La Fiscalía se opone al indulto para los presos políticos

El ministerio público avisa de que los "acuerdos políticos" no pueden ser un motivo para concederlo

Ot Serra
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Els fiscals Javier Zaragoza (e) i Fidel Cadena (d) durant la primera sessió del judici al Procés

MadridLa Fiscalía ya ha enviado al Tribunal Supremo su informe contrario a la concesión del indulto, tanto total como parcial, para los doce condenados por el 1-O. Sin sorpresas, el ministerio público opina que el gobierno español no tendría que perdonar a los líderes del Procés porque, dice, no han mostrado signos de arrepentimiento, las penas son muy altas y no han cumplido la mitad de la condena. Además, avisa de que las circunstancias que motiven el indulto no pueden ser de "tipo político o derivadas de un acuerdo político", tal como sospecha la derecha, que en las últimas semanas ha especulado que la contrapartida real del apoyo de ERC a los presupuestos del Estado sería un gesto con los presos. La sala segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena, tendrá que elaborar el dictamen que enviará al ministerio de Justicia, que es quien toma la decisión definitiva.

El posicionamiento de la Fiscalía y del tribunal sentenciador es preceptivo pero no vinculante, si bien en los últimos años ha marcado las decisiones que ha acabado adoptando el consejo de ministros. Así, el movimiento del ministerio público, aunque sea contrario a la concesión, es un paso más en la vía del indulto como posible solución para liberar a los presos. Ahora falta que el Supremo recoja la opinión de todas las partes –también de la Abogacía del Estado–, haga el informe y la pelota vuelva al tejado del ejecutivo. Habrá que ver el tiempo que se toma Marchena y si da margen al gobierno español a tomar una decisión antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Ya ha tardado a trasladar los expedientes a la Fiscalía y es previsible que ahora deje pasar las vacaciones de Navidad antes de resolver el trámite.

La ley del indulto requiere que se den razones de "justicia, equidad y utilidad" para otorgar la medida de gracia y, según la Fiscalía, no se dan en el caso de los presos independentistas. En el escrito, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena subrayan que los implicados no han mostrado arrepentimiento, que es uno de los elementos que el artículo 25 de la ley del indulto especifica que hay que tener en cuenta en la evaluación del caso. "Lo volveremos a hacer" es una de las frases que el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, dijo en su último turno de palabra durante el juicio y que suele repetir.

Los fiscales también incorporan entre sus argumentos el hecho de que las penas sean muy altas –de hasta 13 años de prisión en el caso del líder de Esquerra, Oriol Junqueras– y de que nadie haya cumplido todavía la mitad. Algunos de ellos sí que ya han logrado superar una cuarta parte, como es el caso de Cuixart y el ex líder de la Assamblea Jordi Sànchez, el ex conseller de Interior Joaquim Forn y el ex conseller de Territori Josep Rull, atendido el tiempo que pasaron en prisión preventiva y porque no fueron condenados por malversación.

Fiscalía y Supremo, alineados contra la liberación

Si la Fiscalía y el tribunal presidido por Marchena difirieron en su valoración de los hechos durante el juicio –la sedición se impuso a la rebelión–, después han mantenido el mismo criterio para todas las vías que los presos han intentado para quedar en libertad. Hasta ahora el Supremo ha calcado los argumentos de la Fiscalía para rechazar los permisos penitenciarios previstos en el artículo 100.2 del reglamento y el tercer grado, que hizo volver a los nueve condenados con penas de prisión a no salir. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consellera de Treball Dolors Bassa todavía disfrutaban del tercer grado a la espera de la decisión final del Supremo, que lo revocó el 4 de diciembre pasado.

Ahora el Supremo todavía tiene que expresar su criterio sobre el indulto, pero es esperable que también se posicione en contra. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apuntó en una entrevista hace unos días a El País que era "excepcional" dar indultos con los informes contrarios del tribunal sentenciador y la Fiscalía, pero que había casos. Habrá que ver si esta vía sirve a los presos para salir en libertad, mientras la de la reforma de la sedición continúa en la nevera. Este lunes Campo volvió a demostrar que no tenía ninguna prisa para llevar la reforma del Código Penal al consejo de ministros durante su comparecencia en la comisión de justicia del Congreso. La vía de la amnistía, que es la que defienden los partidos independentistas, no es casi ni una opción por la falta de apoyo del resto de formaciones políticas.

Els informes de la Fiscalia contraris a la concessió de l'indult per als dotze presos polítics
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