¿Qué dicen las entidades antirracistas sobre el traspaso de competencias en inmigración?
Colectivos de defensa de los migrantes piden a Junts que cumpla la ley sobre el empadronamiento aparte de pedir nuevas competencias
BarcelonaPese a que gran parte de partidos catalanes celebraron el pacto para que la Generalitat asumiera más competencias en inmigración, el texto no ha logrado generar un consenso entre las entidades antirracistas y que trabajan con migrantes en Catalunya. Sin embargo, y más allá de la proposición de ley abocada al fracaso este martes por el veto de Podemos, hay un punto en el que todas ellas coinciden: lo urgente es la reforma de la ley de extranjería y las condiciones "precarias" de vida que impone a los migrantes que llegan o que ya están en España. El endurecimiento del discurso migratorio por parte de Junts es también una preocupación compartida entre los colectivos antirracistas, que alertan, al mismo tiempo, del giro de la Unión Europea con el pacto migratorio, que blinda las fronteras y amenaza los derechos humanos. A partir de ahí, hay quien entiende que el partido de Ione Belarra hace bien en imponerse e intentar hacer valer a sus cuatro diputados para conseguir que el PSOE se mueva con la regularización anunciada (y pendiente), y hay quien considera que Podemos se ha basado en argumentos falazes para justificar su voto.
"Lo primero debe ser la regularización, no incrementar los efectivos policiales para el control migratorio", subrayan al ARA fuentes de Regularización Ya, la entidad que promovió la iniciativa legislativa popular (ILP) con el mismo nombre para dar papeles a medio millón de migrantes –ahora varada–. La entidad da pleno apoyo a la posición de Podemos en esta negociación, que ha pedido que le asuman Sumar y ERC, y alerta de que, según la disposición adicional segunda del texto, el pacto supondría un crecimiento de los efectivos de los Mossos: concretamente, de 26.800 hasta 2032, con el objetivo de "cumplir con las facultades delegadas". Para esta plataforma, esto es "muy peligroso" porque supondría que los Mossos se sumaran a la Guardia Civil ya la Policía Nacional en cuanto a la detención de migrantes en situación irregular con quienes se encontraran, por ejemplo, en manifestaciones o desahucios. Ahora mismo, la policía catalana ya hace este tipo de tareas de la mano de la Policía y la Guardia Civil, haciendo incluso traslados a los CIE.
¿A favor o en contra?
Desde Regularización YA, que agrupa a unos 900 colectivos, insisten en que no están "ni a favor ni en contra" del traspaso al Gobierno. Ahora bien, insisten en que hay que rechazarlo, al menos, hasta que Junts no deje de "secuestrar" la ILP sobre la regularización y no abandone un discurso con el que, a su juicio, busca competir electoralmente con la extrema derecha de Aliança Catalana. Es un argumento que también secundan desde Unidad Contra el Fascismo y el Racismo. Ambas entidades denuncian un agravio que pone de manifiesto el auge de posiciones racistas dentro de las instituciones: las trabas que un total de 37 ayuntamientos ponen en estos momentos en Catalunya para empadronarse, según un informe de la Red de Entidades por el Padrón, a pesar de los cursos de formación que la Generalitat ha puesto en marcha para evitarlo.
En esta lista hay alcaldes de Junts, pero también del PSC y de ERC. Ahora bien, Unidad Contra el Fascismo y el Racismo recuerda que son los alcaldes junteros los que han hecho bandera de lo que les permitiría realizar el traspaso pactado con el PSOE respecto de las inspecciones asociadas al padrón y las mafias que cobran por facilitar fraudulentamente la inscripción. Lo hizo, por ejemplo, el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès: "Si tuviéramos la competencia, seguramente podríamos resolverlo nosotros. Pondríamos manos a la obra, como hemos hecho con las inspecciones, y podríamos hacer el proceso de denuncia e iniciar la investigación", dijo el alcalde a RAC1. Estas declaraciones han escandalizado a la entidad, que sostiene que si hay mafias es por las dificultades que los ayuntamientos ponen a los recién llegados para empadronarse. "Si quieren hacer al igual que con la ley del padrón, para eso no hacen falta competencias", lamentan fuentes de la organización.
Por otra parte, y tras la polémica que generó Ione Belarra afirmando que el traspaso supondría que los Mossos hicieran más redadas "racistas", Regularización Ya y Unidad contra el Fascismo añaden que ahora ya hay ahora identificaciones por perfil étnico. Así lo recogió también la entidad SOS Racisme, que desde 2018 estudia cómo los Mossos aplican la llamada "perfilación racial". Ahora bien, en cuanto a la ley pactada entre Junts y el PSOE, y respondiendo a este diario, SOS Racisme asegura que no hace ninguna valoración.
La descentralización
Pero también existen entidades que, más allá del texto pactado, sí que son favorables al traspaso competencial. La ONG Liga de los Derechos de los Pueblos, por ejemplo, considera que la norma tiene aspectos "más positivos y otros más cuestionables". Entre estos últimos incluyen el preámbulo, que consideran "más que deficiente", al no reconocer la "deuda" del Norte Global con el Sur Global y la responsabilidad que tienen las potencias mundiales en los conflictos y desigualdades en los países empobrecidos. En cambio, esta ONG sí considera positivo que Catalunya pueda hacerse cargo de mayores competencias y ven fuera de lugar las declaraciones de Belarra asegurando que el traspaso supondría per se mayor racismo institucional por parte de los Mossos.
El modelo descentralizado también es, de entrada, el que más gusta a la Comisión Catalana de Acción por el Refugio. A éste nos le preocupa el "marco discursivo" y la "mirada restrictiva" de la ley. Ante el texto pactado entre PSOE y Junts, fuentes de la entidad avisan de que la prioridad debe ser que las personas migradas sean "ciudadanos de pleno derecho", y no hacer legislaciones que las condenen a estar en los márgenes de la sociedad (pero igualmente trabajando en sectores precarios) hasta que no entran en la rueda de las autorizaciones de residencia.