Los enemigos de la amnistía

BarcelonaLas negociaciones por la ley de amnistía no están siendo fáciles ni rápidas y, de hecho, todavía no han terminado. ERC se da por satisfecha del pacto logrado con el PSOE, pero a Junts no le basta. El parto está siendo complicado, pero su aplicación se prevé aún más difícil por todos los enemigos que se oponen: desde la presión política de la derecha española hasta los obstáculos que puede poner la judicatura.

En sólo una semana, ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial pidieron un pleno para que el órgano, que se reunirá este lunes, se oponga a la amnistía; la Audiencia Nacional, a través del polémico juez Manuel García Castellón, ha dado entrada a Vox en la acusación contra Tsunami Democràtic y ha decidido enviar a juicio por terrorismo a varios integrantes de los CDR; y la asociación mayoritaria de jueces ha emitido un comunicado en el que asegura que la amnistía supone "el principio del fin de la democracia". Si alguien pensaba que la judicatura renunciaría a desempeñar un papel activo para dinamitar el acuerdo de investidura no habrá tardado en darse cuenta de su error. Y la influencia de los jueces seguirá siendo determinante para aplicar la ley si acaba aprobándose, porque serán ellos los que tendrán que interpretar a qué personas ampara. La oposición frontal que muchos jueces han mostrado hasta ahora hace presagiar recursos –en el Tribunal Constitucional o incluso en Europa– para intentar detenerla o, al menos, aplazar sus efectos. Sin embargo, la mayoría progresista del TC hace pensar que no todo está perdido para que la norma acabe viendo la luz.

PP y Vox llevan semanas maniobrando para intentar frenar la amnistía desde la calle y las instituciones. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se manifestaron en Barcelona y volverán a hacerlo el 18 de noviembre en Madrid. El partido de extrema derecha también se hizo suya la concentración del viernes frente a la sede del PSOE en Madrid, donde se oyeron elogios a Franco. Pero la cruzada de la derecha española contra la amnistía también se entrega en las instituciones. El último movimiento del PP -que también recurrirá la norma al TC- pasa por aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para reformar el reglamento de la cámara y así poder frenar la tramitación por la vía de urgencia de la ley de amnistía, lo que dilata su aprobación. Vox también intenta aplazar la aprobación de la ley exigiendo que vaya acompañada de informes que le avalen, como los del Consejo de Estado. Y entre la calle y las instituciones, el PP utiliza a exdirigentes populares como José María Aznar para hacer crecer la crispación. Esta semana el expresidente español llegó a tachar a Sánchez de “peligro” para la democracia.

Los primeros en levantar el dedo contra la amnistía fueron los dirigentes de la vieja guardia del PSOE. El expresidente Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra han sido sus máximos exponentes. Han soltado frases como “La amnistía significa una humillación deliberada de la generación de la Transición” –en palabras de Guerra– o “No puede haber amnistía porque no cabe en la Constitución. No podemos dejarnos chantajear, y mucho menos por minorías en vías de extinción”, en voz de González. Y es que la amnistía ha producido una ruptura entre el viejo y el nuevo PSOE, que ha ido variando su posición contraria a medida que ha necesitado los votos de ERC y de Junts. Sin ir más lejos, tras el 23-J, Sánchez decidió expulsar al exlíder de los socialistas vascos Nicolás Redondo Terreros, alineado desde hace años con las tesis del PP; por las críticas a la dirección. La prueba del algodón será el resultado de la consulta a la militancia sobre el acuerdo de investidura de esta semana y, por ahora, no parece que el presidente en funciones tenga que tener susto. De hecho, ya no encontró oposición al comité federal en el que defendió abiertamente la amnistía: sólo el presidente de Castilla y la Mancha, Emiliano García-Page se mostró contrario al olvido judicial pero tampoco ha hecho campaña abierta para que les militantes del PSOE se opongan a la medida.

El empresariado madrileño se ha manifestado abiertamente en contra de la amnistía. Lo ha hecho la CEOE, la gran patronal española, que aunque en su momento no se opuso a los indultos, ha pedido ahora un acercamiento entre PP y PSOE para evitar un pacto con el independentismo. También el Círculo de Empresarios ha clamado contra la medida, que ve contraria a la Constitución y a la igualdad entre españoles. Mientras, las grandes empresas catalanas se mantienen en silencio, aunque el Círculo de Economía, donde tienen representación, ha dado su visto bueno a la amnistía siempre que vaya acompañada de la renuncia a la unilateralidad. Un caso que ilustra bien los equilibrios del empresariado catalán en esta carpeta es el del presidente de Foment, Josep Sánchez-Llibre, miembro del Círculo y, al mismo tiempo, vicepresidente de la CEOE. Mientras Pimec sí ha avalado la amnistía, Foment ha evitado posicionarse a favor. Más de 3.800 empresas se marcharon de Catalunya entre el otoño del 2017 y el primer trimestre del 2018, después de que un decreto del gobierno del PP facilitara los trámites para cambiar de sede. La mayoría ha dejado su sede social fuera del Principado.

La Guardia Civil ha tenido un papel clave en buena parte de las causas judiciales abiertas contra el Procés. Fue protagonista, por ejemplo, en el caso de los líderes independentistas que fueron encarcelados por el 1-O, porque las acusaciones se basaron en los informes elaborados por el instituto armado. Todo apunta a que ocurrirá lo mismo en otros casos, como el de Tsunami Democràtic, investigado en la Audiencia Nacional, y del que esta semana se ha hecho público el último informe de la Guardia Civil, que sitúa a la número dos de ERC, Marta Rovira, en lo alto de la organización, con personas como el ex diputado de ERC Xavier Vendrell y el empresario Oriol Soler a su alrededor. El informe, de hecho, se esperaba dentro de tres semanas, pero el instituto armado lo ha acelerado. Un movimiento que no es inocuo y que llega en plenas negociaciones por la ley de amnistía, justo el día siguiente de que ERC y el PSOE anunciaran su acuerdo, que, entre otras cosas, hace llegar el perímetro de la amnistía hasta los encausados de Tsunami y de los CDR, en ambos casos investigados por terrorismo. Las acusaciones del caso tendrán que decidir si se hacen suyo el contenido de los informes de la Guardia Civil como ya hicieron en la causa del 1-O.

La ANC, la eurodiputada Clara Ponsatí o el exvicepresidente de la mesa del Parlament Josep Costa han sido algunas de las voces independentistas que se han mostrado abiertamente contrarias a la amnistía. La Asamblea, por ejemplo, cree que puede suponer un "blanqueo" del Estado, mientras que Ponsatí no es contraria al concepto en sí de la amnistía, sino a los términos del pacto que se está planteando con el gobierno español. Los últimos que se han añadido han sido los CDR –el pacto de ERC con el PSOE los incluiría en la ley de amnistía–, que este viernes hicieron público un comunicado en el que la rechazaban porque creen que es una “trampa desmovilizadora” del independentismo. Aseguran, también, que es un "blanqueamiento" de España de cara al resto del mundo porque "causas internacionales abiertas" podrían ser "archivadas". La CUP también rechaza una amnistía que no lleve asociado un referéndum de autodeterminación.