Eroski tendrá que indemnizar a Cifuentes con 30.000 euros por difundir el vídeo en el que robaba cremas
El juez considera que el supermercado ha vulnerado el derecho a la intimidad personal de la presidenta madrileña
MadridLa Audiencia Provincial de Madrid da la razón a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el supermercado Eroski la tendrá que indemnizar con 30.000 por haber permitido que se hiciera público el vídeo en el que salía robando cremas de este centro comercial. El juez considera que vulnera el derecho fundamental de la intimidad personal de Cifuentes porque se difundió una situación que considera "íntima y personal". Un derecho que el magistrado recuerda que está garantizado en el artículo 18 de la Constitución.
Cifuentes demandó a Cecosa Hipermercados, filial de Eroski, porque consideraba que se le habían vulnerado los derechos fundamentales por no haber custodiado y destruido la grabación. La expresidenta madrileña reclamaba a Eroski una indemnización de 450.000 euros, pero el juez lo ha reducido finalmente a 30.000. El magistrado considera, en este sentido, que no ha habido una intromisión en los derechos al honor y a la propia imagen de Cifuentes, sino "únicamente en el derecho a su intimidad personal". De este modo, cree que no se pueden tomar en consideración las "consecuencias económicas" derivadas de abandonar el "cargo y la proyección política" porque considera que la decisión de abandonar la presidencia de la Comunidad de Madrid también vino motivada por "otras circunstancias y situaciones".
En el vídeo se ve cómo Cifuentes entra en un almacén del supermercado y, con la ayuda de un vigilante de seguridad, se pone las cremas que ha cogido en el bolso para llevárselas sin pagar. Los hechos se produjeron el 5 de mayo de 2011, pero las imágenes se difundieron en 2018 y obligaron a la presidenta madrileña a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid. De hecho, el vídeo se hizo público justo en el momento en el que también se cuestionaba la legalidad del máster que habría hecho en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos entre los años 2011 y 2012. En este caso, Cifuentes quedó absuelta.
