Política 04/09/2021

Juan Carlos I estalla contra la Fiscalía por las sospechas de corrupción

El fiscal ve indicios de que el emérito era un comisionista internacional y le atribuye cuatro delitos

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El rey Joan Carles I, en una foto de archivo, antes de exiliarse en los Emiratos Árabes Unidos

BarcelonaEl día que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entregaba la memoria anual del ministerio público a Felipe VI, se ha vivido un nuevo capítulo del serial judicial de Juan Carlos I. Las sospechas de corrupción por parte del teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, reveladas con frases literales para El Mundo, han enfurecido a la defensa del rey emérito, que ha cargado contra la institución por "conculcar la presunción de inocencia". Las nuevas informaciones acabarán con toda probabilidad en un nuevo intento frustrado en el Congreso para investigar las actividades turbias del anterior monarca.

El mencionado diario ha publicado parte del contenido de una comisión rogatoria que el fiscal Campos, que lidera las diligencias de investigación sobre el emérito, envió el 24 de febrero a Suiza. En esta comisión pedía toda la información sobre las cuentas vinculados a la fundación Zagatka, creada por su primo Álvaro de Orleans y de la que era primer beneficiario, los bancos Credit Suisse y Lombard Odier entre 2016 y 2019. En la comunicación, el fiscal asegura que "elementos indiciarios que los fondos objeto de investigación" tienen una procedencia ilícita, y señala posibles delitos de "blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, fraude y tráfico de influencias".

La Fiscalía del Supremo indaga la fortuna de Juan Carlos I en paraísos fiscales, tanto su origen como la ocultación a la Hacienda española. Campos destaca en el escrito enviado a la Oficina Federal de Justicia de Suiza que tiene indicios de que el emérito cobró "comisiones y otras prestaciones" similares a través de su "intermediación en negocios empresariales internacionales". Tanto en España como en Suiza, se investiga el presunto cobro de 65 millones de euros como comisión por la adjudicación en 2008 de las obras del AVE a la Meca a empresas españolas. En las diligencias 40/2020, el fiscal español indaga posibles "hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y / o posesión de fondo", detalla el emisor, que quiere conocer la "procedencia" de los fondos y la "participación" de Juan Carlos I en operaciones con este dinero.

La Fiscalía puntualiza

La publicación ha obligado a la Fiscalía del Supremo a hacer una puntualización. Ha emitido un comunicado en el que advierte que la comisión rogatoria no era ninguna "dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal". Eso sí, admite que para la petición de cooperación internacional Campos debía "detallar todos los indicios de criminalidad disponibles". "Será precisamente el contenido de la respuesta que dé la autoridad requerida a la correspondiente comisión rogatoria la que en su momento permitirá al fiscal confirmar o descartar estos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación", señalaba la nota.

A pesar del matiz, la defensa de Juan Carlos I ha reaccionado con un duro comunicado contra el ministerio público. "Se trasladan unas valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a S.M. el Rey D. Juan Carlos, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía desde hace más de un año", critica. Además, el abogado Javier Sánchez-Junco sostiene que las "graves afirmaciones e imputaciones de conductas" de la información publicada no tienen "ningún fundamento y les falta la más mínima justificación, y están contradichas por otros hechos sobre los que no se dice nada".

Dos regularizaciones a Hacienda

La comisión rogatoria de Campos estuvo secundada pocas horas después, el 25 de febrero, por una regularización en Hacienda por valor de 4,4 millones de euros por parte de los servicios jurídicos de Juan Carlos I. En un comunicado, aseguraban que era una declaración voluntaria y que no había ningún requerimiento previo de la Agencia Tributaria. Se pasaban a regularizar "rentas derivadas de la asunción, por parte de la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados" por el emérito durante años posteriores a su abdicación, en junio de 2014. Correspondía abonar el IRPF los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2019 y se hizo con dinero de empresarios amigos del monarca. En declaraciones a Europa Press, este viernes el presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, ha pedido al ministerio público que aclare si notificó a Juan Carlos la apertura de diligencias de investigación antes de que él llevara a cabo la regularización de sus fondos en el extranjero.

Antes, en diciembre de 2020, el antiguo jefe del Estado se actualizó con el fisco español abonando 678.000 euros. Esta regularización estaba vinculada al uso de tarjetas opacas por parte de varios miembros de la familia real los años 2016, 2017 y 2018. El origen del dinero serían donaciones del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a cuentas bancarias de Nicolás Murga, que fue coronel del ejército del aire y ayudante de Juan Carlos. Concretamente, Campos comunica a Suiza que el Sepblac había detectado seis transferencias entre 2017 y 2018. El diario El Periódico publicó en diciembre pasado que la Fiscalía había informado al monarca de las diligencias abiertas contra él antes de que procediera a la primera regularización.

Desde que Juan Carlos reconoció el fraude a la hacienda pública, la Agencia Tributaria está inspeccionando que los intentos del emérito de ponerse al día sean veraces y completos. Por ello, tal y como ha publicado El País, envió dos requerimientos a la Casa del Rey para que facilite todos los pagos que ha hecho a Juan Carlos I desde junio de 2014 hasta el 2018. Según el medio, los funcionarios de la Zarzuela ya respondieron a la petición. El objetivo es comprobar si las entradas y salidas de dinero de la cuenta del rey emérito coinciden con lo que percibía como sueldo proveniente de los presupuestos generales del Estado. Compromís ya ha anunciado que presentará una nueva comisión de investigación en el Congreso.

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