Catalunya pasará a recaudar casi la mitad del impuesto de patrimonio de todo el Estado
El gobierno español no se ha movido para revertir el 'dumping' fiscal entre comunidades
BarcelonaEl presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha aliñado el anuncio de supresión del impuesto de patrimonio abriendo las puertas de su comunidad a los catalanes más ricos. No a los aragoneses más ricos ni a los gallegos más ricos, exclusivamente a los catalanes más ricos. ¿Por qué? Probablemente, en parte se debe a esa catalanofobia que acostumbra a funcionar en política, especialmente si se habla de dinero, pero señalar a Catalunya cuando el tema de debate es el impuesto de patrimonio no es gratuito. La Generalitat recaudó a partir de este impuesto 546,6 millones de euros en 2020 –el último año del que se tienen datos oficiales– de 80.150 contribuyentes. Es a estas personas a las que se dirige Moreno Bonilla (el 1% de la población catalana), sabiendo que pagaron el 45% del total de lo que se recaudó en el Estado (1.200 millones de euros). Si Andalucía ya hubiera aplicado la bonificación al impuesto en 2020, el porcentaje catalán ya habría supuesto el 49,2%. Es decir, si no hay un efecto fuga, casi la mitad de lo que se recaude en España a partir del año que viene llegará a las arcas de la Generalitat.
El gobierno andaluz renunciará a unos 90 millones de euros, que en términos relativos no pasan del 0,0002% de los ingresos totales de la comunidad. En términos de recaudación el impuesto de patrimonio no es más que un parche y su lectura siempre se ha hecho pensando en su capacidad redistributiva (los más ricos son los únicos que lo pagan). La decisión de Moreno Bonilla beneficiará a 19.000 personas (el 0,2% de la población) con un patrimonio sumado de unos 52.000 millones de euros (2,7 millones per cápita) y que pagaban 5.500 euros cada uno de media al año. Disfrutarán del mismo trato fiscal que los madrileños, que no pagan impuesto de patrimonio desde el 2008 (la Comunidad de Madrid renuncia a recaudar aproximadamente 1.000 millones de euros anuales). "Parece un castillo de naipes. Ya teníamos Madrid, ahora Andalucía y, si no se pone fin a esta práctica, acabará representando la eliminación del impuesto de patrimonio", reflexiona el catedrático en economía de la UB Alejandro Esteller.
Este impuesto no afecta de manera determinante a la recaudación (en Catalunya, con cinco veces más ricos que Andalucía, supone un 1,3% de los ingresos), pero sí que puede ser una medida para hacer más atractiva fiscalmente la residencia en una comunidad para las personas que acumulan mucho patrimonio. El estudio Paraísos fiscales, impuestos sobre el patrimonio y movilidad, capitaneado por los académicos Clara Martínez, David Agrawl y Dirk Foremny, concluyó que solo entre 2011 y 2015 se trasladaron a Madrid 6.000 grandes fortunas atraídas por su baja fiscalidad. La competencia fiscal a la baja se llama dumping fiscal y Madrid es el paradigma de esta práctica, que han denunciado recurrentemente otras gobiernos autonómicos e incluso el ejecutivo español. Ahora hace un año y a consecuencia del pacto presupuestario con ERC, la Moncloa encargó un informe a varios expertos en el tema para empezar a poner los fundamentos de una futura reforma fiscal. Las recomendaciones llegaron en forma de un documento de 800 páginas que, hoy por hoy, sigue guardado en un cajón.
¿Se tiene que acabar con la competencia fiscal?
Ese informe concluyó que había que armonizar ciertos impuestos fijando unos topes mínimos que tuvieran que respetar todas las autonomías. Así, se reduciría la competencia fiscal en figuras como la de patrimonio o sucesiones. Esteller recuerda, sin embargo, que si un gobierno autonómico es partidario de eliminar estos impuestos no tendrá incentivos para hacer cumplir los topes mínimos de manera rigurosa, por ejemplo destinando todos los recursos posibles a la inspección. De hecho, actualmente ya es difícil perseguir la evasión fiscal en el impuesto de patrimonio y se calcula que en Catalunya se recaudan 6 de cada 10 euros que tendrían que llegar. Otra opción, apunta el catedrático, sería seguir el modelo que usan los Estados Unidos en algunos impuestos y hacer convivir un impuesto de patrimonio estatal con uno autonómico. El contribuyente tendría un tope mínimo que quedaría fijado por la cuota estatal y el gobierno autonómico podría decidir no poner ninguno –la recaudación iría a parar íntegramente a las arcas del Estado– o fijar una cuota propia –el Estado dejaría de recaudar la parte que se quedara la comunidad autónoma.
La Moncloa ha echado balones fuera adelante argumentando que la guerra en Ucrania hacía inviable afrontar una reforma fiscal profunda. Esta semana, sin embargo, no se ha reservado críticas a la decisión del presidente andaluz de rebajar los impuestos acusándolo de querer beneficiar solo a los privilegiados a costa de los servicios públicos. "Tienen cuatro opciones: la armonización fiscal; la convivencia entre un impuesto estatal y uno autonómico; eliminarlo o, si no hacen nada, dejarlo morir", dice Esteller. De momento, sigue haciendo camino la cuarta opción.
¿Delegación en Barcelona para captar empresas?
Todo apunta a que la voluntad del gobierno andaluz de captar a empresarios catalanes no se quedará con un único llamamiento de su presidente. Según informa este martes El Español, el ejecutivo de Moreno está preparando la apertura de una delegación en Catalunya para estar más cerca de empresarios y emprendedores catalanes. De hecho, en 2020 el gobierno andaluz ya aprobó la creación de una oficina en Barcelona, pero con la pandemia de por medio no se acabó materializando. Sea como sea, la apertura de la nueva sede no será inmediata, sino que todavía se está estudiando.
