¿Cómo se paga una fianza solidaria como la que reclama el Tribunal de Cuentas?

Se individualiza la cifra concreta, pero si un cargo no paga lo tiene que asumir el resto

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Raül Romeva, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, el 24 de enero del 2017 en una conferencia al Parlamento  Europeo

El Tribunal de Cuentas ha impuesto a una cuarentena de ex altos cargos de la Generalitat el pago de una fianza de más de 5,4 millones de euros por los gastos del Govern en la acción exterior. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que pagar cada uno? Cómo se calcula? ¿Qué implica que la fianza sea solidaria? La documentación que el tribunal ha facilitado a los abogados desgrana los diferentes conceptos que se consideran sospechosos y el dinero que se pide como fianza a la espera de que un juicio determine si los gastos se hicieron correctamente o no. En función de los cargos implicados en cada capítulo y su responsabilidad, el tribunal fija la cantidad que como máximo tendría que depositar provisionalmente cada uno. Se trata de una cifra máxima porque el total de 5,4 millones de euros lo tienen que pagar poniéndose de acuerdo todos los encausados: es decir, tienen que pactar entre ellos las cifras que asume cada uno hasta superar los cinco millones respetando el límite de dinero que establece el tribunal que puede aportar cada cargo. Técnicamente, esta forma de pago se denomina fianza solidaria.

La catedrática de derecho administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela Alba Nogueira explica en conversación con el ARA que esta es la manera de reclamar una fianza "más beneficiosa" para el receptor del dinero. Se procede de la siguiente manera: se fijan cantidades individuales para cada uno de los deudores –como ha hecho el Tribunal de Cuentas–, pero si hay alguno que no paga se puede pedir al resto aunque no forme parte de su deuda. Es decir, si hay algún cargo de la Generalitat que no deposita la fianza, este dinero los tendrán que abonar entre los demás. Lo que es evidente es que el receptor del dinero siempre cobra.

Por ejemplo, en el caso de los viajes hechos por los presidents de la Generalitat –uno de los primeros conceptos que aparece como sospechoso, a pesar de que de entrada forma parte de sus competencias– se compatibilizan 274.069,68 euros de importe principal, a los que se suman 14.457,15 euros de intereses para hacer un total de 288.526,83 euros. Esta cantidad se distribuye entre los "presuntos responsables": Artur Mas (con un importe presunto de 110.179 euros), Carles Puigdemont (con un importe presunto de 163.889 euros), Francesc Homs (con un importe presunto de 110.179 euros), Andreu Mas-Colell (con un importe presunto de 110.179 euros), Oriol Junqueras (con un importe presunto de 163.889 euros), Raül Romeva (con un importe presunto de 163.889 euros), Mireia Vidal (con un importe presunto de 144.507 euros), Rosa Vidal (con un importe presunto de 129.562 euros), Jordi Vilajoana (con un importe presunto de 110.179 euros) y Joaquim Nin (con un importe presunto de 163.889 euros).

Cualquier persona que sume estas cantidades verá que suman mucho más de los 274.069 euros, que es el importe principal presuntamente malgastado. Y es que es aquí donde está la clave de la fianza solidaria. Los cargos, a la hora de pagar, tienen que conseguir aportar la cifra total y tienen que negociar entre ellos qué aporta cada uno. Ahora bien, el Tribunal de Cuentas fija un límite: Mas no puede aportar más, según la responsabilidad que se le atribuye, de 110.179 euros, mientras que la cantidad límite de Puigdemont es 163.889 euros, así como la de Junqueras o Romeva.

"Es una manera muy injusta de proceder", afirma Nogueira. En cualquier proceso de sanción, explica, se acostumbra a individualizar las responsabilidades para responder solo de los propios actos y no de terceros, de forma que la práctica del Tribunal de Cuentas se aleja de la práctica habitual en los procedimientos judiciales. "Es anómalo", dice, además de considerar que no cumple las garantías habituales el hecho de que este martes se hayan entregado más de 500 páginas a los abogados sobre la liquidación provisional y solo hayan tenido tres horas para mirarlo y diez minutos para hacer alegaciones.

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