Barcelona / ParísEspaña es uno de los pocos países de la Europa Occidental que se ha resistido a dar un marco legal a la prostitución, y ahora tiene la experiencia de los dos modelos mayoritarios para aprender de los errores y los aciertos.
1.
Suecia: pionero en multar a clientes y proxenetas
Acabar con la demanda para acabar con la prostitución. Esta es la idea detrás del modelo de Suecia, que en 1999 fue el primer país del mundo en aprobar una ley que penalizaba la compra de servicios sexuales, pero no la venta. De este modo, el país escandinavo ilegalizaba la prostitución sin criminalizar a las prostitutas, pero sí a los clientes y proxenetas, puesto que se castiga a quien opera un burdel o se lucra de los servicios de una prostituta. El modelo sueco, que se basa en la idea de que las prostitutas son víctimas, ha servido de ejemplo para una decena de países, como Noruega, Irlanda, Francia, Canadá e Israel.
Según Mats Paulsson, experto en prostitución de la Agencia Sueca de Igualdad de Género, "el principal efecto de la ley ha sido convertir la compra de sexo en algo socialmente inaceptable". “Diez años después de implementar la ley lo comparamos con los países vecinos, y la aceptación social era mucho más alta en Dinamarca, por ejemplo, que en Suecia", explica.
La legislación sueca prevé multas o una pena de hasta un año de prisión, a pesar de que el gobierno anunció el año pasado que estaba estudiando eliminar las sanciones económicas y prever solo el castigo de prisión, para incrementar el efecto disuasorio. También sugirió modificar la ley para castigar a las personas que paguen a prostitutas en el extranjero. En uno de los últimos sondeos sobre hábitos sexuales, el 9% de los hombres suecos afirmaban haber pagado por sexo al menos una vez y, de estos, el 80% lo habían hecho en el extranjero. Según Paulsson, el porcentaje de hombres que paga por sexo hace diez años que se mantiene estable entre el 8% y el 10%, pero alerta que las plataformas online están fomentando su aumento.
2.
Francia: multas al cliente y ayudas para las prostitutas que quieran dejar la actividad
En Francia hace cinco años que prostituirse ha dejado de ser un delito y se penaliza al cliente. La ley que el socialista François Hollande impulsó en 2016, basándose en el modelo sueco, prevé multas de 1.500 euros para los clientes, que pueden llegar a los 3.750 en caso de reincidencia. La filosofía que hay detrás la ley es la abolición de la prostitución, pero el objetivo está lejos de cumplirse. Se calcula que en Francia hay entre 30.000 y 50.000 personas, mayoritariamente mujeres, que ejercen la prostitución, el 93% de las cuales son extranjeras.
La ley prevé ofrecer permiso de residencia a las trabajadoras sexuales extranjeras víctimas de proxenetismo o de tráfico de personas que denuncien a sus explotadores, así como ayudas económicas y un acompañamiento de reorientación profesional a las que quieran dejar la actividad. Las asociaciones del ramo, sin embargo, aseguran que la ley no funciona: faltan medios económicos y las cifras de mujeres que se han acogido a los programas para dejar la prostitución o que han denunciado a su proxeneta son muy bajas.
La ley generó mucha polémica y la mayoría de asociaciones de prostitutas denuncian que ha empeorado sus condiciones de vida, que ha favorecido las relaciones sin protección y que ha obligado a las prostitutas a buscar lugares más solitarios para poder encontrar clientes, hecho que aumenta su inseguridad y dispara las agresiones contra el colectivo. Gran parte de la actividad para encontrar clientes también se ha desplazado a internet, un fenómeno que ha hecho aumentar la prostitución de menores desde 2016, según las asociaciones.
A pesar de la polémica, el gobierno francés no tiene intención de dar marcha atrás. La norma recibió el aval del Consejo Constitucional francés —el máximo órgano consultivo sobre la constitucionalidad de las leyes— y ahora solo está pendiente de la respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene que resolver las denuncias presentadas en 2019 por más de 200 prostitutas.
3.
Nueva Zelanda: derechos laborales, pero no para las migrantes
Considerar a las trabajadoras sexuales como personas activas en el mundo laboral y que tengan acceso a la sanidad pública y derecho de baja y de vacaciones, entre otros, es lo que prevé la ley de reforma de la prostitución aprobada en 2003 en Nueva Zelanda. La descriminalización de la prostitución en el país se hizo con la participación de las mismas prostitutas, que ayudaron a entender la ley y perfeccionarla. El resultado fue la legalización tanto del trabajo de calle como en burdeles, así como del trabajo por cuenta propia y bajo contrato de un tercero. En este último caso, hace falta un certificado para hacerlo. Hasta cuatro trabajadoras pueden organizarse como iguales sin necesidad que ninguna tenga control sobre las otras. La prostitución continúa penada cuando implica a menores de 18 años.
Asegurar los derechos humanos de las prostitutas es uno de los objetivos que acompaña el texto de esta ley que, entre otros, reserva el derecho de las trabajadoras sexuales a rechazar un trabajo, aunque ya se haya pagado. Las prostitutas tienen derecho a establecer sus condiciones, y tanto ellas como terceros implicados tienen que velar por su seguridad y salud sexual en todo momento.
Un punto diferencial destacado en la legislación de Nueva Zelanda es el matiz respecto a las personas migrantes. A pesar de ser una actividad legal, este colectivo no puede obtener un visado de trabajo para trabajar como prostitutas o para dirigir un prostíbulo, en una medida proteccionista para complicar la instalación de redes mafiosas o de tráfico de personas. Además, si se trata de una extranjera que dispone de un visado temporal o permanente con condiciones especiales, dedicarse a la prostitución puede ser penado con la deportación.
4.
Países Bajos: el país del turismo de prostitución
El país del barrio rojo, del turismo de prostitución, de las calles con luces rojas y escaparates llenos de mujeres ofreciéndose. Esta imagen es posible en los Países Bajos porque los burdeles son legales desde el año 2000, cuando se levantó la prohibición de los prostíbulos y el proxenetismo. Con la imposición de licencias que reconocen los burdeles se asegura el cumplimiento de unas mínimas condiciones que pretenden proteger a las trabajadoras y la salud sexual de las relaciones mantenidas y, a la vez, facilitar la persecución del tráfico de personas con penas de hasta ocho años de prisión. Pero esta ley no fue acompañada de una ley que regulara la prostitución.
Según datos de la oficina pública de estadística neerlandesa, se calcula que la prostitución genera entre 400 y 600 millones de euros al año y que hay entre 20.000 y 30.000 prostitutas, de las cuales dos tercios son extranjeras, un hecho que acostumbra a ir muy relacionado con el tráfico de personas y la explotación sexual.
El debate continúa abierto respecto a la necesidad de crear una ley específica de la prostitución. De momento, lo que recoge el texto del año 2000 es que se reconoce la prostitución como profesión en los Países Bajos, lo que otorga a las trabajadoras sexuales los mismos derechos y deberes que cualquier otro trabajador del país. Así pues, por ejemplo, pagan tasas en función de sus ganancias y los burdeles pagan impuestos y la Seguridad Social a las prostitutas.
![Manifestació convocada por el sindicato OTRAS para exigir el aval legal de sus estatutos](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
