Valentía para abordar la prostitución

España es el país europeo con más demanda de sexo pagado y el tercero en todo el mundo. Catalunya no se escapa de esta realidad. Según las Naciones Unidas, en el Estado el 39% de los hombres han pagado en alguna ocasión para tener relaciones sexuales. No solo es líder en consumo de prostitución y en número de prostíbulos, también es una de los principales destinos del mundo de tráfico de mujeres con finalidades de explotación sexual. La alegalidad en la que se mueve aquí este negocio ha favorecido desde siempre la explotación de las mujeres, mayoritariamente migrantes y en muchos casos menores de edad, víctimas de mafias y del tráfico ilegal. El proxenetismo es el gran beneficiado de una situación a la que ahora el gobierno español quiere poner fin. A pesar de algunos intentos, por ejemplo los que protagonizó en Catalunya la consellera de Justicia Montserrat Tura en 2010, hasta ahora en el Estado no se ha conseguido incidir realmente en el problema de la prostitución. Solo en Navarra, a pesar de la carencia de un marco legal estatal, se ha desarrollado una estrategia abolicionista exitosa con apoyo social y económico a las prostitutas para que puedan cambiar de vida.

España es uno de los pocos países de Europa Occidental que se han resistido a dar un marco legal a la prostitución, un lamentable retraso que ahora le permite, sin embargo, aprender de los errores y aciertos de los dos modelos mayoritarios: el abolicionista, encarnado sobre todo por Suecia y seguido por Francia y otros países, y el regulador, con Nueva Zelanda y Holanda al frente, entre otros. El debate entre abolicionismo (poner énfasis en la persecución de los clientes y de los proxenetas) y regularización (garantizar derechos y deberes para las prostitutas) no puede hacer naufragar la iniciativa legal que ponga fin a la sordidez de un mundo donde solo unas pocas mujeres practican libremente, y con seguridad, sexo a cambio de dinero. El abordaje de la prostitución se tiene que hacer poniendo el foco en las mujeres abocadas u obligadas a practicarla -también hay hombres, pero muy minoritariamente-. La vía óptima sería avanzar hacia el abolicionismo, dando ayuda y garantías a las chicas y mujeres que quieran salir de su situación y persiguiendo el proxenetismo, sin caer, de entrada, en la prohibición total atendida la reivindicación laboral de una parte de las afectadas. En todo caso, convertir la compra de sexo en algo socialmente inaceptable es un objetivo a perseguir. Dicho esto, tal como se ha visto en Francia, legislar sin poner después los medios y sin hacer un seguimiento real sirve de poco, e incluso puede ser contraproducente para las mujeres atrapadas en redes de explotación, las condiciones de las cuales pueden empeorar. En todo caso, se tiene que avanzar con valentía hacia una ley que por primera vez aborde la realidad de la prostitución.