La organización del 14-F resucita el debate sobre la ley electoral

BarcelonaDe todos los proyectos inacabados que acumula el Parlament en 40 años de restauración democrática, hay uno que en tiempos de Covid ha adquirido especial relevancia. En cuatro décadas los partidos han sido incapaces de aprobar una ley electoral propia y Catalunya se rige por la norma estatal en la materia, la ley orgánica de régimen electoral general (Loreg). Ahora, esta anomalía se ha demostrado una carencia notable para la Generalitat a la hora de intentar aplicar varias medidas que facilitarían celebrar unos comicios con pandemia. Con una ley propia todo sería más fácil; sin una norma así, se reduce el margen de maniobra. ¿Cuál es la génesis de este fracaso?

Las dificultades son principalmente dos. La primera es que los padres del Estatuto decidieron que para aprobar una ley electoral se necesitaba una mayoría reforzada de 90 diputados en lugar de una mayoría simple de 68, un consenso nunca visto en tiempos del Procés. La segunda, que los partidos siempre han tropezado con lo mismo: no se ponen de acuerdo en el apartado clave de una ley de estas características, el sistema electoral. Es decir, en la fórmula para traducir los votos en escaños.

El núcleo del conflicto

El marco mental sobre el que se ha movido el conflicto es que el actual sistema electoral beneficia a CiU (y los partidos en los que ha ido mutando, como el PDECat y JxCat) y a ERC, que tienen más implantación en las zonas menos pobladas de Catalunya. En cambio, perjudica partidos como el PSC, Cs, el PP y los comuns, que son fuertes fundamentalmente en el área metropolitana de Barcelona. El caso paradigmático son las elecciones de 1999. Pasqual Maragall (PSC) obtuvo más votos, pero Jordi Pujol (CiU) ganó en escaños. Esto es porque los votos de las demarcaciones de Girona, Lleida y Tarragona tienen más peso que los de Barcelona. Si se quisiera nivelar la situación para primar a la población, habría que tener en cuenta que el 74% de los catalanes viven en la provincia de Barcelona. Es el eterno debate sobre qué debe prevalecer, la proporcionalidad del voto de cada ciudadano o que todos los territorios se sientan bien representados en el hemiciclo. Nunca se ha encontrado una fórmula a gusto de todos.

Joan Botella es catedrático de ciencia política de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y fue promotor de la iniciativa legislativa popular (ILP) que ha intentado, por ahora sin éxito, promover una ley electoral. "Estas leyes siempre tienen un problema: quien la quiere cambiar no puede porque no tiene los votos suficientes, y quien podría cambiarla no quiere porque la vigente ya le da los votos necesarios", diagnostica. Es decir, que todos los partidos la negocian con "la calculadora en la mano" y si la fórmula electoral nueva no les beneficia, la descartan. Catalunya es víctima de este esquema.

Uno de los diputados que más ha trabajado una ley así es Jaume Bosch (ICV-EUiA). Para él es una "vergüenza para el autogobierno de Catalunya" que no se haya llegado a un acuerdo. "La culpa es de todos, lo admito, pero es más culpa de unos que de otros", añade, pensando en CiU y ERC. Lluís Corominas, ex vicepresidente del Parlament con CiU y JxSí, también ha negociado extensamente esta norma y se defiende. Todavía recuerda los duelos dialécticos que mantenía con el PSC. Él esgrimía que, si los socialistas no tenían suficiente fuerza en las zonas menos pobladas, no era su problema. "Si en 40 años no han tenido implantación territorial no ha sido culpa de los que sí la tenemos -explica-. Y yo no me atrevo a ir a Lleida, Tarragona y Girona a decirles que les tomamos representatividad para dársela a Barcelona».

Mucho más que votos y escaños

Pero una ley electoral es mucho más que un sistema para convertir los votos en escaños. Con una norma así, por ejemplo, se pueden impulsar mejoras tales como tratar de fomentar la participación y reducir los costes de una campaña. Corominas expone que en los trabajos de elaboración de la ley electoral que no llegaron a buen puerto los partidos se habían puesto de acuerdo "en muchísimas cosas" como éstas, pero que el bloqueo con el sistema electoral impidió que se implantaran. Recuerda que habían pactado la posibilidad de permitir votar durante más de un día - "durante toda una semana, incluso" - y de implementar el voto electrónico. Bosch también recuerda que incluía medidas para facilitar el voto por correo o por crear urnas móviles en "determinados lugares para facilitar el voto de la gente que no se pudiera desplazar". Incluso se preveía la creación de una junta electoral catalana. Todo ello, mejoras que ahora mismo habrían sido clave para votar en pandemia y que no se tienen. Medidas que ayudarían a evitar aglomeraciones en los colegios y que darían a contagiados y personas vulnerables más herramientas para votar. Medidas, en definitiva, de impacto en todos los votantes y que no están.

¿Y ahora, qué? Tanto Botella como Bosch y Corominas recuerdan que en el pasado ya se planteó una salida transitoria, aprobar una "ley electoral parcial", es decir, una norma que no tocara el sistema electoral para driblar la falta de entendimiento que hay sobre el tema pero sí introdujera todas las demás mejoras que durante todo este tiempo Catalunya ha estado negando. No sería lo ideal, pero sí una vía posibilista. Todo el mundo defiende que hace falta una ley pronto, pero nadie sabe decir si tendrán que pasar 40 años más para que llegue.

La ILP continúa muy viva en el Parlament

El Parlament aún mantiene viva una oportunidad para aprobar una ley electoral. De hecho, si no hubiera elecciones el 14 de febrero, se podría poner a trabajar sobre ella hoy mismo. En un cajón de la cámara debe haber la iniciativa legislativa popular (ILP) que hace unos años un grupo de ciudadanos impulsó -tras conseguir miles de firmas- para intentar que se aprobara una norma así. De momento, sin embargo, la cuestión está paralizada. Aún así, los impulsores de la ILP tienen un elemento a favor: aunque en breve acabe la legislatura, su iniciativa no va a desaparecer. En el próximo mandato tendrán derecho a reimpulsar-la o, como mínimo, a exigir que se discuta. En 2011 Núria de Gispert dijo que quería "pasar a la historia" como la presidenta del Parlament que había conseguido ver cómo se aprobaba una ley electoral catalana. Casi 10 años después y dos presidentes más tarde - Carme Forcadell y Roger Torrent- esta sigue siendo una asignatura pendiente.