El fiscal general del Estado toma aire
MadridAl fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le ha pasado lo mejor que le podía pasar. Ha ganado –justito, pero ha ganado– la votación de la Junta de Fiscales de Sala –los de mayor categoría de la carrera–, y ya puede tomar aire y defender sin demasiados complejos ante el Supremo su tesis de que el delito de malversación también se puede beneficiar de la ley de amnistía. Los cuatro fiscales que habían llevado todas las actuaciones desde la presentación de la querella por rebelión contra los líderes independentistas querían sostener que ese delito no podía quedar incluido en la citada ley. Pero esta opción ha quedado derrotada por 19 votos (contando el suyo) a 17 y una abstención. No era imprescindible que el criterio del fiscal general ganara, porque la Junta en cuestión es un órgano consultivo. García Ortiz habría impuesto igualmente su tesis, en uso de las facultades que tiene atribuidas. Pero obviamente es mejor ganar una votación, incluso de forma ajustada, que perderla, aunque también sea por escaso margen. Ahora bien, para el fiscal general lo interesante, por sus consecuencias, es el efecto secundario de los debates en la Fiscalía. El primero de estos efectos es que los cuatro fiscales que contradijeron sus instrucciones –negándose a aplicarlas– quedan apartados del caso, y no por ningún tipo de castigo o reprobación, que no están, sino por propia voluntad.
Estos cuatro fiscales –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– ya habían anunciado que en ningún caso defenderían la procedencia de aplicar la ley de amnistía al delito de malversación, por el que fueron condenados por el Supremo Oriol Junqueras y Jordi Turull, entre otros. Una negativa que también afectaría a Carles Puigdemont, que no ha sido juzgado. Cabe recordar que el tribunal de Schleswig-Holstein aceptó la entrega del ex president de la Generalitat solo por el delito de malversación cuando fue detenido en Alemania, en marzo de 2018. Por lo tanto, la inaplicación de la amnistía está claro que le afectaría. El problema, si el Supremo va por ese camino, ya no será imputable a la Fiscalía del Estado. Difícilmente los partidos independentistas podrán reaccionar contra el gobierno de Pedro Sánchez si hay dificultades para un pleno desarrollo de la ley. Ya ha quedado muy claro que las decisiones y puntos de vista del gobierno de coalición del PSOE y Sumar generan escaso, muy escaso apoyo en el seno del poder judicial.
No se acaba nada
La Fiscalía General explicó que el debate en la Junta de Fiscales había sido "de carácter estrictamente jurídico". Es de una infinita ingenuidad. Cuesta imaginar una discusión sobre una ley de amnistía ajena a toda consideración política. Los cuatro fiscales enfrentados al fiscal general del Estado ya se opusieron a los indultos. Y el propio fiscal general les reprochó la orientación política de sus posiciones. Ahora serán sustituidos por Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, y Joaquín Sánchez-Covisa, uno de los fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Supremo, que apoyó la tesis de que en el caso Tsunami no había delitos de terrorismo. Ambos votaron ayer junto al fiscal general y defenderán que debe aplicarse la amnistía al delito de malversación. Pero aquí no acaba nada. Muy probablemente, los jueces lo consultarán primero a la justicia europea.
