La exadministradora de la ILC acusa a Borràs de desoír sus avisos sobre los contratos irregulares

BarcelonaDespués de la confesión de Isaías Herrero y de los varios testigos acreditando la presentación de presupuestos falsos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), este miércoles ha habido otra comparecencia clave en el juicio a Laura Borràs: la declaración de la exadministradora de la ILC Assumpta Pagespetit. Encargada de la gestión de la entidad de la Generalitat de 2011 a 2016, ha declarado que avisó repetidamente a la líder de Junts de que no podía seguir adjudicando a dedo todos los trabajos relacionados con la página web de la ILC al empresario Isaías Herrero. "Estaba claro que todas las tareas las hacía él, a pesar de que [formalmente] adjudicábamos a diferentes empresas", ha resumido: "No me gustaba lo que estaba pasando [...]. No quería que continuaran las irregularidades". Es por eso que, ha explicado, recomendó unas cuantas veces a Borràs que hiciera la contratación de "manera diferente", a través de un procedimiento negociado.

Pagespetit ha detallado que incluso preparó un abanico de condiciones técnicas para sacarlo adelante, pero nunca se concretó: cuando lo planteaba, la líder de Junts insistía en que no se trataba de un proyecto global (la página web de la Institució), sino de conceptos diferentes -que decidía la misma Borràs- y que se podían seguir haciendo varias contrataciones menores no superiores a 18.000 euros sin IVA. La entonces directora de la ILC, ha dicho Pagespetit, dio el mismo argumento cuando el aviso vino de dos interventoras de la Generalitat, que en una reunión alertaron que el proceso utilizado podía infringir el marco legal.

Todos los presupuestos los enviaba Herrero

Además de esto, también ha dado detalles sobre cómo se produjeron todos estos procesos de contratación. Pagespetit ha explicado que cuando Borràs aterrizó en la Institució tenía un proyecto de "envergadura" para actualizar la entidad a escala digital y que, en este sentido, ya dijo antes de iniciar el proceso de contratación que conocía a una persona que lo podía hacer: Isaías Herrero. Incluso lo presentó a la ILC, cosa que Pagespetit ha admitido que le "extrañó" porque consideraba que el portal web lo podían desarrollar los informáticos del departamento de Cultura. Un extremo que la defensa de la presidenta del Parlament suspendida ha intentado rebatir: ha presentado a Herrero como a un especialista en literatura digital y, por lo tanto, el único que podía desarrollar estas tareas.

En todo caso, cuando empezó los expedientes la sorpresa de Pagespetit fue al comprobar que era el mismo Herrero quien enviaba también todas las ofertas requeridas para hacer contratación menor. Las suyas y también las de, supuestamente, otras empresas. "Eran de una única persona", ha afirmado, poniendo de manifiesto que un mismo empresario no podía enviar los presupuestos que tenían que presentar otras personas para dar cumplimiento a la concurrencia pública –tal como explicitaban las instrucciones del departamento de Cultura, a pesar de que no lo marcaba la ley–. A partir de aquí, la entonces administradora de la ILC pidió dejar de recibir esta documentación, que Borràs asignó a otro funcionario: Roger Espar. Un trabajador que fue investigado durante el procedimiento, pero contra el cual –después de colaborar– se han retirado los cargos.

Este segundo funcionario, a partir de mediados de 2014, asume la supervisión de la contratación porque Pagespetit se coge la baja. Durante su declaración, Espar ha confirmado también que Borràs se negó a hacer un procedimiento negociado y ha explicado dos episodios para denotar el interés de la presidenta del Parlament suspendida en los expedientes: ha dicho que en 2018, ya fuera de la Institució, le envió varios audios en los que, por un lado, le recriminaba que no le hubiera avisado de la comparecencia de los Mossos d'Esquadra en la Institució –requisaron información en noviembre – y, por el otro, que no se hubiera acabado de pagar una factura a Isaías Herrero.

La prueba de los correos

Una de las tesis de la defensa es que los correos que reflejan la coordinación entre Borràs y Herrero no son válidos como prueba porque los Mossos d'Esquadra, durante el registro en casa del empresario, no estaban autorizados explícitamente a obtenerlos. También considera que se rompió la cadena de custodia de esta prueba. Dos cuestiones que el abogado Gonzalo Boye ha intentado demostrar con el interrogatorio a una decena de agentes de la policía catalana.

Uno de los Mossos ha explicado que cuando registraron la casa de Herrero en diciembre de 2017 buscaban indicios de tráfico de drogas, falsificación de monedas y también ya de falsedad documental, porque en una conversación telefónica intervenida el investigado hablaba de unos "trapicheos" con la Institució de les Lletres Catalanes. Así, ha defendido que estaban habilitados para buscar información "física" o "electrónica" sobre la relación contractual de Herrero con la ILC. Para encontrar estos indicios, ha admitido que buscaron en el correo del empresario términos como "Laura Borràs", "Borràs", "Institució" o "18.000" euros. "¿Sabían que cuando hicieron esto esta señora era aforada?", ha preguntado enseguida Boye, mientras que el agente ha respondido que la policía no estaba investigando todavía a la entonces consejera, sino recogiendo información sobre la actividad bajo sospecha de Herrero.

La policía catalana pilotó la instrucción de la ILC hasta 2019, cuando la juez decidió apartarla del caso a raíz de unas declaraciones sobre la investigación que hizo Borràs en una entrevista. Tomó el relevo la Guardia Civil que, precisamente este jueves, comparecerá como testigo con cuatro agentes, además de los ex consejeros de Cultura Santi Vila y Ferran Mascarell.