La duración de la legislatura, ¿en manos del TC?

MadridEl Tribunal Constitucional (TC) tendrá que fijar fecha para debatir en pleno, cuando acabe el plazo de alegaciones, los recursos de amparo Vox y el Partido Popular contra las fórmulas de juramento empleadas por diputados y senadores que tomaron posesión el 3 de diciembre de 2019 para la XIV legislatura vigente hasta finales de 2023. En concreto, han sido 29 los diputados los que optaron por una promesa de cargo que los recursos cuestionan. Una concesión del amparo llevaría a repetir los juramentos o a la pérdida de los escaños, lo cual afectaría al nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y la mayoría parlamentaria como tal sobre la que se apoya el Gobierno. El periodo de alegaciones, según fuentes judiciales consultadas por ARA, está por acabar al finalizar la primera semana de octubre.

En las próximas semanas la atención, como es habitual en el inicio del curso político, estará centrada en los presupuestos generales del Estado y la mayoría que el Gobierno espera reunir para su aprobación. Y aunque el contexto es muy diferente, ya se empieza a mirar con lupa los movimientos de uno de los apoyos con los que espera contar el Gobierno que falló en 2019. El 5 de febrero de 2019, precisamente, una enmienda a la totalidad de los presupuestos obligó a Sánchez a convocar elecciones generales. Esta vez nada hace vaticinar que se vaya a repetir un escenario similar, pero la amenaza para la continuidad de la legislatura en los años 2022 y 2023 viene de una institución desbocada: el Tribunal Constitucional. La deriva en la que ha entrado la mayoría conservadora, con la inconstitucionalidad del confinamiento en julio pasado y la semana negra del Pleno del 14-16 de septiembre -el cambio de criterio del ponente Antonio Narváez sobre el recurso de Vox contra la mesa del Congreso por la suspensión de plazos en marzo de 2020 para la tramitación de asuntos a raíz del coronavirus- indican, según fuentes judiciales, que el recurso contra los juramentos difícilmente vaya a ser desaprovechado por el sector conservador difícilmente para dar un “varapalo” decisivo al Gobierno español.

En danza están los juramentos de la anterior legislatura, y sobre todo, los de la actual, que pronunciaron 29 diputados de ERC, Junts per Catalunya, CUP, Bildu y Unidas Podemos. Los recursos de amparo de Vox y el PP no describen, exigencia básica, en qué resultó lesionado el ejercicio del derecho de sus parlamentarios-recurrentes. Ponen el acento en que se han podido lesionar los derechos a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes (artículo 23.1 de la Constitución) y a permanecer en el ejercicio de su cargo representativo en condiciones de igualdad (artículo 23.2).  

Los derechos vulnerados

Aunque tocaba a la sala primera del TC abordar los recursos del PP y de Ciudadanos contra los juramentos de la legislatura pasada, tres magistrados del sector conservador -Andrés Ollero, Santiago Martínez Vares y Alfredo Montoya- solicitaron al presidente, Juan José González Rivas, que el asunto se llevara al Pleno. Para conseguirlo se requiere la petición de tres magistrados. El 9 de septiembre de 2020, el Pleno abordó la admisión a trámite o no de los recursos. Y se produjo una división. La mayoría conservadora ganó la votación por 8 contra 4 para admitir a trámite los recursos. Los magistrados que votaron en contra sostenían que los recursos de amparo no señalaban cuáles eran los derechos vulnerados y mencionaba como afectados los derechos fundamentales de otros diputados. Tacharon la operación como recursos de contraamparo. 

El pasado 21 de abril, un Pleno del TC admitió a trámite por unanimidad -ya que los disidentes habían perdido la batalla en septiembre de 2020 con los de la anterior legislatura- los recursos de amparo de Vox y del PP contra los juramentos o promesas de acatamiento de la Constitución de la actual legislatura. No está claro si los recursos de la anterior y de la vigente legislatura se tratarán en un mismo Pleno. De momento, no se ha solicitado dentro del TC la acumulación pero puede hacerse de facto.