De la financiación de los partidos a la mili: cuando el Congreso legisla desde fuera del consejo de ministros

MadridLa principal función del Congreso de los Diputados –junto al Senado– es elaborar, tramitar y aprobar las leyes. Lo habitual es que las que acaban publicándose en el Boletín Oficial del Estado provengan del gobierno español, que impulsa a menudo desde el consejo de ministros y tiene el reto posterior de encontrar los votos para conseguir que reciban luz verde. En cambio, es muy poco frecuente que los grupos parlamentarios logren imprimir su propio sello en el BOE. La votación de ayer por aprobar la ley contra la multirreincidencia de Junts es una rara ancianos en los últimos años: no se veía desde 2018 y no había pasado todavía esta legislatura. Ahora bien, esto había llegado a ser común. Desde 2011, es un fenómeno que costaba ver –tres veces con Mariano Rajoy en la Moncloa, ya sin mayoría absoluta, y dos veces con Pedro Sánchez–, pero previamente los presidentes españoles habían llegado a acuerdos con los grupos para dar luz verde a sus propuestas legislativas. En total, 67 leyes.

Entre el 2004 y el 2011, se aprobaron veinte con José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la presidencia de José María Aznar, fueron dieciséis –especialmente cuando carecía de mayoría absoluta–. Y con Felipe González la cifra había sido de 28. En todo ese tiempo, los principales protagonistas fueron CiU –con veinte en total– y Izquierda Unida –con quince–. Aunque, desde la oposición, el PP –doce– y el PSOE –diez– también contribuyeron a ello. Lejos de estas cifras quedan las tres del PNV, las dos de ERC y las que aprobaron Ciutadans y el PDeCAT. ¿De qué iban las leyes?

El color político y los temas

En 25 años, de 1983 a 2011, Convergència i Unió aprobó veinte leyes, siendo el partido que legisló más desde fuera del gobierno español. Las materias fueron variadas. En 1998, antes de que la mili dejara de ser obligatoria, reconoció el derecho a negarse a prestar el servicio militar por parte de los objetores de conciencia, que quedaban exentos y, a cambio, debían cumplir una prestación social. CiU también impulsó que la justicia española pudiera perseguir la mutilación genital femenina cometida fuera del Estado por residentes en España y porqué todos los alcaldes pudieran hacer bodas.

En 1992, Girona y Lleida dejaron de ser Gerona y Lérida por una ley de CiU y otra norma propició que las aseguradoras pudieran firmar en catalán. Al igual que en 1999 Izquierda Unida del País Valenciano introdujo los topónimos en valenciano de Alicante, Castellón y Valencia y en 2011 el PNV lo consiguió con las tres provincias vascas. En clave económica, Convergència impulsó leyes para ampliar el permiso de paternidad por nacimiento de los trece días a las cuatro semanas –ahora son 16 para ambos progenitores–, por compatibilizar las pensiones no contributivas de invalidez con el trabajo remunerado y por luchar contra la morosidad en operaciones comerciales. Y hace ocho años Democracia y Libertad –la marca del PDECat– dio luz verde a una ley sobre empleos ilegales. Hoy en día, Junts espera que el PSOE descongele la ley que presentó hace meses en esta materia.

ERC regula la financiación de los partidos

Por su parte, Esquerra Republicana ha conseguido que se aprobaran dos de sus leyes. En 2007 impulsó la actual ley sobre financiación de los partidos políticos. Entre otras cosas, prohibió las donaciones anónimas y limitó a 30.000 euros anuales las donaciones procedentes de una misma persona –ahora el umbral ha aumentado en los 50.000 euros. La otra ley con sello de ERC fue la creación de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales para "aportar transparencia" a la ejecución de los presupuestos generales del Estado. Esta legislatura, los republicanos han presentado, entre otros, una ley para que jugar en la selección española no sea obligatorio. Y negocian con el PSOE la norma para que Catalunya recaude el 100% del IRPF, por ahora varada por Hacienda.

Periodistas, droga, discapacidades y familias numerosas

También ha habido leyes de partidos estatales que, pese a no formar parte del consejo de ministros, han recibido luz verde. Seis ejemplos. En 2017 el PSOE consiguió eliminar la posibilidad de aprobar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE por mayoría absoluta. Lo había introducido Mariano Rajoy y volvió a recuperarlo Pedro Sánchez hace un año. Y en 2003 había pasado del 3% al 5% la cuota que debía reservarse para gente con discapacidad en las ofertas de empleo público.

El PP obligó los jueces a destruir inmediatamente las drogas tóxicas o los estupefacientes que se decomisaran, tipificó la apología de los delitos de genocidio e introdujo un agravante en los delitos contra las personas y el patrimonio si la motivación era racista o antisemita. Por último, Izquierda Unida reguló la cláusula de conciencia de los periodistas para permitirles negarse a escribir noticias "contrarias a los principios éticos de la comunicación" y amplió el concepto de familia numerosa a las que tuvieran dos hijos y uno de ellos fuese "minusválido o incapacidad para el trabajo".