¿Cáritas puede estar tranquila en Extremadura? El PP y Vox discrepan
Tellado replica que Càritas "puede estar tranquila" después de que los de Abascal dijeran que puede dejar de recibir subvenciones por atender a inmigrantes ilegales
MadridUn mismo texto con dos interpretaciones diferentes. Cuatro días después de que el PP y Vox anunciaran un acuerdo de gobierno en Extremadura, las versiones sobre qué implica la "prioridad nacional" en el acceso a los recursos públicos son contrapuestas. Los populares rebajan el alcance de este enunciado y sostienen que, en ningún caso, será discriminatorio con los extranjeros que residan legalmente en España. Por su parte, Vox asegura que sí que quiere decir que se dará preferencia a las personas con nacionalidad española. "Los españoles primero en ayudas, vivienda y servicios", ha remachado este lunes el portavoz de la extrema derecha, José Antonio Fúster, en rueda de prensa.
No es la única contradicción. En una entrevista a El País publicada este fin de semana, los dirigentes estatales de Vox José María Figaredo y Carlos H. Quero, miembros del equipo negociador, pusieron a Cáritas en el punto de mira. El pacto recoge que habrá una "supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal". Figaredo y Quero dejaron claro que esto puede incluir perfectamente a Cáritas, por el hecho de que acoge a inmigrantes irregulares y refugiados, por mucho que sea una entidad religiosa. "Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que dinero de los contribuyentes vaya a promover la invasión", sentenciaron.
En una rueda de prensa este lunes, en cambio, el número dos del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que en Cáritas "pueden estar tranquilos". Según el secretario general popular, para concluir que una ONG está "colaborando con la inmigración ilegal", es decir, con las "máfias", hará falta que esté "acreditado por sentencia". Sin una condena de los tribunales no habrá retirada de subvenciones, replica el PP. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo reclaman "no poner miedo en el cuerpo a la gente con cosas que no pasarán". Tellado ha argumentado que este enunciado ya ha formado parte de acuerdos en otros territorios, como en el País Valencià, y "en ninguno de estos casos se ha acabado con la acción humanitaria".
Los populares sostienen que Vox despliega una narrativa, con expresiones como la de "prioridad nacional", pero que no tendrá una aplicación práctica porque topa con los límites legales. El acuerdo, de hecho, recoge el compromiso "de instar" a la modificación de la ley de extranjería "y todas las disposiciones normativas que dificulten la consecución efectiva" del "principio de prioridad nacional", que es "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quien mantiene un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". El PP asegura que son "criterios objetivos" que pueden beneficiar a personas nacidas fuera de España pero que hace tiempo que están arraigadas en el territorio.
La negociación en Aragón
Si bien al día siguiente de anunciarse el acuerdo en Extremadura el de Aragón parecía inminente, las partes lo han enfriado. El portavoz de Vox ha admitido que la "prioridad nacional" podría formar parte de él, pero Fúster ha advertido que en este segundo territorio serán todavía más exigentes. El porqué es el hecho de que la correlación entre las dos formaciones está "más nivelada". Comienza un nuevo tira y afloja por el relato sobre la negociación. Vox asegura que es cosa del PP que no se desbloquee ya, mientras que desde la dirección estatal popular afirman que están "respetando los tiempos" de la extrema derecha. "Iremos poco a poco. Hay tiempo", sostienen. El 3 de mayo es la fecha límite para evitar una repetición electoral en Aragón. De momento, María Guardiola será investida como presidenta de Extremadura el miércoles, a la espera también de un pacto en Castilla y León.