Carles Puigdemont: amnistía o toda una vida en el exilio

BarcelonaAvalada por la justicia europea, la amnistía ha iniciado esta semana el último tramo del camino para que todos los represaliados del independentismo puedan dejar atrás las causas judiciales. Para empezar, en las próximas semanas los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo y los treinta y cinco dirigentes políticos a quienes la Fiscalía pide 3 millones de euros al Tribunal de Cuentas, deberían ser los primeros beneficiados por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero en la cúspide de la jerarquía jurídica del Estado, el Tribunal Supremo se resiste a aceptar que los líderes del Procés queden exonerados de cualquier responsabilidad, algunos sin siquiera haberse presentado ante él.

La pieza de caza mayor ha sido siempre Carles Puigdemont. A Oriol Junqueras y a la mayoría de primeras espadas del Procés ya los juzgaron y encarcelaron, pero el presidente de aquel gobierno ha ido esquivando todos los intentos de extradición que el magistrado Pablo Llarena ha intentado desde que asumió la instrucción de la causa. Cuando se aprobó la amnistía, el Supremo innovó con una interpretación sui generis del delito de malversación: el enriquecimiento indirecto por el hecho de impulsar un referéndum sin que los organizadores lo sufraguen de su bolsillo. Ahora, el Supremo no se da por aludido de la sentencia europea y esperará que el Tribunal Constitucional sea el primero en moverse.

El plazo de prescripción del delito

Puigdemont y sus consejeros Toni Comín y Lluís Puig llevan nueve años en el exilio. A ellos tres no se les ha podido condenar, pero hace casi una década que no pueden volver a casa –salvo la aparición fugaz de Puigdemont hace dos años en Barcelona–. Ya no los buscan por rebelión ni por sedición, sino por malversación agravada, un delito que prescribe a los quince años. Así pues, ¿podrían volver a Cataluña sin riesgo de ser detenidos dentro de seis años en caso de que no se les aplique la amnistía? No. Aunque el Código Penal no es lo suficientemente claro, la doctrina del mismo Tribunal Supremo detalla, por ejemplo, que en caso de que haya una orden de detención, la prescripción del delito queda paralizada.

Si no es amnistiado, Puigdemont se arriesga a pasar toda una vida en el exilio. Fuentes de su defensa confirman que el periodo de prescripción no ha comenzado, pero, como decía Gonzalo Boye este sábado en una entrevista al diario, mantienen que el Tribunal Supremo o, si no, el Constitucional, están obligados a cumplir la ley, y más después de la resolución de Europa.

Los detalles de la semana

Cercanías ha dejado de ser el foco de atención política, pero su servicio continúa siendo más o menos igual de precario. Retrasos diarios, incidencias que obligan a los pasajeros a bajar de los trenes, calor por la acumulación de gente... Esta semana en la R4, además, había un problema con la megafonía. “Próxima parada, vigile con la distancia entre el coche y el andén, correspondencia con Zaragoza-Delicias”.

Junts ha celebrado esta semana el aval del TJUE a la ley de amnistía. El jueves, el secretario general, Jordi Turull, tuvo dos encargos principales: salir en rueda de prensa a felicitarse por el resultado y reunirse a continuación con Pere Sánchez. Con el líder de Coalición por Mallorca parece que hay mejor sintonía que con el presidente español y el mismo Turull lo recordó de forma divertida.