"Creo que te pedirán el impuesto": las sospechas de la UCO de financiación irregular del PSOE

El informe de la Guardia Civil que implica a Santos Cerdán apunta la posibilidad de que el partido también se beneficiara del cobro de comisiones

Santos Cerdán en una sesión de control en el gobierno en el Congreso.
13/06/2025
4 min

MadridLas sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe que implica a Santos Cerdán trascienden al ex número 3 del partido ya los otros dos presuntos miembros de la trama de comisiones ilegales formada con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. En algunas partes del documento los investigadores apuntan a la posibilidad de que fuera una práctica que beneficiara también al PSOE y que existiera una red de empresas afines, gestionada por Cerdán, a quien los socialistas habrían podido beneficiar con adjudicaciones de obras públicas a cambio de contraprestaciones económicas. Las dudas que ha generado el informe sobre la financiación del partido han provocado que Pedro Sánchez anunciara una auditoría externa de sus cuentas. Ahora bien, tanto él como sus ministros han negado una posible financiación irregular del PSOE. ¿Qué lleva a pensar que podría haber irregularidades?

El motivo para destituir a Ábalos

Nunca se ha aclarado por qué el líder del PSOE prescindió de Ábalos, le cesó como ministro y situó como número tres del partido en su sustitución a Cerdán, que era miembro del equipo del secretario de organización y quien le puso en contacto con Koldo. Sánchez siempre ha negado que le destituyera para que tuviera sospechas o evidencias de corrupción. El motivo de que apartara su mano derecha es una incógnita que persigue al presidente del gobierno español, y las suspicacias crecen a medida que se van conociendo más indicios que amplían la red de implicados en la trama, como es el caso de Cerdán, de quien Sánchez dijo no haber olfateado ningún rastro de corrupción hasta este jueves.

El informe de la UCO aporta una nueva hipótesis y apunta a que lo que habría originado el cese no es que se descubriera que cobraban comisiones de adjudicaciones de obras públicas, sino que lo hacían fuera de un hipotético circuito clientelar del partido. Según la Guardia Civil, Ábalos y Koldo habrían hecho negocios con Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR) "a escondidas" del PSOE, lo que habría enfadado a Cerdán, que, en cambio, sí aprobaba y "gestionaba" presuntamente el pago de contraprestaciones.

Empresas "fuera del baile"

La Guardia Civil llega a esta conclusión a raíz de una conversación entre Koldo y el empresario José Ruz, accionista de LIC, con el que mantuvo una relación fluida al margen de Cerdán y con quien desde principios del 2021 se comunicaba por "líneas telefónicas seguras". El informe también recoge cómo estos contactos se traducen en presiones del exasesor dentro del ministerio de Transportes a la presidenta de Adif en ese momento, Isabel Pardo de Vera, para que se le concedieran adjudicaciones a LIC a cambio de contraprestaciones económicas para el exministro y él. Una vez Ábalos está fuera del ministerio de Transportes, en septiembre del 2022, Ruz mantuvo una conversación con Koldo que según la interpretación de la Guardia Civil pondría de manifiesto que había empresas a las que el PSOE beneficiaba deliberadamente con contratos y otras que, en cambio, quedaban "fuera del baile", en palabras del empresario.

Ruz manifestaba la voluntad de reunirse con Cerdán ("el navarro") para quejarse de que "basta con tener heridos inocentes", en referencia a compañías externas a la red socialista, supuestamente gestionada por el ex número 3 del partido, que no se beneficiaban de las adjudicaciones. La UCO concluye que Ruz utiliza el término "ganadería" en referencia al partido y el informe señala como un "aspecto relevante de estos mensajes" el hecho de que el empresario sostenga que "dejar fuera a estas empresas no fuera conveniente para laganadería» o que ésta fuera la responsable de que las empresas hubieran sido apartadas".

"Te pedirán el impuesto"

Otro movimiento que genera la sospecha de la UCO es un supuesto contacto entre la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el director general de Carreteras, Javier Herrero. Algunos de los contratos bajo sospecha fueron justamente licitados por esa dirección general. El informe recoge cómo en marzo del 2022 Koldo avisa a Herrero de que desde la gerencia del partido –asumida por Fuentes "a iniciativa de Santos unos meses antes"– le habían pedido que les pasara su teléfono. "Creo que te pedirán el impuesto", le advierte el ex asesor. Horas más tarde, Herrero explica a Koldo que "le habían enviado un formulario pero no le habían especificado la cantidad".

"El 80% era para dar al partido"

Otro indicio, a juicio de la UCO, de esta presunta financiación irregular es el intento de Cerdán a finales del 2018 de que le dieran un cargo a Indra, que tiene parte de capital público, por "poder contar con otra fuente de ingresos que le permitiera sostener sus gastos familiares en Madrid". Ante la negativa que le trasladó el propio Sánchez al ser una "empresa cotizada", Cerdán se quejó en una conversación con Koldo de que no la hubieran colocado en la empresa donde quería. "Quien más pierde es el partido", aseguró el ex número 3 del PSOE, quien manifestó que "el 80% [de su sueldo] era para dar al partido".

Sin embargo, este viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha circunscrito el caso Cerdán a comportamientos "individuales" de miembros del partido. "No hay nada que esconder", ha coincidido el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Estas sospechas han llevado a ERC a advertir que "si no es un caso aislado", su grupo parlamentario les retirará su apoyo a Madrid. Sumar incluso se ha abierto a solicitar que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, pero el gobierno español lo ha descartado rápidamente. La presión a los socios de Sánchez la ha seguido haciendo Alberto Núñez Feijóo, quien les ha acusado de "facilitar y mantener la corrupción". El líder del PP ha vaticinado que el caso terminará tanto con el gobierno español como con el PSOE.

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