El Gobierno salva el decreto de vivienda y regulará los alquileres de temporada

BarcelonaHoras antes de que se vote en el pleno del Parlament, Salvador Illa evita una importante derrota y salva el decreto de medidas urgentes sobre vivienda. ERC, Comuns y la CUP votarán finalmente la norma a cambio de que el ejecutivo introduzca la regulación de los alquileres de temporada. Los republicanos ya habían dado el sí el lunes, pero al Gobierno le faltaban aún al menos seis votos para que el decreto no decayera. Comunes y también la CUP -que ha levantado el veto en el PSC- finalmente han llegado a un acuerdo con el departamento de Territori a cambio, entre otras cosas, de fijar un tope de precio para las viviendas que no sean para "usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones", pero también de blindar las viviendas de protección oficial en zonas tensionadas.

El decreto que el Govern llevaba en el pleno de este miércoles incluía medidas para agilizar la construcción, pero ERC, Comuns y también la CUP avisaron al ejecutivo de que si no aprovechaba la norma para introducir las medidas para regular el alquiler de temporada no tendría su apoyo. De entrada, el ejecutivo accedió a la petición de los grupos a tramitarlo como proyecto de ley y, de esta forma, introducir las demandas de los grupos. "Hemos llegado a un acuerdo de máximos", celebró el portavoz de los comunes, David Cid. "El alquiler de temporada es donde ERC lo dejó hace un año", añadió la portavoz de los republicanos en el Parlament, Ester Capella, en alusión a una medida que tomó el gobierno de Pere Aragonès y que no pudo aplicarse. Laure Vega, de la CUP, ha explicado por qué han entrado en esta negociación: "Es porque estaba la fuerza en la calle, no por lógica aritmética". De hecho, los tres grupos han defendido la presión que ha ejercido el Sindicato de Inquilinos. Por parte del PSC, su portavoz, Ferran Pedret, se comprometió a dar "cumplimiento" al acuerdo.

De este modo, el acuerdo a tres alcanzado por el Govern para tapar la brecha a través de la que los propietarios aprovechaban para saltarse el tope de precios es similar al decreto que ya había diseñado el ejecutivo de Pere Aragonès. En ese momento, el Parlament tumbó la regulación con el voto de Junts y del PSC, que se abstuvo porque consideraba que la cuestión debía abordarse a escala estatal. La fórmula pasaba por que estas viviendas también estuvieran sometidas al tope de precios a través de la delimitación de sus usos. Ahora los ayuntamientos también tendrán la potestad para decidir si quieren tener viviendas de alquiler de temporada en sus municipios. El acuerdo incluye también la regulación del alquiler de habitaciones y establece que la "suma de las rentas" de cada habitación no puede "ultrapasar la renta máxima aplicable al arrendamiento unitario de la vivienda", es decir, del precio total del piso que esté situado en una zona tensionada.

En cuanto a las viviendas de protección oficial, Comuns y la CUP pedían blindarlas para evitar que 36.000 que están a punto de pasar al mercado libre no perdieran esta calificación en las zonas de mercado tensionadas. En este sentido, el acuerdo implica establecer una prórroga al menos hasta el 2027. Los anticapitalistas también exigían habilitar un cuerpo de inspectores para sancionar a los infractores de la ley de vivienda y la norma define sus competencias y cómo podrían actuar. "Tendrán competencias para verificar el cumplimiento contractual, realizar inspecciones periódicas y puntuales, documentales y presenciales, detectar fraudes o cláusulas abusivas y elaborar informes proponiendo medidas correctoras o sancionadoras". Por otra parte, los comunes también han pactado con el ejecutivo ampliar el registro de grandes tenedores e incluir a las personas físicas (hasta ahora sólo estaban obligadas las personas jurídicas).

Aprobado antes del verano

Otro punto clave es el calendario: Comuns había pedido delimitar la tramitación del proyecto de ley en el tiempo. Según ha explicado Cid, el pacto pasa por que el proyecto de ley quede aprobado en el Parlamento antes de que acabe el periodo de sesiones, es decir, antes del mes de julio. Los comunes no quieren que se repita lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Allí, el PSOE aceptó tramitar la propuesta que impulsó el Sindicato de Alquiladoras, pero el texto está atascado en comisión desde hace meses. Según Sumar, porque el PSOE bloquea las enmiendas parciales de los grupos.

Quien no ha avanzado aún el sentido del voto al decreto es Junts, que también lleva esta semana en el pleno una proposición de ley para regular el alquiler de temporada. Ahora bien, su propuesta ha recibido la enmienda a la totalidad de Comuns, Esquerra y la CUP, porque limita la aplicación del tope del alquiler -con la posibilidad de aumentar el precio un 20% más- a los grandes tenedores siempre que el contrato sea superior a los doce meses. Todo apunta a que los socialistas, para facilitar la negociación en curso sobre el decreto, tampoco votarán a favor. En rueda de prensa, la portavoz de Junts, Mònica Sales, criticó que el ejecutivo de Salvador Illa pretenda gobernar "a golpe de decreto" y, a su juicio, de espaldas a los sectores afectados.

Por otra parte, el Gobierno llega al pleno de esta semana tocado después de haber retirado el decreto de campings en zonas inundables, que guardó ante el enfado del sector y la falta de apoyo. La cámara todavía votará otro decreto de Gobierno este miércoles, el de obra pública, que sí, a priori, los votos garantizados para salir adelante.