratoria en Canarias no se detiene y sube el tono este lunes. El presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha anunciado que su gobierno denunciará al Estado por la llegada de migrantes a las islas: “Vamos a tomar decisiones en el Consejo de Gobierno. Estableceremos un proceso jurídico contra el Estado. Canarias ha hecho la tarea de atender a los menores que llegan a las islas, pero el gobierno de España nos ha dejado solos”, ha expresado en las redes sociales.

¿Qué se denunciará exactamente? El presidente autonómico todavía no lo ha detallado, pero lo que sí ha denunciado al portavoz del gobierno autonómico, Alfonso Cabello, es la situación de "desbordamiento total" a la hora de atender a los menores migrantes. También ha censurado que el gobierno español haya "presionado" a las ONG para que sigan acogiéndolos a pesar del "colapso" de los centros de acogida: "Ahora mismo tenemos 5.283 menores, 944 más de los que podemos acoger", ha expuesto. Cabello admitió que la presión que denuncia se concreta en la comunicación policial o de la Fiscalía en la que se les pide acoger a más menores.

Clavijo ha manifestado su voluntad de tener un "debate intenso" con el Estado, y ha añadido que adoptará "las medidas que sean necesarias para abordar la gestión migratoria y la situación de los niños y niñas no acompañados que llegan a las Canarias”. También ha augurado que los próximos meses serán "durísimos" en cuanto a la llegada de barcazas a las islas.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones y Frontex, en lo que va de año, 21.620 migrantes han llegado irregularmente a las Islas Canarias procedentes de las costas de África occidental, un 154% más que en el mismo período de 2023. El gobierno canario lo compara con el modelo que ha desplegado la primera ministra Giorgia Meloni y las instituciones europeas en Italia, donde las llegadas se han reducido un 62,5% en sólo un año, pero se han producido más de un millar de desapariciones. En la ruta canaria han desaparecido casi 700 personas este año intentando atravesar el Atlántico.

Todo ello llega la semana después de una gira del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por Senegal, Gambia y Mauritania, con la gestión de los flujos migratorios como principal tema en la agenda. "Valoro los gestos como la gira del presidente Sánchez por países africanos, pero los gestos deben ir acompañados de la acción política o no servirán de nada", ha valorado Clavijo, quien considera que su autonomía está ahora "soportando toda la presión migratoria del sur de Europa”.

La posición del PP

El primero en reaccionar al anuncio por parte del gobierno español ha sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresidente de las Islas Canarias, en RNE: “Desconozco el contenido de este contencioso, no sé qué se va a pleitear [litigará ]. Si estamos hablando de los menores, estamos frente a una competencia autonómica”, ha expuesto. Posteriormente, el presidente del Gobierno de Canarias ha anunciado que la comunidad autónoma defenderá que las competencias sobre los menores migrantes no acompañados son competencia directa del ejecutivo central, que en la mayoría de casos "recoge", introduce en la frontera española y después entrega a la Comunidad autónoma, por lo que en ningún caso están desamparados. “¿Estamos hablando de devolver competencias? No, estamos hablando de un conflicto positivo de competencias, porque la ley del 96 habla de que el menor es competencia de la comunidad autónoma si está abandonado. Pero estando bajo la guardia del Estado, no está ni abandonado ni está, cómo no, en una situación de desamparo. Por tanto, no es competencia de la comunidad autónoma, es competencia del Estado”, ha aseverado Clavijo en declaraciones a los medios tras la celebración del pacto migratorio.

El presidente canario ha detallado también que se ha pedido a los servicios jurídicos que analicen la situación y proponga todas las medidas administrativas o jurídicas posibles. “Hay que analizar los siguientes pasos, pero el debate jurídico puede ser en el ámbito administrativo, penal o constitucional, oa los tres a la vez. Serán los servicios jurídicos quienes lo dictaminen”, ha aclarado. En este escenario de enfrentamiento, el ministro y expresidente canario ha opinado que no deja de ser un "ataque al gobierno de España" y que Clavijo toma esta decisión para "proteger a su socio". El gobierno canario es de coalición entre Coalición Canaria y PP. “Quien votó en contra [de la ley de extranjería] es el PP. Si hubiera votado a favor estaríamos empezando a derivar a menores”, ha asegurado Torres.

Cabe recordar que el PP avaló el reparto 400 menores entre las comunidades autónomas a finales de junio –por lo que Vox rompió los gobiernos autonómicos que compartían– pero que se trataba de un acuerdo concreto y limitado a esta cifra de niños y jóvenes. A finales de julio, el PP tumbó a la reforma de la ley de extranjería, junto con Vox y Junts. La nueva normativa quería fijar una distribución obligatoria cuando las plazas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla estén al 150% de ocupación.