La Fiscalía Anticorrupción implica a Rajoy en la Kitchen
Para el juez García-Castellón el PP es una “inaceptable línea roja”
MadridMariano Rajoy ha dejado de ser invisible para la Fiscalía Anticorrupción. Nunca en sus escritos en los múltiples casos de corrupción del Partido Popular, dirigidos a jueces instructores o magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción había apuntado directamente al presidente del gobierno.
Ahora lo ha hecho el día de apertura del año judicial. Mientras la atención se centraba en la ceremonia que presidía Felipe VI en el Tribunal Supremo, los fiscales entregaban su recurso de apelación contra el cierre de la investigación del caso Kitchen decretado el pasado mes de julio por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castelló.
El juez procesó al exministro Jorge Fernández Díaz y a su número dos, Francisco Martínez, junto con otros siete mandos policiales, al convertir las diligencias previas en procedimiento abreviado, y al tiempo decretó el archivo de la causa para la secretaria general del partido en el momento de los hechos, Maria Dolores de Cospedal, y su esposo, Ignacio López del Hierro.
La Fiscalía Anticorrupción ya anunció en julio que recurriría el auto del juez y lo ha hecho un día antes, el lunes 6 de septiembre, del vencimiento del plazo para presentarlo. De modo que, según fuentes judiciales consultadas por el ARA, ha sido una decisión “muy meditada” y “revisada”.
La conclusión de la Fiscalía es que el juez García-Castellón no quería implicar al PP pese a los indicios existentes y cerró la causa cuando era evidente la necesidad de seguir investigando la participación del partido en la operación Kitchen, que, según el juez, consistió en “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla del proceso judicial en curso”.
En realidad, el objetivo de la operación ilícita era impedir que el entonces juez instructor de la causa de los papeles de Bárcenas, el magistrado Pablo Ruz, conociera el material, lo que supuso, dado que García-Castellón considera materializada la operación, que se obstaculizó la actuación de la justicia.
Pero lo que consistió entonces en obstaculizar la investigación habría vuelto a repetirse en las diligencias del juez García-Castellón para aclarar los hechos ocurridos. Por ejemplo, la investigación de los teléfonos que, según declaró el comisario José Manuel Villarejo, él usaba para informar directamente a Rajoy sobre la marcha de la operación.
Uno de esos aparatos, según las pesquisas, pertenecía al PP. Por ello, la Fiscalía pidió al juez García-Castellón que compareciese en el juzgado el abogado del PP para declarar a quién pertenecía el teléfono. El juez instructor desestimó la diligencia.
“Lo que parece es que ese paso no se quiere dar, hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”.
¿Prevaricación al considerar al PP como la línea roja que no se podía cruzar en la Kitchen? Una manera de llevar las diligencias que desembocó en cargar todo el peso en Fernández Díaz y Martínez –¡ya amortizados; elemental, querido Watson!– y los policías y exonerar a los políticos. María Dolores de Cospedal, sí. Ya dijimos en el ARA que al imputar a María Dolores de Cospedal el juez, paradójicamente, avanzaba su exoneración. Pero también al director de policía Ignacio Cosidó, a quien el juez no llamó a declarar en tres años de investigación, ni en calidad de testigo ni de imputado. ¡Y cuando lo solicitó la Fiscalía, aconsejó a los fiscales que pidiesen su declaración como testigo en el juicio oral, según consta en su auto de cierre!
Una operación policial “no política” -es lo que sostiene García-Castellón- sin participación alguna del director de la policía, a la sazón, alto cargo del PP. Pero, además de señalar los indicios para sentar en el banquillo a Cospedal (que según el juez suponen “criminalizar el derecho de reunión” entre Cospedal, López del Hierro y Villarejo), la Fiscalía aborda el tema de Rajoy.
El hecho de que la operación Kitchen se ejecutase “con conocimiento y protección” de Fernández Díaz y de Martínez “no implica que las posibles responsabilidades fuera de este ámbito, en concreto, el presidente del gobierno [Rajoy] y de los dirigentes del PP no constituyan el objeto del procedimiento”, señala el recurso. Y ya habla de pruebas. “Además no es la primera ocasión en que en el curso de las actuaciones surgen elementos que concluirían en una posible responsabilidad del presidente del gobierno [Rajoy]”. Los fiscales recuerdan aquí que al examinar los audios de Villarejo, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía identificó de manera preliminar a Rajoy como El Asturiano.
El recurso sostiene que existen diligencias pendientes -entre ellas la denegada citación de Cosidó- y el cobro de fondos reservados por parte de colaboradores en la operación, aparte del chófer de Bárcenas y de su mujer, Rosalía Iglesias. Los fiscales, empero, no examinan la situación procesal del coronel de la guardia civil Diego Pérez de los Cobos, que autorizó el pago de fondos reservados para financiar la operación y declaró haber permitido el abono sin saber qué pagaba.
Al recurso de la Fiscalía se unen recursos contra el cierre de la instrucción de la abogacía del Estado, dos acusaciones populares. Fernández Díaz y Martínez han recurrido en reforma ante el propio juez.
La sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional es la encargada de resolver los recursos de apelación, una sección que ya ha propinado fuertes varapalos a algunas de sus resoluciones.