La España democrática se acostumbra a espiar

BarcelonaEl Catalangate no es el primer caso de espionaje de la España postfranquista que involucra a los poderes del Estado. Hay como mínimo cinco precedentes y un patrón común: la mayoría han quedado impunes.

EL CESID

El 12 de junio de 1995 el diario El Mundo abría la caja de Pandera con una portada con el siguiente titular: “El CESID lleva más de 10 años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas”. Entre los espiados estaba el rey Juan Carlos I, el expresidente español Adolfo Suárez, el ministro José Barrionuevo y los periodistas más críticos con el PSOE, Luis María Ansón y Pedro J. Ramírez. Pocas horas después de destaparse el caso, dimitió el director del CESID -que ahora es el CNI-, el teniente general Emilio Alonso Manglano. También dimitieron el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Defensa, Julián García Vargas, que pocos días antes negaba el espionaje. La causa se archivó porque la juez entendió que “las escuchas fueron aleatorias, casuales y necesarias para proteger intereses vitales del Estado” y que se habían hecho en teléfonos móviles, lo que no era delito entre 1982 y 1989. Pero sí que se habían pinchado teléfonos fijos y la Audiencia de Madrid reabrió el caso, y Manglano y Juan Alberto Perote, exjefe de operaciones del CESID, fueron condenados, pero solo a 6 meses de arresto por un delito continuado de escuchas ilegales y a 8 años de inhabilitación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la sentencia por vulneración del derecho a la imparcialidad y el juicio se tuvo que repetir. Esta vez solo fue juzgado Perote, que fue condenado en 2005 a una pena todavía más suave: 4 meses de arresto y 6 años de inhabilitación.

HERRI BATASUNA

En 2005 el Gobierno de Zapatero concedió el indulto parcial al agente Mario Cantero, el único condenado por las escuchas que el CESID hizo a Herri Batasuna (HB), que no acabó entrando en prisión. El caso estalló cuando en 1998 unos técnicos de Telefónica descubrieron por casualidad que unos cables conectaban con el piso de encima de la sede abertzale vitoriana, donde residía Cantero. Los agentes del CESID que estaban en el inmueble se marcharon apresuradamente y se dejaron facturas de teléfonos y nóminas que demostraban el seguimiento. La Audiencia Provincial de Álava condenó a dos exdirectores del CESID, Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón, a tres años de prisión por este espionaje, como autores de un delito de “interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas” por haber consentido “espiar” a la sede abertzale entre finales de 1994 y marzo de 1998. Aun así, el Supremo los absolvió porque resolvió que no había una prueba directa de que los exdirectores del CESID estuvieran en el caso del espionaje y porque las condenas se dictaron sobre “conjeturas” de carácter “débil e indeterminado” y no sobre verdaderos indicios delictivos. En el auto, también validaba que se vigilara a HB por sus supuestos contactos con ETA. Los abertzales denunciaron vulneración de derechos políticos porque los abogados que defendieron su mesa nacional en el juicio que acabó con su encarcelamiento se reunieron en esta sede para preparar la defensa.

LA CAMARGA

El nombre de este caso de espionaje no lo da la región del sur de Francia, sino el restaurante del Eixample conocido por disponer de espacios reservados donde mantener conversaciones discretas. Pero el encuentro que tuvieron un mediodía de julio de 2010 la líder del PP catalán Alícia Sánchez Camacho y Victòria Álvarez -expareja de Jordi Pujol Ferrusola-, de reunión privada no tuvo nada. Un micrófono colocado en el jarrón de la mesa por la agencia de detectives Método 3 grabó la conversación con todos los detalles. Allí se podía escuchar a Álvarez explicando las presuntas corruptelas de la familia del expresidente y a Camacho animándola a cantar porque tenía un “fiscal de confianza” que ayudaría a hacer que todo acabara en sede judicial. El caso llegó a salpicar al Gobierno español, puesto que Álvarez tenía amistad con quien fue jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, que después se demostró que la animaba a hacer público todo lo que sabía. El Parlamento lo investigó, la justicia también, pero todo quedó archivado y nunca se supo del todo quién encargó la grabación. De hecho, se llegó a vincular con el caso al secretario de organización del PSC, José Zaragoza, que negó tener cualquier vínculo, pero a quien el asunto costó el puesto en la ejecutiva del PSOE. El director de Método 3, Francisco Marco, dijo que el encargo venía del “entorno” de la líder popular. Finalmente, Camacho llegó a un pacto con él para evitar llegar a juicio.

LA FISCALÍA LO AFINA

El caso sacudió la campaña electoral de las elecciones españolas de 2016 en Catalunya. El diario Público reveló las conversaciones de una reunión privada entre el ministro del Interior y candidato del PP catalán en aquellos comicios, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso. La idea que tenían era investigar a políticos independentistas para intentar fabricarles algún escándalo y así tratar de debilitar el Procés. Uno de los objetivos era Roger Junqueras, el hermano del presidente de ERC, y también consellers de Convergència como Felip Puig y Francesc Homs. De aquella grabación, hecha por el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información Enrique García Castaño -lo admitió él mismo años después-, se recuerda la frase del ministro asegurando que podían contar con ayuda judicial: “La fiscalía te lo afina”. También a De Alfonso proclamando: “Les hemos destrozado el sistema sanitario”, en referencia a Catalunya. La única consecuencia que tuvo aquel caso es que el Parlamento puso en marcha el procedimiento para cesar a De Alfonso, que, una vez destituido del cargo, volvió sin problemas a la carrera de juez. Su último destino conocido fue Cantabria. El día de las elecciones, cinco días después de estallar el escándalo, el Partido Popular consiguió mejorar los resultados respecto a los comicios anteriores, también en Catalunya. De cinco diputados pasó a seis.

VILLAREJO

Era el último gran caso conocido hasta el estallido del Catalangate y tiene como gran protagonista al excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, que tenía la costumbre de grabar todas sus conversas al más alto nivel. Después, cuando las cosas se le empezaron a complicar, empezó a filtrarlas según su conveniencia. La más famosa de las grabaciones es la de una reunión en Londres con la examante del rey emérito Corina Larsen en la que ella explicaba las comisiones cobradas por el exmonarca por las obras del AVE a la Meca -hechas por empresas españolas-. También revelaba que Juan Carlos I le había pedido que fuera su testaferro para sus fondos opacos en el extranjero. Una polémica que sacudió al Estado y que incluso puso en marcha una investigación judicial contra el exmonarca, que finalmente no llegó a ninguna parte. Pero la lista de espiados y de audios polémicos de Villarejo es tan larga que cuesta seguir el hilo e incluye escándalos que han salpicado tanto al PP como al PSOE. El propio Villarejo asegura que en su fonoteca hay audios que documentan al por menor la existencia de la Operación Catalunya -la guerra sucia contra el independentismo orquestada por las cloacas -, pero que ya no están a su disposición, sino a la del Estado. El excomisario sí que ha acabado ante la justicia con varios frentes abiertos. Solo por uno de ellos, el caso Tándem, la Fiscalía pide más de 100 años de prisión.