Prostitutas, ¿víctimas de la violencia o trabajadoras del sexo?

Barcelona / Santa Coloma de Gramenet¿Víctimas o trabajadoras? Simplificando mucho, esta dicotomía centra el debate sobre quién y cómo se tienen que tratar las prostitutas, si como mujeres víctimas de un sistema desigual que pone precio a sus cuerpos o mujeres que libremente deciden ganar dinero con su sexo. Para Janet, portavoz de Putas Libertarias del Raval y Putas Indignadas, “todo el mundo escoge con qué parte de su cuerpo quiere trabajar” mientras que, en contraposición, Amelia Tiganus, exprostituta, rechaza que se trate de un trabajo porque dice que si se quita el dinero de la ecuación se tendría que hablar de una violación. 

Son las dos posiciones mayoritarias en torno a la regularización de la prostitución, reactivada con el reciente anuncio del presidente español, Pedro Sánchez, de que en esta legislatura habría una ley específica para poner fin a la histórica alegalidad.

La prostitución ha sido una de las grandes cuestiones que ningún gobierno se ha atrevido a abordar y, en los más de 40 años de democracia, continúa en un limbo legal y social. Este vacío lo han intentado llenar los ayuntamientos con ordenanzas que, a pesar de que no es una actividad ilegal, penalizan a las mujeres –la prostitución masculina es residual y todavía más invisibilizada– y, sin ninguno otro reconocimiento oficial, el Código Penal castiga a quien se lucra con la compra-venta de sexo –sea de manera voluntaria o forzada– y la ley mordaza permite multar a prostitutas por exhibirse en la calle.

El anuncio de Sánchez

El presidente español se ha erigido como un defensor del modelo abolicionista, que se refleja en las legislaciones de la pionera Suecia o de Francia y que se basa en las sanciones al cliente. Lejos de aportar calma, el anuncio de Sánchez ha enturbiado todavía más un debate siempre poco medido y casi sin matices. Existe un amplio consenso sobre la necesidad de incluir la prostitución en un marco legal. Punto. Ante la vía abolicionista se levanta la regulacionista, adoptada por Alemania o los Países Bajos, que concede derechos y también deberes a las trabajadoras sexuales. En un lado y el otro se sitúa la izquierda y el feminismo, en una muestra más de cómo de alejadas están las posiciones. Y de fondo, la queja de las mujeres prostituidas, que insisten que se sienten ignoradas y amenazadas, a pesar de que ellas son las protagonistas.

Para entender la polémica hay que conocer los argumentos. El abolicionismo no significa prohibición ni ilegalizar la prostitución sino que, a través de políticas y prestaciones sociales se quiere, por un lado, dar alternativas a las prostitutas para que lo dejen. Y del otro, desincentivar la demanda, sobre todo de los jóvenes, a través de planes sexo-afectivos pedagógicos. “Sin puteros no habrá prostitución”, proclaman sus defensoras. 

Amelia Tiganus pasó cinco años en 40 prostíbulos y cuando salió, “gracias a la terapia y el feminismo”, apunta, se ha convertido en una activista de la causa abolicionista alegando que "la mayoría de putas no lo son por voluntad propia” y que ningún país democrático puede recaudar impuestos a mujeres “por ser penetradas por boca, vagina y ano” o en clubes que tilda de “campos de concentración para mujeres”.

La suciedad del dinero

En esta misma línea, la mexicana Rita María Hernández, directora de Políticas y Promoción de Rescue Freedom Internacional, afirma que la prostitución no encaja en “la definición de trabajo digno, de equidad o igualdad” porque el dinero es “un punto de poder, de autoridad sobre la mujer” que consagra el “quien paga, manda”. Por principio, las abolicionistas consideran que la prostitución se nutre básicamente de mujeres atrapadas en la pobreza, la violencia y desigualdades estructurales, la inmigración irregular y las redes de explotación y tráfico de personas. De forma que el consentimiento es en realidad “sometimiento” y queda invalidado por la potencial vulnerabilidad de las prostitutas, señala Tiganus. 

Hernández y Tiganus coincidieron recientemente en una jornada organizada por la Escuela Abolicionista Internacional, con sede en Santa Coloma de Gramenet, ciudad que define a las prostitutas como víctimas de violencia machista y como tales se benefician de “el abordaje feminista” que se hace en el proceso de recuperación y acompañamiento cuando piden ayuda, explica Maribel Cárdenas, directora del área de Igualdad y del espacio La Ciba. 

En Navarra han dado un paso en este sentido y desde 2017 están haciendo apoyo a las prostitutas que quieren dejarlo, sin tener en cuenta si su situación es irregular. Así, se les ofrece una prestación económica, cursillos de formación y ayuda asistencial, apunta Alicia Giménez García, cofundadora de la asociación Acción Contra la Trata. La activista asegura que con “oportunidades y protección” la mayoría de mujeres no quieren continuar ejerciendo, sin embargo, como insiste Hernández, si un país apuesta por el abolicionismo tiene que hacer inversiones sociales. “Sino la ley no funcionará”, señala, a la vez que asegura que en países abolicionistas el tráfico de personas y la explotación “ha bajado a niveles manejables” y a la vez se ha conseguido que las mujeres prostituidas se sientan “empoderadas para denunciar al cliente que las violenta porque sabe que la ley la protege”.

La libre decisión

En las filas del regulacionismo, las prostitutas son trabajadoras de una actividad que se tiene que regular en igualdad de condiciones como cualquier otra. De momento, el Tribunal Supremo reconoce los estatutos del sindicato Otras. Conxa Borrell, secretaria general de esta organización, reprocha que la propuesta de Sánchez dejará en la marginalidad a todas las prostitutas. “Da igual que que estén en un club o trabajen como autónomas y alquilen una habitación”, relata, puesto que como se pretende prohibir, lucrarse con la prostitución estará castigando el alquiler de espacios, gracias a la recuperación de la figura de la “tercería locativa”. 

Casi a las puertas de su jubilación, Janet de Putas Libertarias del Raval critica la “hipocresía del estado” por “empujar todavía más a la clandestinidad” a las trabajadoras sexuales para atacar “el eslabón más débil” del negocio, sin atreverse a abordar problemas “transversales” que castigan a “la clase obrera”. Se refiere al “sistema capitalista y colonialista” que ignora a las mujeres migrantes, que se quedan sin derechos debido a la dureza de la ley de Extranjería, o a la gran precariedad laboral. “Soy puta. Mi dinero están bien visto pero no mi profesión”, afirma Janet, que dice que las llaman víctimas “por ser pobres o migrantes”.

Al principio, Janet compaginó la prostitución con un “trabajo normativo”. En total, 40 años cotizados y un patrimonio que le garantizan unos buenos años, admite, porque por su experiencia en la prostitución hay una mayoría de mujeres libres que entran para “redondear ingresos” o “conciliar con la familia”.

Para Mercè Meroño, presidenta de la Fundació Àmbit Prevenció, el abolicionismo se equivoca en enfocar la cuestión como un debate “moralista”, negando los derechos a las mujeres que trabajan por cuenta propia u olvidándose de las migrantes. “¿Cómo piensan legislar de espaldas a las mismas mujeres?”, cuestiona. 

Las cifras son también munición para la batalla entre unas y otras porque incluso las oficiales son pura estimación: un 80% de las entre 300.000 y 400.000 prostitutas en el Estado provienen del tráfico de personas y la explotación, unos datos que ni Meroño ni las dos líderes de las trabajadoras se creen y sostienen que la gran mayoría son prostitutas por voluntad propia. Tampoco Mariona Llobet, profesora de Derecho Penal de la UPF, los da por buenos y reclama más políticas públicas para que los clientes sean conscientes de que “compran cuerpos” bajo las leyes “de la sociedad patriarcal”. Para la especialista, es un error querer “abolir a través de la ley penal”, que ya castiga el proxenetismo y la explotación, y advierte que los consumidores que intuyen que la prostituta es una víctima forzada pasarán de denunciarlo por miedo a represalias. “Casi no hay clientes que denuncien”, responde Hernández. 

Dosier Prostitutas: ¿víctimas o trabajadoras?

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