Por qué debería absolverse al fiscal

MadridEste último trimestre del año es tan intenso que, al final, un juicio de los llamados históricos, lo que tiene lugar contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está quedando en parte diluido en una tormenta de noticias políticas y judiciales. La dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón; el inicio de conversaciones entre el PP y Vox por pactar su sustitución; el libro del rey emérito –lleno de autojustificaciones y de acusaciones a terceros–, y la ruptura del pacto de investidura con Pedro Sánchez, anunciado por Junts, se han disputado espacio y atención a la vista oral en curso contra el fiscal.

Sin embargo, este caso supone todo un test para el Supremo. No es poco lo que está en juego en esta causa. En primer lugar, por el fiscal, porque le piden seis años de cárcel por intentar detener la mentira de cómo se plantearon las negociaciones entre la Fiscalía y el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pero el reto es también para el Supremo, dado que la causa sobre la que tendrá que dictar sentencia nunca hubiera tenido que ir tan lejos.

Prestigio en juego

En buena parte, el Supremo se juega también su prestigio porque la marcha del juicio está poniendo de relieve la falta de pruebas objetivas sobre la presunta culpabilidad de García Ortiz. Puede haber gente que crea que el fiscal general filtró el correo electrónico en el que el abogado de dicho empresario admitía el fraude de su cliente y proponía negociar. Pero ningún testigo lo ha confirmado y, en cambio, hay varios periodistas que han declarado conocer este mensaje antes de que trascendiera. Como no existe una prueba incontrovertible de la culpabilidad de García Ortiz, cuesta imaginar cómo podría redactarse, y con qué argumentos, una sentencia condenatoria. Una suma de indicios justifica un procesamiento, pero debe haber algo más para destruir la presunción de inocencia.

Para hacerse una idea de cómo van las cosas en este procedimiento basta con haber seguido las declaraciones de los denunciantes de García Ortiz, empezando por el propio empresario y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Que López Amador se presentara ante los jueces como una víctima del aparato del Estado y planteara que su dilema fue "marcharse de España o suicidarse", pone de manifiesto, entre otras cosas, el error de base de su estrategia de defensa. Este hombre está acusado de dos delitos fiscales, de un fraude, en su conjunto, de 350.000 euros.

Toda la polémica se originó porque se le quiso identificar desde el inicio de este procedimiento como la víctima de una persecución que derivó en una propuesta de su propio abogado para admitir los delitos a cambio de asegurarse de que no sería condenado a penas que implicaran el ingreso en la misma. Estas negociaciones son frecuentes cuando los casos de fraude fiscal superan los 120.000 euros, pues a partir de esa cifra los hechos constituyen delito.

De este modo, unos contactos que podían haber continuado –y fructificado– entre la Fiscalía y el denunciado acabaron en una insólita causa penal después de que desde el gabinete de Ayuso se difundiera que el diálogo se rompía por instrucciones superiores del ministerio público, con la intención de perjudicar a la presidenta madrile. Fue para desmentir esa versión que la Fiscalía realizó un comunicado, pero sin que se haya demostrado que la paralela difusión del correo electrónico del defensor de López Amador fuera obra del fiscal general.

¿Conflicto institucional?

De hecho, la decisión de abrir juicio, en este caso fue aprobada en el Supremo por dos votos a uno. El magistrado discrepante, Andrés Palomo, expuso en su voto particular que, con el conjunto de indicios acumulados, no era posible "atribuir de forma mínimamente justificada la filtración del correo al investigado". Además, hasta seis acusaciones populares intervienen en el juicio pidiendo entre cuatro y seis años de cárcel para el fiscal general. En conjunto, el perfil ideológico de estas acusaciones no es, genéricamente considerado, cercano al del gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. Hay quien piensa que el objetivo de este procedimiento era forzar la dimisión de García Ortiz. Pero se ha mantenido en el cargo, con el apoyo del ejecutivo, que también se juega mucho en este asunto, si recayera una condena.

El conflicto institucional sería grave en esta hipótesis. No cabe duda de que el fiscal acabaría planteando un recurso de amparo en el Constitucional, y que la tensión entre el Supremo y el órgano de garantías tendría otra ocasión para aparecer. El tribunal que está juzgando a García Ortiz tiene una teórica mayoría conservadora. Pero la presidencia –no solo del juicio, sino de la propia sala penal– está en manos de un magistrado, Andrés Martínez Arrieta, que desde su toma de posesión el pasado septiembre se ha propuesto tender puentes entre las distintas sensibilidades del tribunal. Alcanzar la unanimidad en la sentencia de este caso es un reto importante en este sentido. Pero ya no personalmente por Martínez Arrieta, sino para el Supremo, que tradicionalmente siempre ha intentado dar la imagen de autoridad y cohesión interna que suele desprenderse de los criterios compartidos.

Por lo demás, estamos donde estábamos, pero rodeados de escenarios cada vez más perversos. La agenda política, como se ve, sigue marcada por el dietario judicial. La pareja de Ayuso irá pronto a juicio. El hermano del presidente del gobierno español, también. Y el juez Juan Carlos Peinado da otro vuelco a su instrucción y ahora –siguiendo órdenes de la Audiencia de Madrid– vuelve a unir en un solo procedimiento las actuaciones contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, para que sea juzgada por un jurado popular en una sola vista, en vez de dos, como había decidido anteriormente. Mientras, Junts aprieta, pero no ahoga. Y la exministra de Economía y ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha presentado un libro de balance de su etapa en el gobierno en el que lamenta el ruido que impregnaba y aún rodea la política. En parte, por eso se marchó. Y hablando de libros, el del rey emérito es un caso perdido. La razón de esto reside sobre todo en la idea de que el país le debe la llegada de la democracia. Debería ser consciente de que por otro camino el arraigo de la monarquía habría resultado inviable.