El día que Sandro Rosell supo que lo detendrían porque un amigo lo había oído en la radio

BarcelonaEl caso Palau, el de la familia Pujol, la corrupción en la Casa Real, el juicio que tendrá que afrontar Laura Borràs o el del Procés. Todos ejemplos de casos mediáticos y, como tantos y tantos otros, que trascendieron en la mera instrucción judicial para generar auténticos juicios paralelos en los medios, en las redes, en el ruedo político y, en general, en la sociedad. La pena del telediario es el título del coloquio que este lunes ha organizado el Observatorio Proa en el Círculo Ecuestre de Barcelona con una conclusión compartida por todos los ponentes: no se puede acabar con ellos, pero es necesario poner límites a los juicios paralelos.

El 23 de mayo de 2017, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron en su domicilio al expresidente del Barça Sandro Rosell, supuestamente por blanqueo de capitales y cobro de comisiones ilegales. Lo más curioso de aquella detención es que Rosell supo que lo detendrían antes de que los agentes llamaran a la puerta. "Él estaba en casa, corriendo en la cinta, cuando le llamó un amigo y le preguntó si lo habían detenido. Se acercó a la ventana, abrió las cortinas y se encontró una nube de periodistas que esperaban". Quien lo explica es su abogado, Pau Molins, muy crítico con las "filtraciones indebidas" por parte de policías, jueces, fiscales y, a veces, también de abogados.

El caso de Sandro Rosell quizás es el que mejor describe los peligros de los juicios paralelos. "Llegaron antes las cámaras que la policía que había enviado la juez Carmen Lamela. Televisaron la detención y después de dos años de prisión preventiva lo absolvieron", recuerda Molins. El magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia Juan Carlos Campo subraya el papel "absolutamente insustituible" de los medios de comunicación en democracia, pero también reivindica que no se pierda de vista el código deontológico de la profesión para minimizar que la pena del telediario acabe desmenuzando el honor de las personas investigadas judicialmente.

Transparencia como receta

Angela Martialay, ninguno de la sección de Tribunales de El Mundo, reivindica la tarea de los periodistas –al menos de los que habitualmente hacen información judicial "seria"– y receta más transparencia de los órganos judiciales para evitar filtraciones interesadas y reducir el "ruido". "Las condenas sociales son lamentablemente cada vez más habituales sin necesidad de condena firme. Pero no es solo culpa de los medios", expresa apuntando a la "polarización absoluta" de la sociedad en la que el político de turno reacciona de forma contundente sobre una sentencia de 700 páginas un minuto después de haberla conocido".

"El problema no son los periodistas serios, sino determinados medios y las redes", matiza la fiscal en jefe del Àrea de Sabadell, Neus Pujal, que recuerda que todos los sumarios son "secretos" –solo visibles para las partes– y que las filtraciones están sancionadas en el Código Penal, "aunque no recuerdo en los años que llevo ejerciendo ningún escrito de acusación por eso". Ella coincide en la necesidad de más transparencia y aboga por importar el modelo a otros países europeos en que jueces y fiscales informan públicamente de las investigaciones. Todo ello, parches para intentar limitar los efectos nocivos de los juicios paralelos, que todos los ponentes han reconocido que son inevitables.