Tribunales
Política 27/01/2022

Cinco años después, la causa del 13 vuelve a alejarse del juicio

La Audiencia se abre a discutir si hay que añadir la investigación de Exteriores, cosa que dilataría todavía más el procedimiento

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Un urna en una de las meses electroals del referéndum del 1-O

BarcelonaEl 27 de enero de 2017, este jueves se cumplen cinco años, el abogado Miguel Duran llevaba a los juzgados las manifestaciones del juez y ex senador de ERC Santi Vidal en unas conferencias con militantes. La denuncia acabó recayendo en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Durante meses el objeto de la investigación fue una incógnita -el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, ya difunto, tardó 21 meses en aclarar que investigaba la organización del 1-O-, pero lo que nadie imaginaba es que aquella primera denuncia se convertiría en un cajón de sastre, una auténtica caja de los truenos con una treintena de investigados que acabaría nutriendo la causa del Tribunal Supremo y desembocando en la condena a los líderes del Proceés, finalmente indultados. Cinco años después, la causa del 13 sigue abierta. “Es la primera que se puso en marcha y de las últimas que se juzgarán”, apunta la abogada Olga Tubau, que inicialmente representaba a Vidal -finalmente exculpado- y que ahora lleva la defensa del director de TV3, Vicent Sanchis.

El último giro de guion ha vuelto a alejar la posibilidad de ir a juicio. Algunas de las defensas han denunciado la existencia de paralelismos entre esta causa y la que lleva el juzgado de instrucción 18 de Barcelona -que investiga la acción exterior del Govern y su financiación entre 2011 y 2017- y han pedido que las dos se investiguen juntas. En una resolución reciente a la que ha tenido acceso el ARA, la Audiencia de Barcelona ha abierto la puerta al hecho de que se discuta si hay que sumar las dos causas, después de que tanto la Fiscalía como Vox -que ejerce de acusación popular- se mostraran a favor del debate en un gesto inédito de apoyo a las peticiones de las defensas. Ahora bien, si finalmente las dos causas se acabaran acumulando se dilataría todavía más la llegada del juicio, porque implicaría la práctica de nuevas diligencias y engrosaría con nuevos investigados el caso del 13, entre ellos el ex conseller Raül Romeva.

Los cinco años que el caso lleva abierto se han convertido en una espada de Damocles para los investigados, un periplo “devastador”, en palabras del abogado Ramon Setó, que lleva la defensa de varios ex cargos investigados. Los procesados por desobediencia saben que se podrían enfrentar a una larga inhabilitación, mientras que para los imputados por malversación -un delito que implica “una carga extra”, subraya Tubau- la amenaza es la condena de prisión. “En este delito las penas se disparan”, coincide el abogado Jorge Navarro, que defiende al jefe de Unipost. Los procesados también han tenido que hacer frente a una fianza millonaria (5,8 millones de euros) que se cubrió con las aportaciones de la Caixa de Solidaridad y que sigue consignada en los juzgados desde mayo de 2019.

El peso de la sentencia del Supremo

La investigación del juzgado 13 se convirtió en el pilar de la causa del Supremo, y las dos compartieron los informes del jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el teniente coronel Daniel Baena, cerebro de la tesis de la rebelión y la sedición. Setó subraya que la causa del 13 ha servido para “construir” la sentencia del Supremo. Las defensas tienen claro que el relato de los hechos que hizo la sala presidida por Manuel Marchena condicionará inevitablemente el tribunal que juzgue la causa del 13, y más teniendo en cuenta que los condenados en Madrid son “los responsables jerárquicos” de los investigados en el juzgado barcelonés, apunta Setó.

Los letrados dejan claro que las acusaciones tendrán que ser capaces de demostrar la responsabilidad de los procesados en estos hechos. “Hay que examinar la conducta individual”, subraya Tubau, si bien Navarro considera que la sentencia del alto tribunal “restringe las posibilidades de defensa” de los investigados. Si llega el juicio y resulta en una condena, en todo caso el penalista cree que también se tendría que estudiar un indulto “por coherencia” con lo que ha pasado en la causa del Procés.

Lo que los tres penalistas tienen claro es que el 2022 no será el año del juicio de la macrocausa. El hecho de que todavía se tenga que discutir sobre la acumulación de la investigación del juzgado 13 y la del 18 marcará el calendario de este año para la tramitación del procedimiento. Primero habrá que resolver esta cuestión y, si las defensas o las acusaciones no están de acuerdo con lo que decida la juez Alejandra Gil, podrán recurrir, cosa que alarga el tiempo para ir a juicio. A todo ello hay que sumar la dificultad que supondrá encontrar un agujero en el calendario de la sección 21 de la Audiencia para juzgar una causa con 90 tomos y una treintena de procesados que se alargará durante meses. El final de la primera causa del Procés se divisa lejano.  

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