Como mínimo 9.000 personas ya han pedido a las juntas electorales que se las excluya de las mesas el 14-F

Los datos no son definitivos y representan de momento el 11% del total de personas que han sido escogidas

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Imatge de un colegio electoral a las primeras elecciones españolas del 2019, que se celebraron el 28 de abril.

BarcelonaEl Govern se esfuerza en asegurar que las mesas electorales serán lugares "plenamente seguros" el 14 de febrero, pero la situación de pandemia y las dudas que el propio ejecutivo había expresado hasta hace solo unos días respecto a la fecha electoral no ayudan. Este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha comunicado el número de personas que ya han pedido que se las excluya de las mesas: como mínimo, 9.109. Son datos parciales que no corresponden a todas las juntas de zona y que todavía tendrán que ser actualizados, pero ya representan el 11% del total de miembros de las mesas, contando presidentes, vocales y los suplentes correspondientes.

Como es natural por volumen de personas, la junta de Barcelona es la que más solicitudes acumula: 3.250. La siguen las de Sabadell con 1.012, Granollers (849), Sant Feliu de Llobregat (838), Reus (687), Arenys de Mar (648), Terrassa (622), Vic (463), Igualada (384) y Vilanova i la Geltrú (356). A pesar de que incluyen algunos de los territorios más poblados solo representan las excusas que han recibido 14 de las 31 juntas de zona de Cataluña.

También se desconoce cuántas de estas peticiones han sido aceptadas. Este martes el ARA explica la historia de Jordi, un enfermo crónico de cáncer a quien, pese al justificante de la médico de cabecera de ser vulnerable al covid-19, la junta de zona de Manresa había rechazado excluir como primer suplente de un colegio electoral de su pueblo. La junta se basa en los argumentos del Govern para garantizar que el domingo 14 de febrero "habrá las medidas sanitarias suficientes" en los colegios electorales.

En total hay 82.000 catalanes que tienen que haber recibido en casa el justificante conforme han sido seleccionados para el seguimiento del proceso de votación en alguna de las más de 9.000 mesas electorales repartidas por el territorio. Todos ellos tienen un máximo de siete días naturales para presentar excusas en caso de que no quieran formar parte del dispositivo electoral. La ley solo ampara a los mayores de 65 años, que no tienen que argumentar nada más que la edad (los presidentes de mesa no pueden ejercer si no tienen el título de Bachillerato, FP de segundo grado o el graduado escolar), pero para todo el resto, incluidos los enfermos, será el criterio de las juntas de zona el que prevalezca.

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