La "fachosfera" y el estado de derecho

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El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso

MadridEntre otras ventajas, la vida democrática tiene la virtud de estimular la renovación del lenguaje. Aparecen situaciones insólitas, o sólo específicas, que reclaman un concepto nuevo, y los políticos, diligentes, corren a hacerse cargo del problema. El propio Perro Sanxe –apelativo surgido de la comparación con el perro que el pasado verano se hizo fuerte en una fuente de pueblo de la que no había forma de sacarlo– acaba de hacer otra aportación interesante, que le está dando mucho juego. Se trata de una nueva galaxia, donde presuntamente se reúnen todas las fuerzas del mal, dicha la "fachosfera". Es un invento muy bueno, porque se puede utilizar para generar sonrisas de complicidad en todo tipo de situaciones. La "fachosfera" puede tener una composición económica, política, profesional, o ahora mismo puede servir para describir un problema con los miembros de la carrera fiscal, por ejemplo. Y ciertamente el gobierno tiene un conflicto grave instalado en la Fiscalía, que tanto o más que un componente técnico-jurídico tiene naturaleza ideológica.

Sin embargo, Sánchez no necesita sufrir Los dos principios que pueden salvarlo de la ofensiva del frente conservador de la Fiscalía son los de unidad de criterio y dependencia jerárquica, es decir, todos los fiscales saben que el cuerpo al que pertenecen debe optar por una única tesis, cuando en el curso de un debate interno han surgido varias opciones, y también tienen unas reglas para dirimir las discrepancias. el caso de la causa de Tsunami Democrático, las diferencias surgidas entre los fiscales del Supremo –que votaron por doce a tres a favor de apreciar terrorismo en las protestas que organizó, y la existencia de responsabilidades directas por parte de Carles Puigdemont – las resolverá la número dos de la carrera. Estamos hablando de María Ángeles Sánchez-Conde, teniente fiscal del Supremo, al que conocí en los inicios de la década de los ochenta en el palacio de Justicia de Barcelona, en la sala de los pasos perdidos, paseando bajo las pinturas de Josep Maria Sert .

El precedente de Banca Catalana

Eran los años de la querella de Banca Catalana contra Jordi Pujol. Sánchez-Conde tenía recientemente aprobadas las oposiciones en la carrera. Y llegó a Barcelona prácticamente al tiempo que la también fiscal Carmen Tagle –asesinada por ETA en 1989, cuando ya era fiscal en la Audiencia Nacional, en el juzgado de Baltasar Garzón–, y en paralelo a la magistrada Margarita Robles, que ocupó una plaza en la Audiencia Provincial. Conservo el recuerdo de una entrevista con las tres, como representantes de las mujeres juristas –ahora mayoría en las últimas promociones– que se incorporaban a las carreras fiscal y judicial. Sánchez-Conde ya era entonces una fiscal progresista y discreta, en la órbita de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en la que también estaban Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, los dos fiscales que interrogaron a Pujol sobre Banca Catalana en la Casa de los Canónigos.

Cuento todo esto, no sólo por hacer memoria de vivencias personales, sino también por situar un poco las cosas, los antecedentes respecto a experiencias más cercanas, las que estamos pasando estos días. Y es que el poder político ha tenido a menudo problemas con la Fiscalía. Ahora el ingenioso de Pedro Sánchez ha colocado los tentáculos de la "fachosfera" por todas partes, también entre las togas, pero a lo largo de los años ha habido experiencias de todos colores. Los fiscales que abrieron una grieta en las relaciones entre el PSOE de Felipe González y la Convergencia de Jordi Pujol no eran alienígenas de la “fachosfera”. Pero su querella del caso Banca Catalana le creó muchos dolores de cabeza al gobierno socialista, que estaba en su primera legislatura, aunque con una comodísima y nunca más vista mayoría absoluta de 202 diputados de un total de 350. Era un paseo, vamos, como el que se hicieron por Madrid Mena y Villarejo consiguiendo –en parte gracias a la oportuna filtración que se produjo del contenido de su informe– que el entonces fiscal general, Luis Antonio Burón Barba, no pudiera parar la presentación de la querella preparada. Un fiscal amigo mío dice que en la cervecería Santa Bárbara, en la plaza del mismo nombre, podría haber una placa conmemorativa de la trascendental filtración, que tuvo lugar en este establecimiento a un histórico periodista de tribunales, Bonifacio de la Quadra, tristemente muerto el pasado verano. Para redondear la historia cabe recordar que el voto de Margarita Robles fue uno de los ocho que en el pleno de la Audiencia se manifestaron por la imputación de Pujol.

El aparato del Estado

Han pasado cuarenta años y ahora la historia se repite, con aspectos distintos. Algunos muy distintos. También ha habido una filtración que perjudica no a un presidente, sino a un expresidente de la Generalitat. Y no han sido la izquierda de las carreras judicial y fiscal las que lo han activado. Ahora es el mundo al revés. Es la “fachosfera” de la Fiscalía –dice el gobierno– la que no habiendo logrado sentar a Puigdemont en el banquillo en la causa del Proceso, intenta que no escape de la relativa a Tsunami Democrático. Habrá que reconocer que tenían razón los magistrados del Constitucional cuando en la sentencia del Estatut protegieron la organización estatal de la justicia y sus cuerpos de jueces y fiscales. Cuando se habla del aparato del Estado no se piensa lo suficiente en la relevancia de esta rama, del poder judicial y de la Fiscalía. Pero se vuelve a demostrar. Un fiscal que estaba lejos ideológicamente de Mena y Villarejo, Alejandro del Toro, solía decir que "con el papel de oficio se pueden mover montes". Lo estamos comprobando.

La diferencia fundamental respecto hace cuarenta años es que entonces había un gobierno sólido, que dominaba el Parlamento, y un país todavía ilusionado con el cambio democrático. Ahora existe un gobierno débil por su debilidad parlamentaria. Por eso nos ha caído encima la "fachosfera", y por eso un grupito de diputados –los de Podemos, por ejemplo, no hace falta que sean los independentistas– puede crear una inestabilidad permanente, al menos hasta las próximas elecciones. Ahora bien, tranquilos, que el estado de derecho no peligra - Mientras exista una organización de jueces y fiscales alineados en cuerpos estatales, la pervivencia del aparato del Estado prácticamente puede prescindir de otras estructuras funcionariales para garantizar la unidad del país.

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