Prostitución, el eterno debate que nadie se atreve a resolver

BarcelonaElúltimo de los intentos de regularizar en el Estado la prostitución, o el trabajo sexual, es de la legislatura anterior. En cuatro décadas de democracia española se ha abierto la caja de los truenos en varias ocasiones, pero el ruido y las divisiones que genera han hecho que todos los gobiernos hayan desistido de llevar adelante ninguna iniciativa. Después de que la legislatura española acabara el pasado verano antes de tiempo, la ministra de Igualdad y Feminismos, Ana Redondo, ha anunciado la voluntad de que el tema vuelva a la agenda política para, esta vez sí, llegar a buen puerto . De hecho, el debate sobre esta cuestión es casi eterno –también en otros países europeos–, porque ni partidos políticos, ni el feminismo ni siquiera las propias trabajadoras sexuales (¿o mujeres explotadas?) se ponen de acuerdo sobre la forma de encararlo y poner fin a la alegalidad actual.

Abolir o legalizar la prostitución? En esta pregunta está el origen de la discusión primaria, de si las mujeres –los hombres son una minoría– que hacen sexo a cambio de dinero son unas profesionales que lo hacen voluntariamente y, por tanto, deben tener obligaciones (fiscales , por ejemplo), pero también de pie. Por el contrario, hay quien defiende que las que pueden decidir libremente para dedicarse a la prostitución son un grupo residual y que, en ningún caso, puede considerarse un trabajo y sí un negocio del cuerpo de las mujeres más vulnerables y, por tanto, abogan por la prohibición.

Precisamente, la alegalidad de la prostitución hace imposible cifrar cuántas personas se dedican a ello. No existen registros oficiales y entre algunos sectores se ha aceptado que en todo el Estado hay 400.000 mujeres que están en la prostitución, aunque el Sindicato de Trabajadoras Sexual (OTRAS) rebaja la cifra a unas 150.000. En todo caso, legalmente estas mujeres viven en el limbo porque en ninguna parte se reconoce el oficio, aunque, por ejemplo, el Tribunal Supremo avaló los estatutos de OTRAS, pese a que los jueces no entraron a valorar la legalidad del actividad.

La prostitución, como lo fue la tramitación de la ley trans, divide las formaciones en el Congreso de los Diputados y el Parlamento y también las feministas. Hay dos almas. La que cree que es un deber de dar a las mujeres un marco jurídico para poder trabajar y así contribuir a eliminar el estigma social que las persigue. Por el contrario, la otra alma dice que de regularizar la prostitución, el Estado se convertiría en el gran proxeneta porque se beneficiaría –por la vía fiscal– de las mujeres.

En Cataluña, las competencias son reducidas y se basan en garantizar los derechos de las personas que ejercen la prostitución (hombres, mujeres y trans) y velar por que tengan una buena atención social y sanitaria, sobre todo en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual o las violencias machistas y LGTBIfóbicas. Además, la Generalitat destina millones de euros para financiar entidades que apoyan y prestan servicios a este colectivo.

Entre las cuestiones del debate si se opta por la regularización están determinar los límites del proxenetismo, si los burdeles pueden ser legalmente un negocio para ejercer la prostitución. Por ahora son locales que alquilan habitaciones, pero no pueden lucrarse con el trabajo de la prostituta. En este punto, las abolicionistas quieren que devuelva al Código Penal la llamada tercería locativa, la propiedad que cede un espacio para la prostituta y su cliente.

¿A favor o en contra de regular la prostitución? ¿Cómo?