El Congreso avala entre reproches a los candidatos al TC vinculados al PP

MadridHaber conseguido desencallar la renovación del Tribunal Constitucional (TC) no servirá para que el organismo se desprenda de su imagen politizada. Todo lo contrario, todavía se agravará. Especialmente después de la elección que ha hecho el PP de los dos magistrados conservadores, Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel, rodeados de vínculos explícitos con el partido que dirige actualmente Pablo Casado e, incluso, con casos de corrupción. Este martes, los dos han pasado por el Congreso para comparecer ante la comisión consultiva de nombramientos para defender su trayectoria, pero también para intentar rebajar cualquier vínculo con el PP. Ahí se han encontrado con las críticas de los grupos de la oposición, pero también de los partidos que han pactado sus nombramientos: PSOE y Unidas Podemos. De hecho, los dos socios de gobierno han intentado desentenderse de la elección del PP.

En los últimos días han aflorado puntos negros, especialmente en la trayectoria de Arnaldo, que han puesto en entredicho que su perfil sea el idóneo -precisamente esto es lo que se votaba en la comisión del Congreso- para formar parte del TC. Ha vuelto a la luz pública, por ejemplo, su imputación en el caso Palma Arena, que implicaba al expresidente del PP en las Islas Baleares Jaume Matas. "Fui exonerado y me gustaría ser tratado como tal", se ha defendido Arnaldo. Y también haber aparecido en el sumario del caso Lezo, que involucra al PP de Madrid en una trama corrupta relacionada con la gestión de la empresa pública del Canal de Isabel II. En unas grabaciones, publicadas por algunos medios de comunicación como Público, Arnaldo explica que se estaba "moviendo" para conseguir colocar a fiscales afines que favorecieran al expresidente madrileño Ignacio González. "No me pronunciaré sobre la revelación de documentación de un proceso que está archivado desde hace tiempo; unos documentos por los que no me preguntaron", se ha limitado a decir Arnaldo.

El magistrado ha defendido su derecho a la presunción de inocencia y ha asegurado que su pasado no es incompatible con ejercer su cargo con "imparcialidad". De hecho, ha subrayado que no ha "militado" nunca en ningún partido político y ha quitado hierro al hecho de haber participado en varias charlas organizadas por la FAES, la fundación vinculada al PP. "Eran debates abiertos y plurales, basados en el acercamiento a cuestiones desde el punto de vista técnico y jurídico", se ha justificado. "Nunca he recibido ninguna instrucción de ningún partido, no lo aceptaría ni lo aceptaré", ha añadido.

Críticas de los socialistas

Con estas palabras, Enrique Arnaldo Alcubilla ha intentado convencer a los diputados que habían cuestionado su perfil. El diputado socialista Odón Elorza ha sido de los más contundentes. "Su candidatura genera desconfianza", le ha espetado solo empezar. "No cuestionamos que cumpla los requisitos por sus méritos, pero lo que está en juego es la recuperación de la confianza en el funcionamiento del TC", ha afirmado.

El gobierno ha dejado en manos de los partidos las críticas al acuerdo que llegaron con los populares, porque la portavoz del ejecutivo español, Isabel Rodríguez, se ha limitado a decir que los socialistas solo se hacen "cargo de sus nombramientos y no de los nombramientos de otros partidos". Sin entrar en el pasado de Arnaldo, Rodríguez ha justificado haber avalado a los magistrados propuestos por el PP por un "interés mayor" que era la renovación de los órganos constitucionales. En cambio, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha admitido que el nombramiento no les gustaba, pero en una entrevista a RNE ha intentado justificarlo diciendo que los populares también se han tenido "que tragar el sapo" de que haya magistrados progresistas en este órgano.

Espejel defiende su "imparcialidad"

Ciudadanos y Vox también han criticado a Arnaldo, pero se han centrado sobre todo en cargar contra el sistema de reparto de cargos. De hecho, como protesta, después de la intervención del magistrado han abandonado la comisión. ERC y el PNV no han participado, mientras que Junts ha cargado contra la politización de la justicia. También por el caso de la otra magistrada propuesta por el PP, Concepción Espejel. De su trayectoria, destaca el voto particular que emitió en la sentencia absolutoria contra el mayor Josep Lluís Trapero. Espejel no cree que esto sea un problema que le impida pronunciarse sobre los recursos que los líderes independentistas han presentado al TC.

"No tengo un perfil político, sino técnico. Siempre he resuelto con un criterio de imparcialidad", ha asegurado, después de negar haber recibido ninguna indicación de ningún partido. Espejel también fue apartada del tribunal que juzgaba la trama Gürtel en 2015 por su proximidad al PP, a pesar de que ella, este martes, ha negado que fuera por eso, sino que dice que fue por el hecho de haber sido nombrada por el Senado a propuesta del PP como vocal del CGPJ y después haberse incorporado a la sala segunda de la Audiencia Nacional. Una secuencia que podía trasladar una "apariencia" de falta de imparcialidad, ha dicho. Además, Espejel ha negado ninguna "amistad" con la exministra María Dolores de Cospedal: "Es muy fácil montar una campaña de desprestigio por parte de un sector de los medios".

Las críticas a Espejel y Arnaldo han contrastado con los elogios que han recibido Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel (propuestos por el PSOE), el magistrado que redactó la sentencia absolutoria de Trapero, por parte de la mayoría de los diputados que estaban presentes en la comisión. Los cuatro han acabado recibiendo los votos favorables de PSOE, PP y Unidas Podemos y la abstención del grupo Plural, donde está Junts.

Los magistrados del Tribunal de Cuentas

El Congreso también ha avalado los nombramientos de los seis nuevos juristas que entrarán en el Tribunal de Cuentas –el 10 de noviembre comparecerán los otros seis nuevos miembros en el Senado–. Todos han coincidido en defender la función del órgano fiscalizador y, ante las críticas del diputado de Junts Josep Pagès por la causa abierta contra la acción exterior de la Generalitat, Enriqueta Chicano, una de las dos magistradas que repetirá en el tribunal, a propuesta del PSOE, ha negado cualquier "abuso de derecho en el control del gasto público en cualquier de sus facetas y ámbitos territoriales".