¿Cómo funcionará la filial de Renfe que gestionará Cercanías?

BarcelonaLa presión de los sindicatos con la huelga contra el traspaso de Cercanías (ya desconvocada) ha tenido resultados: el gobierno español ha transigido y ha aceptado que la nueva empresa mixta que gestionará el servicio en Cataluña siga formando parte del grupo de Renfe. Esquerra ha dado el visto bueno, pero también pone fecha de caducidad: en dos años, avisan, los socialistas deben cumplir el pacto original firmado por la investidura de Pedro Sánchez, quien recoge que la nueva empresa debe estar "segregada" de Renfe. ¿Pero cómo funcionará la filial con la que se debe empezar a caminar hacia el traspaso?

El acuerdo entre Transportes y los sindicatos prevé que se constituirá una filial en la que la mayoría de las acciones serán de Renfe y, por tanto, quedará adscrita dentro de su grupo mercantil. Por otra parte, el Gobierno controlará el consejo de administración: tendrá la presidencia y el voto de calidad, por lo que, en la práctica, mantendrá la última palabra en las decisiones que dependan de la dirección. Ahora bien, el acuerdo entre ERC y el PSOE también recogía que, para tomar decisiones estratégicas, haría falta una mayoría reforzada (por tanto, previo acuerdo entre ambas administraciones).

¿Qué consecuencias prácticas tiene que la nueva Cercanías Cataluña cuelgue del entramado del ministerio de Transportes? De entrada, que los trabajadores no verán modificadas sus actuales condiciones laborales, porque se les aplicará el mismo convenio colectivo que ya tienen. Esto les permitirá mantener la antigüedad y los derechos de movilidad por todo el Estado, lo que ha permitido calmar los ánimos de los sindicatos. Fuentes de Transportes consultadas por el ARA aseguran que éste es el único efecto práctico relevante de la decisión anunciada el domingo.

Tiempo de preparación

Aún así, el pacto con los sindicatos también deja claro que no se podrá obligar a los trabajadores a pasar de Adif o Renfe a la nueva operadora de Cercanías. Esto podría acarrear problemas cuando se ponga en marcha la segregación de la empresa del grupo de Renfe, tal y como reclama ERC. En declaraciones este lunes, la consejera de Territorio y portavoz del Govern, Silvia Paneque, no ha aclarado qué pasará en un futuro: "El operador que gestiona Cercanías es Renfe y debe seguir siendo Renfe", ha dicho. Desde la sede del PSC, la portavoz y número 2 del partido, Lluïsa Moret, lo matizó reconociendo que la fórmula pactada se enmarca en un "proceso progresivo". Es decir, que la situación no es definitiva y que prepara el terreno para el "cambio estructural" que supondrá que la Generalitat coja plenamente las riendas de la operadora. En cualquier caso, Paneque también ha defendido que el nuevo modelo garantiza que las decisiones sobre Cercanías "se tomarán desde Catalunya" y que suponen "un paso firme y decidido" hacia el traspaso.

La filial de Renfe deberá gestionar la línea 1 de Cercanías y, más adelante, las líneas 2 y 3, las primeras líneas donde está previsto que se empiece a desplegar el traspaso. Ni el Estado ni la Generalitat han aclarado en estos momentos a partir de qué momento será efectivo el pleno traspaso a la Generalitat de las diecinueve líneas que forman parte de Cercanías, ni de quién será finalmente la titularidad de las infraestructuras –sobre todo, de las vías–. En cualquier caso, durante la transición la nueva empresa mixta podrá aprovechar para tramitar las licencias de seguridad que reclama la Unión Europea. Fuentes republicanas aseguran que si ahora se creara una empresa autónoma que dependiera de la Generalitat sería muy difícil que las autorizaciones de circulación llegaran de inmediato de Europa. La operación podría suponer aún una ventaja temporal para la Generalitat: no debería asumir, de momento, la deuda de Renfe.

Juntos: "Es un cambio de nombre"

El acuerdo original entre PSOE y ERC recogía que el compromiso era "culminar y ampliar el traspaso integral" del Estado a la Generalitat a lo largo de la legislatura española, que termina en el 2027. ERC mantiene que no han renunciado a ello, pese a aceptar este periodo de gracia de dos años: "El traspaso queda íntegro", aseguró el presidente de la Generalitat. "En estos momentos, la Generalitat o la empresa pública que pueda gestionar los trenes no tiene los efectivos necesarios para poder garantizar que los trenes circulen", ha añadido la portavoz de ERC en el Parlament y ex consellera de Territori, Ester Capella, en Catalunya Ràdio. En los próximos días, los republicanos se reunirán con el ministerio y el Gobierno para hablar sobre la nueva empresa, que deberá estar culminada antes del 31 de diciembre de ese año.

Juntos discrepa. Para el portavoz y vicepresidente del partido, Josep Rius, el acuerdo entre sindicatos y Transportes es nada menos que el "certificado de defunción del traspaso de Cercanías". "El gobierno español nunca ha querido realizar un traspaso integral, sino un cambio de nombre", ha dicho este lunes en una rueda de prensa en la que ha anunciado que Junts se suma a las manifestaciones para defender un servicio de trenes "digno".

A las voces críticas con la posición de ERC se han sumado también este lunes los críticos de ERC, con Xavier Godàs al frente. "El traspaso de Cercanías significa la competencia, la financiación y el control de gestión. Punto. No puede ser que una ganancia tan importante en el control de competencias quede en suspenso bajo el pretexto de garantizar unos derechos laborales que la Generalitat es perfectamente capaz de garantizar", ha argumentado Godàs en un mensaje a X. De hecho, la propia Generalitat se había comprometido a mantener los derechos laborales. En torno a Nueva Izquierda Nacional todavía alertan de otra cosa: en ninguna parte está escrito que dentro de dos años, en el 2027, haya todavía en España un gobierno liderado por el PSOE.

Por su parte, los comunes han exigido al Govern nuevas medidas para hacer frente a la situación "insostenible" en Cercanías a raíz de las nuevas incidencias y enterrar proyectos como los Juegos Olímpicos de Invierno.