BarcelonaDesde el siglo XIX Cataluña ha optado por articularse mediante un modelo territorial que ha oscilado entre el particularismo, el federalismo y el independentismo. Los dos primeros conectados con Madrid; y el último, por razones obvias, de carácter unilateral. El poso de estos tres enfoques y sus correspondientes respuestas son lo que, en parte, ha dado forma al entramado institucional español. Grosso modo, la segunda parte del siglo XX y el primer cuarto del XXI podemos convenir en que Cataluña ha cumplido sobradamente las funciones modernizadoras y, sobre todo, democratizadoras, con el comportamiento de grandes hombres y mujeres, ya fuera desde la calle, las fábricas o las instituciones. Ahora bien, ante el panorama político local e internacional resulta legítimo preguntarse si es un papel agotado o si, tal y como a menudo sostiene el presidente Illa, Catalunya todavía tiene mucho que aportar al conjunto de España.
Aparentemente uno diría que la reactivación de los traspasos Estado-Generalitat, después de tres lustros sin ver, junto con el anuncio del presidente del Parlament, Josep Rull, sobre la inminente publicación de una "cartografía" de ámbitos legislativos para "ampliar el autogobierno", sitúa la política catalana en una dimensión La dimensión desconocida, es aparentemente muy conocida. El escenario que se dibuja es un déjà-vu que nos devuelve no ya a la era previa al Proceso, sino a la época dorada del "pescado al cove": competencias, infraestructuras y financiación a cambio de estabilidad política en Madrid y en Cataluña. El alineamiento del socialismo catalán con el español, junto a otro exministro de presidente de la Generalitat, parece remar también en la misma dirección.
Sin embargo, aquí sí, como en la serie americana, el nuevo episodio es bastante inquietante. 2026 no será 1996. Será el de un contexto global hostil con las minorías, de retroceso democrático y clara erosión de las normas internacionales, con una economía ahora ya demasiado globalizada a ojos de muchos líderes y electorados. En esa coyuntura, la política se vuelve dura e imprevisible. La opción secesionista ensayada en el 2017 gana complejidad y "volverlo a hacer" pierde tracción, al menos, en la versión del derecho a decidir unilateral.
A la vez, particularismo y federalismo tampoco ganan. El "pez al cuerno" y las potenciales ampliaciones de autogobierno topan con los límites marcados por el Tribunal Constitucional sobre un Estatut diseñado para alcanzar el blindaje competencial y la singularidad. No hay más que recordar que la formación política que lideró la estrategia para desplegar la autonomía actual hoy ya no existe. Por su parte, la opción federalista no encuentra defensores ni entre sus propias filas. Hoy los socialistas catalanes reivindican con la boca pequeña la Declaración de Granada (2013) del PSOE, una versión light y descafeinada en el mejor de los casos de la propuesta de la Fundació Campalans, el laboratorio de ideas del PSC. Por último, aventuras políticas en clave española digamos políticamente expansionistas y llamadas liberales, de la operación Roca en Ciudadanos, certifican que el terreno partidista tampoco es ni será muy fértil para quienes proponen reformar España.
Se impone, pues, una realpolitik que debería ser temporal. En la forma que sea, Cataluña tendrá que volver a hacer valer el pluralismo que la caracteriza no como una debilidad que fragmenta las opciones políticas sino como una virtud. Un proyecto propio de país que, por ahora, no se vislumbra en ninguna de las estrategias mencionadas y sólo puede ser compatible con el del Estado en la medida en que resuelva el conflicto abierto en el 2017, no por la vía de silenciar la carpeta constitucional sino por la de construir unas instituciones y una democracia que lleven el progreso. Éste es, probablemente, el punto de encuentro hoy difícil de conciliar de buena parte del catalanismo.
